ATARFE: La oposición impiden el desalojo de la empresa que explota la cantera en monte público

La recuperación de los terrenos que ocupa indebídamente la citada empresa se aparcó tras mantener la oposición una entrevista con los representantes de la empresa. El desalojo ya se pretendió llevar a cabo hace justo 20 años tras dos acuerdos plenarios donde se aprobó la orden de retirada de toda la maquinaria.

La recuperación del monte público que explota sin licencia la empresa que trabaja en la cantera, situada en Sierra Elvira, deberá esperar después de que PSOE, PP y Ciudadanos votaran en el pleno extraordinario celebrado el pasado lunes a favor de dejar el punto del orden del día sobre la mesa en contra de los criterios técnicos y de la postura que defendía el equipo de gobierno (PASI) y Ganemos, avalada también por sentencia del tribunal Supremo.

La reunión previa al pleno que los empresarios de la empresa AFERCAN, junto a trabajadores, mantuvieron con los portavoces de los tres principales partidos de la oposición dio un giro inesperado al problema de la explotación de cantera, cambiando el posicionamiento que habían mantenido en la comisión informativa del pasado jueves, donde todos los grupos eran partidarios de que la empresa desalojara la citada finca pública a excepción del PSOE, que se abstuvo.

Los tres grupos de la oposición justificaron su decisión de no aprobar el desalojo de la empresa en el hecho de que no habían estudiado la documentación aportada por la mercantil horas antes del inicio del pleno, pese a que sus alegaciones figuran en el expediente y fueron desestimadas por los técnicos del Ayuntamiento. PSOE, PP y Ciudadanos aludieron al problema que se le podía causar al empresario y a los trabajadores, presentes entre el público, si se ordenaba la retirada de la maquinaria.

El alcalde Francisco Rodríguez Quesada reconoció que la decisión no era fácil por afectar a trabajadores pero dejó claro que el deber de los representantes municipales era defender los intereses del pueblo para tratar de solucionar un problema que lleva coleando 20 años. Aludió a las reuniones mantenidas con el empresario desde septiembre de 2015, las dificultades que surgieron con posterioridad para notificarle las decisiones del gobierno con el aval de los técnicos, las posibles responsabilidades que puede exigir al Ayuntamiento la Junta de Andalucía por permitir una explotación sin licencia, así como el perjuicio que ha podido causar al municipio la extracción de grava y arena en dominio público por la que, según el ingeniero de Minas que ha estudiado el asunto, se ha podido dejar de ingresar más de un millón de euros.

La portavoz del PSOE, Trinidad Rodríguez Sánchez, propuso que se dejara encima de la mesa pese a que el expediente caduca y hay que iniciar otro nuevo, al entender que la documentación entregada por el empresario hora y media antes del inicio del pleno ponía en duda los informes de los técnicos y ante la necesidad de buscar un espacio de diálogo con la parte afectada, si bien dijo «defender el dominio público por encima de particulares».

El portavoz del PP, Antonio Díaz, mostró su «sorpresa» por la versión que le trasladó la empresa y si bien manifiestó que defendía el interés del pueblo y que no ponía en duda el trabajo de los técnicos, se opuso por el momento a «cerrar una explotación sin tener todas las garantias y documentos que nos den fiabilidad de lo que votamos, porque puede hacer daño a terceras personas».

Por su parte, la concejal de Ciudadanos, Raquel Toro, se quejó de que faltara información en el expediente y coincidió con el resto de portavoces en la necesidad de aparcar la propuesta de recuperación de los terrenos pese a la caducidad del expediente. También recalcó que su grupo defendía los intereses de todos, incluido el del empresario y trabajadores.

Solo Ganemos apoyó la resolución que presentó el equipo de gobierno. La portavoz Silvia Lara se refirió a la sentencia del Supremo que daba la razón al Ayuntamiento y lamentó que se cuestionaran los informes de los técnicos del Ayuntamiento. Recordó, al igual que el alcalde, que el empresario estaba en su derecho de recurrir ante la justicia el acuerdo de pleno pero «no podemos caer siempre en la dilatación porque el que acaba perjudicado es el pueblo». «Se trata de recuperar terrenos de dominio público probablemente en zona protegida», concluyó.

La recuperación de monte público que ocupa indebídamente la citada empresa, que no es toda la superficie que ocupa la cantera, ya se pretendió llevar a cabo hace justo 20 años tras dos acuerdos plenarios donde se aprobó la orden de retirada de toda la maquinaria. La decisión adoptada por el pleno celebrado el 3 de octubre de 1997 acabaría en los juzgados y, pese a la judicialización del caso que finalizó con la sentencia del Tribunal Supremo del 10 de abril de 2006 favorable a los intereses del Ayuntamiento, nunca se materializó el desalojo. Con la entrada del nuevo gobierno, y ante los requerimientos de la Junta de Andalucía, se retoma en 2015 los trabajos para la recuperación de los terrenos municipales que están siendo explotados sin autorización.

La propuesta que se llevaba al pleno de ayer y no llegó a votarse era la siguiente [Se adjunta todo el documento en formato PDF al final del texto]:

• Primero.- Desestimar las alegaciones formuladas por AFERCAN, S.A., por los motivos que se indican en el informe emitido por el asesor jurídico municipal con fecha 13 de octubre de 2017.
• Segundo.- Inadmitir la práctica de las pruebas propuestas por la citada sociedad por los motivos que se exponen en el fundamento de derecho.
• Tercero.- Proceder a la recuperación posesoria de la parcela catastral 50, Polígono 11, monte público “Sierra Elvira nº 58”, propiedad del Ayuntamiento de Atarfe, en la cual se realizan actividades de explotación de cantera por la entidad mercantil AFERCAN, S.A.
• Cuarto.- Requerir a AFERCAN, S.A. para que en plazo máximo de un mes, contado desde el día siguiente al de recibo del presente escrito, proceda al desalojo de la citada finca y retire de la misma la maquinaria, enseres y cualesquiera otros elementos o instalaciones, dejándola libre y expedita a disposición del Ayuntamiento, con el apercibimiento de que transcurrido ese plazo sin haber cumplido lo requerido, el Ayuntamiento procederá a su ejecución forzosa, por medios propios o ajenos, siendo todos los gastos que se generen a costa de la obligada, incluidos los honorarios de los Técnicos.

Antecedentes

Para que los vecinos conozcan mejor la situación de lo sucedido en estos años es conveniente conocer los antecedentes:

• La licencia de apertura de explotación de la cantera de Buenavista se concedió en 1975 a Francisco Alonso Fernández, y finalizó el 31-12-1985. Ocurrió que la licencia extinguida se le transfirió a un tercero, si bien no implica que la mercantil Afercan cuente con disponibilidad alguna en los terrenos, según un informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
• Con fecha del 22 de abril de 1986, el Ayuntamiento y Afercan suscriben un contrato de arrendamiento con una duración de seis años que concluye el 31 de diciembre de 1991.
• Con fecha de 30 de mayo de 1995 la sociedad Afercan solicita al Ayuntamiento la ocupación de los terrenos del monte público 58-A por un periodo de 10 años.
• Con fecha de 17 de julio de 1995 el Ayuntamiento comunica a Afercan la finalización del contrato de arrendamiento, concediéndole un plazo de tres meses para abandonar los terrenos.
• El 17 de julio de 1995 se le comunica a Afercan que no cuenta con la preceptiva licencia de actividad para la extracción de áridos, por lo que procede a iniciar el procedimiento para la clausura de la misma.
• El pleno del Ayuntamiento de Atarfe, por unanimidad de todos sus integrantes, en sesión celebrada el 13 de mayo de 1996, acuerda no autorizar a Afercan la ocupación solicitada de los terrenos de monte público.
• Con fecha del 27 de agosto de 1997, el delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente comunica al administrador de Afercan que, tras recibir el acuerdo del pleno y mientras no tenga autización para ocupar los terrenos solicitados, se considerará su actividad como «clandestina» con los efectos que se deriven de dicha actuación.
• El pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, en sesión celebrada el 3 de octubre de 1997, acuerda nuevamente no autorizar a Afercan la ocupación solicitada.
• La empresa interpone recurso contencioso administrativo ante la sala del TSJA que es desestimado, al igual que sucede con el recurso de casación ante la sala del Contencioso Adminitrativo del Tribunal Supremo (10-4-2006).
• A la vista de los hechos, el Ayuntamiento, entonces presidido por Víctor Sánchez, ordena el 24 de junio de 2008 el cumplimiento del acuerdo municipal del 3 de octubre de 1997 que implica la retirada de toda la maquinaria y demás bienes que se encuentran en los terrenos propiedad del Ayuntamiento. Sin embargo, la orden que no se lleva a cabo.

El actual gobierno local, en sesión celebrada el 25 de abril de 2017, inicia con asesoramiento jurídico el expediente de recuperación de oficio del monte público, en el cual se realizan actividades de explotación, según deja constancia la Policía Local en un informe con fecha del marzo de este año. Aunque se le concede trámite a la empresa para presentar alegaciones, tras sucesivos intentos infructuosos, finalmente presenta un escrito que el servicio jurídico del Ayuntamiento desestima por improcedente y falta de concreción en los documentos aportados.

Otros asuntos

En el pleno también se aprobó el nombramiento del juez de paz titular y la adhesión a la convocatoria de los Fondos Feder Edusi (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integral), un proyecto europeo para optar a fondos dirigidos al crecimiento sostenible de los núcleos urbanos.

Los debates en su integridad se pueden ver en la siguiente grabación: