10 diciembre 2024

El 92% de los españoles emigrados no votarán

Unos 155.000 emigrados, el 8%, han pedido el voto rogado de los casi dos millones de inscritos en el censo de residentes ausentes. De ellos es previsible que no acaben votando todos, como ha ocurrido en pasadas elecciones como el 20D, cuando al final ejerció su derecho un 4,7%

La Oficina del Censo Electoral contabiliza 7.000 reclamaciones de residentes en el extranjero, casi el doble de las 3.600 que registra de residentes en España.

El mecanismo del voto rogado sigue provocando estragos en la participación de los emigrados en las elecciones. Una vez cerrado el plazo para solicitarlo, solo un 8% lo ha pedido. Son unos 155.000 españoles en el extranjero del 1.927.000 de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según la Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística, que ha publicado los datos provisionales.

La cifra es la misma que en los pasados comicios del 20 de diciembre, cuando solicitaron el voto por correo desde el exterior 151.000 emigrados del total de inscritos. En esa ocasión, estaban llamados a las urnas 1.875.272 electores. Desde la introducción del voto rogado, tras la reforma de la ley electoral pactada por PSOE, PP, CIU y PNV en 2011, la participación de los emigrados no ha dejado de descender. 

«Un ruego del 8%, de nuevo, es una cifra antidemocrática para cualquier proceso electoral que se diga limpio y sin incidencias, como se dirá del 26J», afirma María Almena, una de las portavoces de Marea Granate, que agrupa a españoles en el extranjero. En su opinión el dato evidencia que tras la mínima participación del 20D, «el Gobierno no ha habilitado ninguna medida para ayudarnos» y demuestra «la nula voluntad política de facilitar el voto exterior», apunta.

De 1989, primer año desde el que se disponen de datos desagregados, a 2008, la cifra de españoles residentes en el extranjero que participó en unas generales se movió entre el 20,6% y el 36%. Pero una vez puesto en marcha el nuevo mecanismo, cayó en picado. En 2011 rogó el voto un 9,3% y el 20D un 8%, sin embargo las cifras no se corresponden con el 4,95% y el 4,7% de emigrados que, respectivamente, votó finalmente.

Es decir, no todas las personas que ruegan el voto acaban por ejercer su derecho. Lejos de ser una cuestión de falta de voluntad, Marea Granate asegura en base a los cientos de testimonios que recibe, que muchas de ellas nunca reciben las papeletas o lo hacen tarde. De hecho, un 36,9% de los residentes en el extranjero que no votaron en los anteriores comicios esgrimen este motivo, según el colectivo. A casa de Rubén Hornillo, que vive en Los Ángeles, la documentación llegó el 7 de febrero, más de un mes después de la celebración de las elecciones. Pero los casos son muchos.

El doble de reclamaciones

En vista de los antecedentes, Marea Granate asegura que el número de personas que participará el 26J será parecido a las anteriores. «Es algo intolerable y evidencia las enormes limitaciones de este sistema, que ya se conocían porque era el mismo protocolo que tenía el voto exterior municipal antes», Almena. En esta ocasión se han encontrado con irregularidades similares a las de otras veces.

«Hay muchos problemas en los envíos: sin papeletas o en los que falta algún sobre», dice la portavoz. De momento, la Oficina del Censo Electoral contabiliza 7.000 reclamaciones de españoles residentes en el extranjero durante el proceso de solicitud del voto. Casi el doble de las 3.600 que ha registrado del voto por correo de españoles residentes en España, a pesar de la diferencia numérica de un censo y otro.

Pero además, la inscripción como residentes para poder votar ha conllevado que muchos hayan tenido que elegir entre hacerlo o mantener su tarjeta sanitaria. Esto ha ocurrido porque aquellos que se registraron en las municipales y autonómicas de 2015 como no residentes han visto caducar su inscripción y solo les ha quedado la opción de hacerlo como permanentes, perdiendo de esta forma la tarjeta sanitaria europea después de que el Gobierno estableciera que no se expide a los mayores de 26 años sin contrato indefinido que salgan del país más de 90 días.

Los problemas se suman a otros como el cierre de los censos sin previo aviso, la falta de transparencia e información institucional, la estrechez de horarios y las distancias que algunas personas tienen que recorrer para acudir a los consulados, con el consiguiente gasto que emplean para ello. Un informe elaborado por Marea Granate tras el 20D incluyó una encuesta en la que las personas que no habían podido votar enumeraban las causas. Entre otras, nombraron «problemas en el registro consular» o «desconocimiento del proceso».

Del voto rogado no se habla

Por otro lado, muchos españoles en el extranjero han tenido que pagar por votar si están inscritos como residentes temporales y si lo están como permanentes pero no viven en países con los que el Ministerio de Exteriores tenga convenio. Actualmente hay unos 20.000 esperando a que el Gobierno les reembolse el dinero de diciembre, a pesar de que asegura que ya ha comenzado a hacerlo. Sin embargo, colectivos como la plataforma de juristas DosMillonesDeVotos denuncian deficiencias en el proceso.  Muchos esperan todavía las devoluciones de las generales de 2011 y de las municipales y autonómicas pasadas.

Los emigrados muestran su indignación por la ausencia en campaña electoral y en los debates políticos del tema del voto rogado. Algo que sí fue tratado en las anteriores, cuando tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez y Albert Rivera se comprometieron a eliminarlo. Esta vez tampoco Marea Granate ha puesto en marcha la campaña #RescataMiVoto, que puso en contacto a más de 3.000 emigrados que no habían podido rogarlo con abstencionistas voluntarios en España para que acudieran por ellos a las urnas.

Unos 12.000 no pudieron ser emparejados y la iniciativa «nos supuso muchísimo trabajo extra que se suma al de informar y resolver incidencias –para suplir lo que no hace Exteriores–», explica Almena. No obstante, el motivo principal radica en que tras la campaña se escondía un objetivo fundamentalmente reivindicativo y de visibilización. «Era una llamada de atención y no una medida a largo plazo para suplir las deficiencias de la ley electoral», afirma la portavoz.