FACUA rechaza el TTIP por pretender eliminar la protección de los consumidores y derechos ciudadanos
Los documentos filtrados de la negociación entre EE UU y la UE confirman que con la excusa de un acuerdo de comercio se rebajarán estándares y se restará soberanía a los gobiernos locales y nacionales.
FACUA-Consumidores en Acción vuelve a mostrar su más rotundo rechazo al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), que negocian en secreto la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE UU) desde 2013 que, con la excusa de alcanzar una zona común de libre comercio, pretende eliminar la protección de los derechos de los consumidores y mermar los derechos de los ciudadanos.
La asociación considera que los documentos filtrados hechos públicos por Greenpeace de la última ronda de negociaciones entre las dos partes confirman que el modelo de acuerdo buscado incluye una rebaja sin precedentes en los estándares para los productos comercializados, además de una disminución de la capacidad de los órganos legislativos de los países (locales, regionales y nacionales) para proteger los intereses de la ciudadanía.
FACUA insiste en que el TTIP, que además se negocia en secreto entre las partes, no busca beneficiar a la población, sino que tiene como objetivo impulsar la actividad de las grandes multinacionales a través de una menor regulación y con más poder para incluso demandar a los Gobiernos que tomen medidas que ellas consideren que dificulta su beneficio económico.
La asociación considera escandaloso que las partes que negocian el TTIP, esto es, la Comisión Europea y el Gobierno de EE UU, valoren que las garantías y protección de los derechos de los usuarios y el medio ambiente son trabas al comercio y no elementos esenciales para asegurar el bienestar de la ciudadanía.
Productos con menos calidad y garantías
Con la excusa de eliminar trabas para el comercio, EE UU quiere que la UE permita una rebaja en las certificaciones que se dan a los productos para ser comercializados. Esto significaría que, por ejemplo, las empresas que venden cosméticos no estén obligadas a demostrar que sus productos no producen alergias.
Así ocurre con la alimentación. EE UU quiere eliminar el principio de precaución, que recoge que cualquier sustancia sospechosa de ser tóxica no puede salir al mercado hasta que la empresa demuestre su inocuidad. Este principio está recogido en el propio Tratado de la UE, pero EE UU quiere imponer un enfoque basado en el riesgo, que contemple la gestión de las sustancias peligrosas y que impida a los legisladores tomar medidas preventivas.
También trabajan para que desaparezca el origen del producto en el etiquetado, y sustancias químicas prohibidas en la UE como determinados pesticidas, la carne de vacuno tratada con hormonas, etc. Es especialmente relevante la obligatoriedad de indicar en el etiquetado la presencia de Organismos Genéticamente Modificados (transgénicos), que EE UU pretende eliminar.
En otro sector sensible, como es el de los fármacos, EE UU quiere rebajar las normas de las patentes y los estándares de calidad necesarios para aprobar definitivamente el uso de determinadas medicinas, dificultar el acceso a los medicamentos genéricos, limitar la transparencia de los ensayos clínicos, etc. FACUA recuerda que esto redundará en medicamentos más caros, más inseguros y de los que habrá menos información.
Pérdida de soberanía
El documento filtrado recoge que no se permitirán nuevas regulaciones si no es estrictamente necesario y no sin antes llevar a cabo un estudio de coste-beneficio. FACUA considera un escándalo que se permita que los intereses de las grandes multinacionales queden así colocados en el centro de las decisiones políticas, que deben ir encaminadas a proteger los derechos de la ciudadanía y buscar su bienestar.
Además de esto, ha trascendido que el TTIP será vinculante en todos los niveles de la Administración, esto es, limitará a los Gobiernos locales, autonómicos y nacionales que decidan de manera soberana tomar medidas en virtud de la protección de la ciudadanía. FACUA considera preocupante que si este tratado llega a entrar en vigor, los Estados dejen de tener poder para modificar o aprobar leyes que protejan los legítimos intereses de los ciudadanos si contradicen lo estipulado por el mismo.
El TTIP contempla también la creación de un tribunal de arbitraje ajeno a los sistemas judiciales estatales, para resolver disputas entre las empresas y los Estados. Esto significa que las grandes empresas tendrán derecho a denunciar a los Estados que aprueben legislaciones que perjudiquen a sus intereses y estos se enfrentarían a pagar multas millonarias por leyes aprobadas o cualquier proyecto de ley que esté tramitando y no retire.
Negociación en secreto y con consultas a las grandes empresas
FACUA se opone, además, a la manera en la que se negocia el TTIP, en el más absoluto secreto y sin incluir a los grupos de interés y representantes de la sociedad civil. De los documentos filtrados por Greenpeace se conoce que hay constantes consultas a las grandes multinacionales sobre las medidas que se pretenden adoptar, hasta el punto de admitir que muchas decisiones no se pueden tomar sin consultar antes con la industria.
Sin embargo, el Acuerdo se ha ocultado sistemática y deliberadamente a la ciudadanía e incluso a sus representantes en el Parlamento europeo, quienes hasta ahora sólo han podido acceder a los documentos de negociación bajo la promesa de no divulgar su contenido y en habitaciones prácticamente selladas para impedir su filtración.
La asociación exige transparencia y apertura para un proceso que pretende establecer normas que afectarán a la ciudadanía de manera directa en su vida diaria.
FACUA reclama, además, a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales del 26 de junio que muestren su rechazo al TTIP y defiendan los derechos de la ciudadanía frente a los intereses de las grandes multinacionales.