UN POCO DE HISTORIA SOBRE EL REFERENDUM DE CATALUÑA (2)
A demonstrator sporting wristbands with the word "Catalunya" on them hold pro-independence Catalan flags during a demonstration in front of the headquarters of the Catalan Government to demanding an agreement between secessionist parties in Barcelona on January 9, 2016. AFP PHOTO / LLUIS GENE / AFP / LLUIS GENE (Photo credit should read LLUIS GENE/AFP/Getty Images)
Actuación de la Generalidad. Compra y escondite de urnas. Impresión de papeletas por particulares. Activismo web. Propaganda mediática. Actuación de Òmnium y ANC
La Generalidad de Cataluña habría adquirido urnas para el referéndum, manteniéndolas escondidas. Puigdemont declaró el 17 de septiembre contar con un total de «18 000» unidades, más de las necesarias para prevenir posibles incautaciones. Por otra parte mantiene en secreto el censo electoral que empleará en el referéndum si este termina por llevarse a cabo.
Ante la posibilidad de problemas con la disponibilidad de papeletas el 1 de octubre, el conseller de Presidencia Jordi Turull sugirió a los interesados en votar que se las imprimieran ellos mismos a partir del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pues en palabras de este «no se pueden poner puertas al campo en pleno siglo XXI», dando las instrucciones de «entrad y donde pone imprimir, pulsad y ya lo tendréis en papel». La Generalidad dispuso igualmente un archivo pdf imprimible y recortable de la papeleta de voto en una de las webs del referéndum.
Advertencias a alcaldes
En lo relativo a la cesión de locales por parte de los ayuntamientos, el propio Turull advirtió a Ada Colau de que «no hay espacio para la equidistancia, o se está con las urnas o se está con la Guardia Civil»,recordando a los alcaldes que se oponen a permitir el uso de estos locales para la votación que los catalanes sabrán discriminar entre los que «ayudan a votar o los que ayudan a impedirlo».
Activismo web
Julian Assange, supuesto colaborador en la reapertura de webs alternativas.
Después del cierre por parte de la Guardia Civil de la página web del referendum, «referendum.cat», Puigdemont anunció que la web seguiría operativa bajo los dominios «ref1oct.cat» y «ref1oct.eu», ambos registrados en EuroDNS, fuera de la jurisdicción española.
A pesar del bloqueo de algunos de sus dominios, a partir del 14 de septiembre aparecieron nuevas réplicas de la web del referéndum accesibles desde España, como «referendum.love», «referendum.ninja» o «referendum.party». La Generalidad de Cataluña habría contado supuestamente con la ayuda de Julian Assange, fundador de Wikileaks y autoencerrado desde hace años en la embajada de Ecuador en Londres, para la apertura de webs alternativas. Oriol Junqueras felicitó al ciberactivista australiano desde su cuenta de Twitter por su apoyo a la causa soberanista.
Puigdemont dio instrucciones en Twitter —una red social de microblogging— sobre cómo usar proxies para saltarse el bloqueo y acceder a la web de referéndum. La Generalidad de Cataluña decidió crear el 17 de septiembre una cuenta de usuario en esta misma red social, bajo el alias «ref1oc», desde la que informar sobre los progresos del referéndum.
Propaganda mediática
A mediados de agosto la Generalidad contrató al lobby SGR Government Relations & Lobbyng para publicitar el referéndum en los Estados Unidos.
Como parte de la campaña mediática del referéndum, la Generalidad ha buscado publicitar la cita del 1 de octubre. Dos empresas, Carat España y Focus Media, se presentaron a un concurso de la Generalidad para la promoción de la votación de independencia, encubierto bajo la denominación «campaña de publicidad institucional para potenciar el civismo». La primera empresa, después de serle otorgada su realización, rechazó el encargo tras evaluar la legalidad de la consulta y por el «riesgo para su imagen y reputación», la segunda en discordia también terminó esquivando el encargo del Ejecutivo catalán, por lo que el concurso quedó desierto.
En la campaña publicitaria del referéndum de autodeterminación han participado medios públicos de la comunidad autónoma como TV3 y Catalunya Ràdio; así como periódicos digitales de difusión catalana como Avui, VilaWeb, Nació Digital o El Nacional.
Actuación de Òmnium y ANC
La organización independentista Asamblea Nacional Catalana, también conocida por sus siglas ANC, solicitó donativos a sus socios para sufragar su campaña a favor del referéndum, además de realizar pegadas de carteles. Òmnium Cultural alquiló un aeroplano para realizar propaganda del evento, además de contratar publicidad en el Metro de Barcelona y realizar un »spot» publicitario en formato vídeo a favor del referéndum.
Actuación del Estado
Prohibición por el Tribunal Constitucional
El 7 de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional suspende la ley de referéndum y advierte a los 948 alcaldes catalanes y a 62 cargos de la Generalidad de que no pueden participar en la organización del 1-O. Asimismo, la Fiscalía General del Estado presentó una querella por desobediencia al Tribunal Constitucional, prevaricación y malversación de caudales públicos contra la presidenta del Parlamento, los miembros de la Mesa que votaron a favor de tramitar el Proyecto de Ley de Referéndum, el presidente de la Generalidad y todos los miembros de su gobierno. Al día siguiente fue admitida a trámite y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó la intervención de posibles urnas y otros efectos vinculados al referéndum. Se da la circunstancia de que varios de estos cargos ya acumulan otros procesos judiciales abiertos. En el caso de la presidenta, Carme Forcadell, tres.
El 8 de septiembre, la Fiscalía exigía para Carles Puigdemont, presidente de la Generalidad, y los consellers de su gobierno una fianza que garantizara los gastos que pudiera causar al erario público, que cifraba en 6,2 millones de euros, y el cierre de todas las páginas web promovidas por la Generalidad para promocionar el referéndum.
La Fiscalía de Barcelona presentó, el 14 de septiembre, una querella contra los miembros de la Sindicatura Electoral al considerar sus actuaciones «una clamorosa manifestación de desprecio al principio de autoridad representado por el Tribunal Constitucional». La acusación se basaba en los delitos de desobediencia, malversación y usurpación de funciones públicas.
Intervención en imprentas y otros proveedores
Cartel de propaganda del referéndum como los requisados por la Guardia Civil.
El 8 de septiembre, la Guardia Civil realizó un registro en una imprenta de Constantí a instancias de la Fiscalía de Tarragona, por posible impresión de papeletas para el referéndum. Al día siguiente se realizó otro registro en un antiguo local del semanario El Vallenc, situado en la localidad de Valls (Tarragona), llevándose el ordenador principal y documentación y el ordenador del director, Francesc Fàbregas, quien hubo de declarar en dependencias policiales. Se apunta una posible colaboración directa o indirecta, de partidos separatistas, grupos afines o personas dispuestas a prestarles estas instalaciones.
Agentes de la Policía Nacional se personaban en empresas de La Coruña con capacidad de elaborar urnas para votaciones investigando si miembros de la Generalidad de Cataluña habían contactado para realizar el encargo de las 8000 urnas de metacrilato para el referéndum.
El 14 de septiembre, la Guardia Civil accedía a la imprenta Artyplan en el polígono industrial El Pla situada en Sant Feliu de Llobregat en busca de material para la celebración del referéndum como manuales, papeletas y urnas.
El 15 de septiembre, la Guardia Civil registró cuatro imprentas, Marc Martí en Barcelona, y otras tres en Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Badalona, requisando 100.000 carteles de propaganda electoral en la nave de una de ellas.
El 16 de septiembre, la Guardia Civil confiscó en una empresa de San Adrián de Besós planchas destinadas tanto a la impresión de los carteles institucionales para promover la participación en el referéndum como para los carteles de propaganda a favor del «sí».
El 17 de septiembre, la Guardia Civil incautó 1 300 000 carteles, dípticos y folletos de publicidad institucional y propaganda a favor del «sí».
Investigación de Ayuntamientos y otras instituciones
El 13 de septiembre, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó investigar a los Ayuntamientos que colaboren en la organización del referéndum del 1-O, y citar, por medio de la Policía Judicial, a los alcaldes en calidad de investigados y/o imputados. Además en caso de que el alcalde citado no comparezca, se proceda a acordar su detención y presentación en la Fiscalía Superior de Cataluña, oficiando a los Mossos d’Esquadra como Policía Judicial.
Estas actuaciones de la fiscalía motivaron la crítica de algunos políticos y juristas como José Antonio Martín Pallín, que consideró que perseguir aquellos que quieren ceder locales para poner urnas “es una situación que no admiten los valores de la Constitución en un país democrático”. “Las querellas son forzadas y no ajustadas a la legalidad” opinaba.
Bloqueo de páginas web
El 13 de septiembre, un juez ordenó el cierre de la web oficial del referéndum, «referendum.cat». La Guardia Civil se presentó en las oficinas del registrador de dominios catalán CDmon para cancelar el dominio.
El 15 de septiembre la Guardia Civil cerró la página «garanties.cat» por orden de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que instruye la causa contra el gobierno de Cataluña. La página estaba impulsada por Junts pel Sí, detallaba el proceso del referéndum y ponía a disposición de los usuarios un formulario para inscribirse como colaborador.
El 16 de septiembre, juzgado de instrucción número 13 de Barcelona envió una orden a los proveedores de Internet para que impidiesen en un plazo de 24 horas el acceso desde sus redes a 10 nuevos dominios de las webs bloqueadas previamente: «ref1oct.cat», «ref1oct.eu», «referendum.es», «referendum.cat», «referendumoctubre1.com», «referendum.ws», «referendumoctubre1.cat», «referendumoct1.cat», «1octreferendum.cat» y «garantías.cat». El mismo juzgado ordenó, el 19 de septiembre, el bloqueo de 22 dominios más.
Intervención policial durante pegadas de carteles
En las primeras horas de la campaña electoral del referéndum, madrugada del 14 al 15 de septiembre, la Guardia Civil y policía local realizaron identificaciones y confiscaciones de material a militantes de partidos políticos, mayoritariamente de las CUP y las juventudes de ERC, mientras pegaban carteles del referéndum. En el municipio de Las Casas de Alcanar la Guardia Civil detuvo a tres militantes de la CUP y trasladó posteriormente al cuartel de La Rápita. En Cerdanyola del Vallés se identificó a la primera teniente de alcalde de la localidad Elvira Vila y otras personas mientras colgaban carteles. Otras actuaciones policiales se llevaron a cabo en los municipios de Moncada y Reixach, Ripollet, Figueres, Masquefa, Premiá de Mar y Llagostera.
