Un inspector desvela que Hacienda persigue más a jubilados y empleadas de hogar que a empresarios
El expresidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado José María Peláez ha advertido este martes de que la Agencia Tributaria dedica gran parte de sus medios a controlar “pequeños fraudes o errores” de empleadas de hogar, jubilados y jóvenes, en lugar de dedicar estos recursos a combatir el fraude más complejo y sofisticado.
Durante su participación en las jornadas de UGT ‘Justicia social y fiscalidad’, Peláez indicó que la Agencia Tributaria ha lanzado “miles de requerimientos” a las empleadas del hogar, obligándoles a tributar por sus “fabulosos” sueldos, que en muchas ocasiones tiene que estimar porque Hacienda dispone sólo de datos de cotización y no de lo que realmente han cobrado, ya que muchas veces cobran por horas.
En el caso de los jubilados, el inspector de Hacienda alerta de que muchos de ellos han sido requeridos por la Agencia Tributaria para que paguen los impuestos correspondientes a las pequeñas pensiones que perciben por el tiempo que estuvieron trabajando en el extranjero, exigiéndoles en muchos casos importes que no pueden pagar. En cuanto a los jóvenes, se les pide la devolución de las deducciones de alquiler ante cualquier fallo que hayan podido cometer.
Aunque Peláez deja claro que la actuación de la administración tributaria en todos estos casos es la correcta desde el punto de vista legal, apunta que el principio de eficacia y el “sentido común” indican que habría que dedicar menos recursos a estos “pequeños fraudes o errores” y más y mejores a los grandes defraudadores que se “escapan” por la falta de medios humanos, materiales y legales.
“Si se comparan algunas de estas situaciones con el trato tan beneficioso que se ha dado a los defraudadores en la reciente amnistía fiscal o las cartas de aviso que se les enviaron a los que tenían cuentas en Suiza para que regularizaran su situación sin sanciones, sólo cabe sentirse avergonzado”, afirmó Peláez, quien denunció que la Agencia Tributaria enfoca sus actuaciones “masivamente hacia los más débiles”.
También reprochó que la conducta del defraudador no es sancionada “severamente” y recordó que en 2011 se enviaron 1.014 expedientes por delito fiscal a los tribunales por importe de 909 millones de euros, mientras que en 2015 se remitieron 341 expedientes por 442 millones. De hecho, de las 64.000 personas encarceladas en España, solo 150 lo son por delitos fiscales.
NUEVO ESTATUTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA.
A la vista de estos datos, tanto Peláez como el actual presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, José Luis Groba, que también ha participado en las jornadas de UGT, han apostado por la creación de un nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria, que el Gobierno de Mariano Rajoy anunció en 2013.
Concretamente, Groba ha pedido la aprobación de dicho estatuto para asegurar la independencia de la institución y que contemple el nombramiento del director general con causas tasadas de cese y por un periodo de cinco años. También apuesta por un contrato de gestión por dicho periodo aprobado por el Parlamento, por una provisión de puestos de trabajo con el nombramiento mixto de directivos como el sistema francés o la modificación de la financiación de la Agencia Tributaria.
Igualmente, abogó por ampliar la capacidad investigadora del organismo, así como la creación de unidades especializadas en la localización y administración de bienes procedentes del fraude fiscal, las actuaciones de incógnito, la compra de información tributaria, el pago a confidentes y la regulación de la denuncia tributaria.
Groba también apuntó que en España, según distintos estudios, el fraude fiscal en el IRPF alcanza entre el 15% y el 25% de los ingresos reales de este tributo, siendo el fraude por rendimientos del trabajo entre 5 y 40 puntos porcentuales inferior a otras fuentes de rentas del impuesto, como las del capital o las actividades económicas.
