Resumen del pleno del jueves 26 de enero de 2017

Todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Atarfe aprobaron una declaración institucional de apoyo a los afectados por los cortes de suministro de luz en la que también se reclama a Endesa la puesta en marcha de un plan de modernización de sus instalaciones y la colaboración de las distintas administraciones en la búsqueda de soluciones.

En el pleno ordinario celebrado el pasado jueves 26 de enero se aprobó por unanimidad un texto refundido del que se dio lectura, donde se recuerda que el suministro eléctrico es un “bien básico e imprescindible” para la vida de las personas que debe garantizarse a través de un pacto entre las distintas administraciones. Desde el Ayuntamiento de Atarfe se está prestando ya asesoramiento, a través de FACUA, a fin de reclamar daños y perjuicios a la empresa suministradora..

Los grupos municipales también coincidieron en condenar los ataques que sufrieron de madrugada varias familias de la calle Barquillo, a las que desconocidos incendiaron con gasolina las puertas de sus casas a mediados de enero. En el comunicado leído por la concejal Fabiola García se solicita a la Subdelegación de Gobierno mayor dotación policial para combatir la delincuencia al tiempo que toda la Corporación expresa su deseo de incrementar la plantilla de la Policía Local mediante la convocatoria de más plazas que están condicionadas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera..

Otro de los puntos del orden del día que se fue aprobado por unanimidad guarda relación con la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal para facilitar a los vecinos el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, también conocido como la contribución. Se podrá abonar de forma fraccionada desde el día 1 de julio al 30 de noviembre, transfiriendo la mitad del importe del impuesto entre el 1 de julio y el 31 de agosto, y la otra mitad entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre; o bien abonar el importe íntegro en el periodo normal de pago, es decir del 1 de septiembre al 30 de noviembre.

El alcalde Francisco Rodríguez Quesada aclaró a preguntas del concejal de Ganemos, Antonio Lucena, que esta propuesta no excluye la otra modalidad de pago fraccionado de todas las tasas: la cuenta a medida. Esta opción permite a los vecinos que lo soliciten en el Servicio Municipal de Recaudación la posibilidad de fraccionar el pago hasta en once mensualidades. Se suma el importe total de todos los impuestos que una familia o particular paga al Ayuntamiento y se divide el pago en once meses o, si se prefiere, en menos mensualidades.

Fuera del orden del día, el portavoz de Ciudadanos, Antonio Martín, informó como consejero delegado de Atarfe en el Consorcio Vega-Sierra Elvira que la empresa concesionaria de la gestión del agua en municipios del área metropolitana, Aguasvira, aprobó en su última asamblea celebrada en Dílar la subida en el precio del agua. Según el concejal atarfeño, el incremento medio de las tarifas que se ha acordado es de 2,54%: el 1,6% se destina a ayudar a los más desfavorecidos y el resto (0,94%) a actualizar subida de los salarios de los trabajadores. El edil explicó que solicitó un aplazamiento del debate puesto que la posición de Atarfe no se ha podido consensuar entre los distintos grupos políticos. Sin embargo, el presidente del Consorcio, el alcalde de Maracena, Noel López, ejerció su potestad para celebrar la asamblea, facilitando que se aprobara la subida. Diez municipios, entre ellos Atarfe, se pronunciaron en contra. El representante de Atarfe aclaró que no se opuso a que se bonifique a los que no pueden pagar el agua pero entiende que la subida debe costearla con sus beneficios el socio privado (Hidralia) y no el resto de los ciudadanos.

El consenso se rompió una vez más en el debate sobre el plan económico-financiero que se retiró del orden del día debido al posicionamiento en contra de PSOE, PP y C’s por entender que los números que refleja el informe técnico no cuadraban. Se trata de un documento que el Gobierno central obliga a que se apruebe cuando se incumple la partida prevista en los gastos de personal.

Este capítulo se descuadró en el momento en el que un tribunal de justicia determinó que el personal de Proyecto Atarfe tenía que formar parte del Ayuntamiento. Igualmente se produjo un desfase por la obligación de pagar a los funcionarios en 2015 el 50% de la paga extra del año 2012 que el Gobierno central eliminó en su plan de recortes.

Pese a que hubo una comisión informativa previa al pleno donde acudió el interventor para dar información a los grupos municipales, los portavoces de la oposición, a excepción de Ganemos, echaron en falta claridad en los números y falta de información. El alcalde Francisco Rodríguez Quesada recordó que era un documento técnico y no político, al tiempo que censuró la labor obstaculizadora de la oposición, recordando al portavoz del grupo municipal socialista que no hubiera solicitado información al interventor en la comisión informativa.

La ley de transparencia establece que la no presentación en plazo del plan económico-financiero constituye una infracción muy grave y los sancionados pueden ser destituidos del cargo que ocupan.

Por parte del grupo municipal socialista se presentó una moción sobre la situación sanitaria en Granada instando a la Junta de Andalucía y a todas las instituciones públicas, junto a los representantes de los trabajadores y usuarios, y asociaciones de pacientes, a que se esfuercen por lograr un entendimiento que garantice un servicio público de excelencia para la ciudadanía.

El portavoz del PSOE, Óscar González, destacó el esfuerzo inversor del Gobierno andaluz, se refirió a las disculpas que la misma presidenta trasladó a los granadinos en el Parlamento por los trastornos ocasionados con el intento de fusión hospitalaria, y mencionó el acuerdo inicial alcanzado con los sindicatos para negociar sobre la base de dos hospitales completos con cartera de servicios diferenciadas. La moción fue aprobada con los votos de todos los partidos a excepción de Por Atarfe Sí (PASI), no sin críticas hacia la gestión sanitaria del Gobierno andaluz.

El portavoz del PP, Antonio Díaz, fue el encargado de llevar al pleno la moción que promueven los colectivos ciudadanos y de profesionales médicos que han movilizado a buena parte de la sociedad granadina. Además de pedir dos hospitales completos con cartera de servicios diferenciadas y urgencias finalistas, así como la derogación de la orden de fusión de los dos hospitales, se reclama al Gobierno andaluz el cese del consejero Aquilino Alonso, del viceconsejero Martín Blanco y de todos los directos que han participado en la gestión.

Todos los grupos aprobaron la moción a excepción del PSOE que votó en contra. Ciudadanos la respaldó pero matizó que los puntos referidos a la petición de cese de los responsables sanitarios no podían secundarlos por el momento a la espera de las preguntas que la formación naranja ha presentado en el Parlamento andaluz.

También se sacó adelante una moción presentada por el grupo popular para declarar los toros Bien de Interés Cultural. En dicha iniciativa, que contó con el apoyo de socialistas y de Ciudadanos, se solicitaba que se incluya en los presupuestos una partida económica destinada a la escuela taurina, se le permita dar clases teóricas y prácticas, y se prioricen las corridas en las fiestas en lugar de los conciertos.

Ganemos se abstuvo por no haber consultado con sus bases el posicionamiento en torno a los toros, mientras que Por Atarfe Sí (PASI) se opuso a la celebración de la fiesta de los toros por entender que “no hay razones de interés público que justifiquen la defensa de las corridas de toros”. Se refirió a los municipios que han retirado sus subvenciones. En Atarfe, según dijo la portavoz Rosa Félix, se llegaron a gastar 160.000 euros en 2007. Otra de las razones que impiden realizar en este momento grandes espectáculos se debe a la localización de anomalías en los pilares que ponen en peligro la seguridad en caso de incendio, según un informe municipal de los técnicos que ya hizo constar la Junta de Andalucía en 2014. “Aún debemos trece millones por la construcción de la plaza tras una sentencia firme pero, pese al desembolso realizado, no se gastaron el dinero en algo fundamental como es la seguridad”, señaló Rosa Félix.

El portavoz del PP pidió también que se hiciera un bando a favor de los toros y se publicara la moción en la web.

El grupo municipal Ciudadanos presentó una moción para crear una mesa de seguimiento que controle el cumplimiento de las iniciativas que se aprueben en el pleno. Su portavoz, Antonio Martín, se mostró muy crítico con el equipo de gobierno por dejar en “papel mojado” las propuestas de la oposición que salen adelante. Ciudadanos quiere que cada moción aprobada, a excepción de las protocolarias, se tramiten y se les dote de asignación presupuestaria. En caso de que no sea viable, se expedirá un informe técnico. Igualmente solicita que el gobierno emita un informe semestral sobre el grado de cumplimiento y que las mociones aprobadas se incluyan en el portal de transparencia.

Todos los grupos políticos respaldaron la iniciativa a excepción de PASI que votó en contra. El grupo que integra el gobierno municipal argumentó que ya se había informado al resto de partidos sobre la necesidad de cuantificar económicamente en el presupuesto de 2017 algunas de las propuestas que se han aprobado en este mandato, aún reconocimiento que ha podido haber falta de diligencia en ocasiones debido al tiempo que se ha necesitado para poner en orden la estructura organizativa.

Ayuda a afectados por las clásulas suelo .

Ganemos llevó al pleno una propuesta para que se ponga en marcha un servicio extraordinario de asesoramiento a los posibles afectados que no saben cómo tramitar la devolución de las cláusulas suelo. En su escrito también se acuerda instar a la Diputación para que asesore y colabore con los servicios municipales que se creen en la provincia.

La moción salió adelante con los votos de Ganemos, PSOE y PASI, mientras que PP y Ciudadanos se pronunciaron en contra, argumentando que ya existía acuerdo para obligar a los bancos a devolver las cantidades que cobraron indebidamente por las cláusulas suelo hipotecarias de forma gratuita, retroactiva, con intereses y en un plazo de tres meses. Los portavoces del PP y Ciudadanos se referían con ello al acuerdo alcanzado recientemente en el Congreso con los socialistas. También Ciudadanos consideró un inconveniente que un ayuntamiento llegue a competir de forma desleal con los profesionales que asesoran a los afectados.

Contra la pobreza energética.

Con los mismo votos a favor se aprobó la otra iniciativa de Ganemos para elaborar un plan local contra la pobreza energética con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministro básicos. En dicho propuesta se exigía la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctricas, un punto con el que el PP se mostró rotundamente en contra. Ciudadanos optó por la abstención..

Por último, PASI introdujo en el debate la necesidad de que la Junta de Andalucía construya de forma urgente depuradoras de aguas residuales en los municipios del área metropolitana. La portavoz Rosa Félix se refirió al "incumplimiento reiterado de los compromisos que adquirió la administración autonómica", lo que -a su juicio- está provocando graves problemas ambientales en las vegas, ríos y acuíferos, y serios problemas sanitarios en la aglomeración urbana de Granada..

La moción fue aprobada con el respaldo de todos los grupos y la abstención del PSOE..

A continuación se puede leer en su integridad las mociones presentadas, así como la declaración institucional y el comunicado de condena aprobados en el pleno. También se puede acceder al video del debate en este enlace.