Los expertos de Fedea calculan que los pensionistas de hoy perderán un 25% de su poder adquisitivo
El último informe de la fundación alerta de que el principal riesgo para el sistema en las próximas décadas es la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones una vez concedidas. Proponen medidas para «paliar» los efectos de la última reforma de pensiones, pero sin desmantelarla, como ligar solo la pensión mínima al IPC
Una persona que se jubilara en 2015 con una pensión de 16.000 euros anuales perderá en los próximos 20 años el 25% de su poder adquisitivo, hasta una prestación de algo menos de 12.000 euros. Los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han elaborado un estudio sobre la salud financiera del sistema público de pensiones en el que advierten de que el principal riesgo para el sistema en las próximas décadas es que las pensiones sufran una pérdida «significativa» de poder de compra una vez concedidas. Dicen, eso sí, que volver a ligarlas al IPC no es una solución viable.
Las proyecciones hechas por Fedea muestran que el índice de revalorización de las pensiones (el IRP, que sustituyó al IPC en la última reforma, que aprobó el Gobierno sin consenso de los agentes sociales) hará que la pérdida de poder adquisitivo se prolongue durante décadas. Así, las pensiones podrían revalorizarse solo un 0,25% (el suelo mínimo contemplado por el IRP) hasta 2060.
Esto supone que una pensión inicial hoy de 16.000 euros brutos anuales (la pensión media) bajaría en veinte años vista a suponer algo menos de 12.000 euros en términos de poder de compra. Esto es, con los 16.000 euros de 2015 se podría comprar el equivalente a 12.000 euros en dos décadas vista, en 2035, lo que deja claro la pérdida de poder adquistivo.
Sin embargo, los expertos de la fundación no son partidarios de volver al IPC como indicador para revalorizar las pensiones. Apuestan, en cambio, por otras «medidas paliativas» que sirvan para mitigar el efecto de la última reforma, aunque dentro de un acuerdo «más amplio» sobre las pensiones.
Fedea propone, por ejemplo, ligar al IPC solo las pensiones mínimas, de forma que quien cobra menos sí aumente su poder de compra en línea con la inflación. Se trata de una propuesta que haría que el sistema fuera menos contributivo: los que más contribuyen no lo verían reflejado en sus pensiones, mientras que los que menos lo hacen sí. «Ninguna propuesta es completamente perfecta. Estamos eligiendo entre varios males», dice Ángel de la Fuente, director de FEDEA.
El coste de esta medida (ligar las mínimas al IPC) sería de unos 4.000 millones de euros anuales, que equivalen a cuatro décimas de PIB al año. En caso de financiarse con impuestos, supondría un aumento de la recaudación de IRPF del 6%. Por contra, volver a ligar todas las pensiones al IPC implicaría un coste de 2,7 puntos de PIB al año, que equivale a un 36% más de IRPF. «No se puede pagar», concluye Fedea.
No a pagar viudedad con impuestos
Tampoco son partidarios de pagar con impuestos las pensiones de viudedad y orfandad, una de las propuestas sobre la mesa del Gobierno. Sería, dicen, «trasladar» el problema desde la Seguridad Social a los presupuestos generales. «Generaría serios problemas de credibilidad», subrayan. Quitar a estas pensiones de la financiación de la Seguridad Social implicaría algo más de margen para subir el resto de pensiones a largo plazo. Para Fedea se trataría de un truco para no aplicar el índice de revalorización de pensiones y generaría dudas sobre la capacidad de España de aplicarlo en el futuro.
Fedea ha estimado cuánto costaría revertir las dos últimas reformas de pensiones. La última, hecha en 2013 por el Gobierno del PP sin acuerdo con agentes sociales o partidos, implicaría elevar el gasto en pensiones en 3,1 puntos de PIB, es decir, 30.100 millones de euros al año. La de 2011, que aprobó el Ejecutivo de Zapatero con consenso de patronal y sindicatos, costaría 2,2 puntos, 20.200 millones anuales. Juntas serían 5,3 puntos de PIB más de gasto anual en pensiones, que equivaldría, dice Fedea, a una subida del 70% en el IRPF. Sin embargo, es la última reforma de 2013 la más controvertida y la que los sindicatos piden revertir.
