Juana Rivas denuncia que la Justicia desoye convenios y leyes y pone en peligro a víctimas y menores
Juana Rivas y Ángela González Carreño, dos mujeres víctimas de violencia machista, han denunciado este viernes en el Congreso de los Diputados que los tribunales españoles están incumpliendo leyes y convenios internacionales poniendo en peligro tanto a las propias víctimas de violencia de género como a sus hijos.
Ambas mujeres han expuesto sus casos durante un acto celebrado en la Cámara Baja, organizado por la Plataforma 7N contra las violencias machistas. A pesar de que Rivas se encontraba en la sala, una portavoz ( PAQUI FUILLERAT por la plataforma 25N de Granada) habló por ella para «salvaguardar sus derechos» ante posibles futuros juicios, mientras que González Carreño participó a través de un vídeo grabado.
Tras contar su historia, Rivas, vecina del municipio granadino de Maracena, ha denunciado la «situación de aislamiento» vivida tras poner la denuncia por malos tratos contra su marido en España. «Ha sido un continuo entrar y salir de los juzgados hasta convertirme de víctima en acusada por mi marido por no entregarle a mis hijos», ha apuntado, para señalar que «a pesar de la existencia de un montón de legislación para proteger tanto a las mujeres como a sus hijos, algo falla, cuando el resultado final es contrario a ellos».
Rivas también ha denunciado que nadie ha escuchado a su hijo mayor, de 11 años, a pesar de que él «lo ha pedido insistentemente» y que se ha tenido más en cuenta a una psicóloga del juzgado de familia, «que no está especializada en violencia de género», que a la propia víctima que las está sufriendo, así como que no se aplique «la ley que dice que el interés del menor está por encima de cualquier otro».
Representación granadina en el Congreso de los Diputados, entre ellas concejales de Maracena, la alcaldesa de Guadix y una representante de la Plataforma 25 de Noviembre.
Menores «indefensos»
En este aspecto también ha insistido González Carreño, cuya hija fue asesinada por su padre durante un régimen de visitas sin vigilancia. «Hay que escucharlos y protegerlos de quien los maltrata y los manipula», ha declarado, para señalar que un menor siempre es un ser «indefenso», con el que no se puede «probar a ver qué pasa».
Así, ha acusado a la justicia española de «negligencia» y a los políticos de «no implantar medidas adecuadas para evitar» que los niños sean asesinados por maltratadores. «Esta justicia desoye los tratados de la ONU, ¿cómo va a escuchar a las madres que advierten de que sus hijos están en peligro?», ha concluido su mensaje.
Con estas palabras, las dos víctimas de violencia de género han recordado el Estatuto de la Víctima del Delito, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley del Menor y el Convenio de la Haya de 1980, entre otras normas que deberían haberlas protegido en sus periplos judiciales y que en los tribunales no se aplicaron.
Francisca Fuillerat, de la Plataforma 25 de Noviembre de Granada, durante su intervención en el Congreso de los Diputados para presentar el caso de Juana Rivas.
Un tribunal de mujeres
Esta situación también se ha denunciado para casos de agresión sexual, también tratados durante el acto, basándose en el caso de la violación ocurrida en las fiestas de San Fermín, en Pamplona, este año.
Durante la jornada se ha celebrado un tribunal de mujeres, presidido por la exdiputada Cristina Almeida, que ha arrancado la sesión pidiendo un aplauso «para todas las mujeres y niños y niñas que han caído en este año y para todas las que han sufrido todo tipo de violencias».
Almeida ha defendido sesiones como esta como «educativas y necesarias para constatar los errores de las propias leyes» y poner sobre la mesa el «trabajo que no se esta haciendo desde la justicia o los medios de comunicación» para poder avanzar en la igualdad.
La misma denuncia ha realizado la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, la socialista Pilar Cancela, quien, tras destacar el acuerdo al que se ha llegado en la Cámara Baja, ha asegurado que el verdadero reto está ahora en conseguir la financiación necesaria para poner en marcha los 213 puntos de los que consta este texto.
– Europa Press
