Paraísos fiscales en la jungla fiscal autonómica
La financiación de las CCAA tendría que regular no solo cuánto, sino cómo
Cuando oímos hablar de paraísos fiscales, además de un lugar donde se pagan impuestos muy bajos, imaginamos sitios evocadores, exóticos y lejanos, como Bermudas o las islas Seychelles, o todo lo más, pequeños países como Andorra o Gibraltar, que basan sus economías en esta estrategia.
Sin embargo, dentro de nuestras fronteras la fiscalidad de algunas Comunidades y Ayuntamientos ofrecen ventajas fiscales que condicionan nuestras decisiones sobre dónde invertir nuestro patrimonio o sobre dónde debemos vivir o, incluso, morir, por lo que podríamos calificarlos como auténticos paraísos fiscales.
El sistema de financiación autonómico se basa en el principio de que los impuestos se pagan allá donde se resida, por lo que la carga tributaria del impuesto que grava las herencias o el patrimonio puede ser muy diferente según la comunidad en la que se viva. Ello tienta a algunas comunidades autónomas a bajar sus tipos impositivos llegando en algunos casos a eliminar algunos impuestos para atraer patrimonios a sus territorios.
Esto incentiva a las personas con elevado patrimonio a reducir su factura fiscal sólo cambiando su domicilio a las comunidades con poca presión fiscal o, al menos, simular el cambio, ya que basta con empadronarse y adquirir un inmueble que tenga consumos de luz y agua para que en la mayoría de los casos «cuele» el nuevo domicilio. La comunidad autónoma receptora también queda satisfecha porque gracias a los nuevos residentes aumenta su recaudación, lo que le permite nuevas bajadas de tipos y poder aumentar así su atractivo, ya que aunque baja sus impuestos, sube la recaudación.
El caso concreto de Madrid
El ejemplo paradigmático es la Comunidad de Madrid que se permite renunciar al Impuesto del Patrimonio y a una parte importante del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, compensando con creces lo que no cobra, con lo que recauda con los nuevos residentes, que se deslocalizan para ir a tributar allí. En el ejercicio 2015, pese a ser la comunidad en la que menos se paga de toda España, fue la que más recaudó, 431 millones de euros, frente a los 2.084 millones que recaudaron el resto de autonomías juntas.
Esta estrategia es desleal porque estas personas se deslocalizan por motivos fiscales y dejan de tributar en las comunidades donde residen para tributar a los bajos tipos de la comunidad de destino. Además, en este juego no se genera riqueza ni renta porque lo que suman las comunidades receptoras es mucho menos que lo que dejan de ingresar las de partida que sufren las deslocalizaciones. Ello produce situaciones de total injusticia y hace que ciertos territorios en España se convierten en paraísos fiscales.
El ámbito local tampoco es ajeno a este tipo de situaciones y existen claros ejemplos de dumping fiscal entre ayuntamientos. En la Comunidad de Madrid hay un ayuntamiento de apenas 4.000 habitantes en el que se matriculan el 10% de los vehículos de toda España. La causa es que han bajado las cuotas hasta un séptimo de lo que exigen el resto de los ayuntamientos de su Comunidad y han atraído las matriculaciones de la mayoría de las flotas de vehículos del centro de España.
Igualmente entre ayuntamientos se da una competencia fiscal perniciosa en la utilización de los impuestos no obligatorios y tasas, así como en los márgenes de los tipos tributarios y beneficios fiscales que pueden regular. Este tipo de situaciones descritas se parecen a las que usan los paraísos fiscales para atraer a contribuyentes y rentas, y aunque son perfectamente legales, se trata de situaciones de difícil encaje lógico y que deberían corregirse.
Es necesario abordar una reforma de la financiación autonómica y local en profundidad, que no se limite sólo a repartir lo recaudado, sino también a regular lo que se recauda y cómo, para evitar estos esquemas fiscales que hacen que unas comunidades y ayuntamientos atraigan de una manera ilegitima a los contribuyentes y creen estos miniparaísos fiscales, en lo que al igual que los otros, los de verdad, ganan quitándoles los ingresos fiscales a los territorios en donde se deberían gravar.
Por ello, cuando nos quejemos, con razón, de los paraísos fiscales y de la competencia fiscal desleal de países como Holanda o Irlanda, que atraen a las multinacionales con impuestos reducidos dejando que desvíen el grueso de sus rentas a paraísos fiscales a través de artificios como el «sándwich holandés» o el «double Irish», deberíamos ser conscientes de que también en España nos hacemos competencia fiscal entre administraciones. Desgraciadamente, en ambos casos, el único que se beneficia es el que puede deslocalizarse y el defraudador.
POR
- JULIO RANSÉS PÉREZ BOGA
- Inspector de Hacienda del Estado
