Los rectores aplauden el avance a una Universidad gratuita de Andalucía

Los universitarios andaluces podrán estudiar pagando mucho menos a partir del curso que viene. La Junta de Andalucía ha previsto bonificaciones de hasta el 99% de la matrícula a partir del segundo curso en función de las asignaturas aprobadas, una medida que los rectores ven con buenos ojos tras la subida de tasas que aprobó el Gobierno en 2012 unida a un endurecimiento de los criterios para obtener una beca.

El presidente de la conferencia de rectores CRUE, Segundo Pérez, ha feicitado a Andalucía por la iniciativa, adelantada por EL PAÍS: “Es una medida valiente, en la línea de lo que pedimos. El resto del país debería estudiar con mucha atención una propuesta que va en la línea de los grandes países de Europa, como Alemania”.

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, Eduardo González Mazo, cree que la medida “premia el esfuerzo con independencia de los recursos” y “apuesta por la universidad como servicio público”. Destaca que beneficiará a quienes aprueban pero, al obtener notas de entre un 5 y un 5,5, se quedan fuera de las becas estatales. Tanto Mazo como el rector de la Complutense de Madrid, Carlos Andradas, valoran que generará “mayor motivación en los alumnos”. “Tenemos un elevado fracaso que llega al 30% en algunos grados”, añade Andradas, que solicita a la Comunidad de Madrid “seguir el camino fijado por Andalucía”.

Diferencias regionales

De momento, ninguna otra región ha señalado que vaya a adoptar medidas similares. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, defiende que ya destina 22 millones [la propuesta de Andalucía ronda los 29] para becas propias, que refuerzan las estatales y se centran específicamente en los alumnos con menos renta. Parte de estos estudiantes reciben un sueldo de 600 euros al mes para garantizar que no abandonen. Galicia, con las tasas más bajas de España, defiende que su modelo ya es equitativo.

Carles López, de la confederación de alumnos CANAE, reclama “una profunda reflexión” para eliminar las diferencias de precio entre las comunidades que propició el cambio aprobado por el Gobierno en 2012 y que suponen poder pagar hasta tres carreras en Andalucía o Galicia por el coste de una en Cataluña. “El debate debe ser estatal para asegurar que nadie quede fuera de la universidad por no tener dinero”, concluye López.

Con información de Sonia Vizoso (Santiago de Compostela), Jessica Mouzò (Barcelona) y Elisa Silió (Madrid).