El Gobierno hará un listado de las inmatriculaciones de la Iglesia
En cumplimiento de la proposición no de ley del PSOE aprobada el 4 de abril, que permitirá fiscalizar los registros hechos con la Ley Hipotecaria de Aznar
El Gobierno se ha comprometido a elaborar un listado de los bienes de dominio público registrados por la Iglesia Católica desde 1998, dando así cumplimiento al requerimiento del PSOE en una proposición no de ley aprobada el pasado 4 de abril en el Congreso. Así consta en la respuesta del Ejecutivo a las preguntas realizadas por el diputado socialista Antonio Hurtado acerca de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica.
“Desde el Ministerio de Justicia, de acuerdo con sus competencias, se están impulsando las actuaciones necesarias tendentes a dar cumplimiento a lo establecido en la Proposición no de Ley relativa a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia, en lo relativo a la elaboración de un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica”, se afirma en la respuesta del Gobierno.
Antonio Hurtado señala que de esta manera “se da cumplimiento a la proposición no de ley del PSOE aprobada el pasado 4 de abril, con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios, excepto PP y Ciudadanos” y subraya que permitirá saber cuántas propiedades ha registrado la Iglesia Católica gracias a la Ley Hipotecaria aprobada en 1998 por el Gobierno de Aznar, que le otorgaba la potestad para acreditar la propiedad de templos o lugares de culto.
Para el diputado socialista se trata de “un paso muy importante para saber cuántas propiedades ha registrado la Iglesia Católica a su nombre y comprobar si se han aportado los títulos y documentos acreditativos de la propiedad”. En caso contrario –explica Hurtado- “se abre la puerta a que se pueda reclamar la propiedad de estos bienes y de aquellos considerados de dominio público que hayan sido inmatriculados de forma indebida”.
No obstante, el Gobierno advierte de que “no puede realizar ninguna actuación” respecto a estas posibles reclamaciones, “pues los asientos del Registro de la Propiedad están bajo salvaguarda de los Tribunales”.
