El mito de la quiebra del sistema de pensiones

Cada cierto tiempo, y especialmente cuando se aproximan unas elecciones generales, reaparece el mismo anuncio apocalíptico. Algunos economistas, determinados medios de comunicación y no pocos responsables políticos vuelven a advertirnos de que el sistema público de pensiones está condenado al colapso y de que las generaciones más jóvenes no cobrarán una pensión digna cuando llegue su jubilación.

El mensaje se repite con tanta insistencia que muchos han terminado asumiéndolo como una verdad incuestionable. Sin embargo, conviene preguntarse si estamos ante una realidad económica inevitable o ante un relato interesado que simplifica deliberadamente un problema complejo.

La economía real es bastante más compleja que una simple división entre cotizantes y jubilados

La idea de la quiebra se apoya en un argumento aparentemente incontestable: nacen menos niños, vivimos más años y habrá menos trabajadores sosteniendo a más pensionistas. Son datos ciertos, especialmente cuando la generación del denominado baby boom comienza a jubilarse. Lo que no es cierto es que estas circunstancias conduzcan necesariamente al hundimiento del sistema. La economía real es bastante más compleja que una simple división entre cotizantes y jubilados.

Las pensiones no dependen exclusivamente de la demografía, sino también de la riqueza que una sociedad es capaz de generar, del empleo que crea, de los salarios que paga y de cómo decide distribuir esa riqueza.

Recuerdo los tres meses que pasé en Honduras, trabajando para su Ministerio de Trabajo como consultor de la Seguridad Social española. Eran tiempos de entusiasmo privatizador. Chile ya había iniciado ese camino y acabaría lamentándolo años después. Entre la documentación que manejé destacaba un estudio elaborado para el Banco Mundial por Peter R. Orszag y Joseph E. Stiglitz, titulado Diez mitos sobre los sistemas de Seguridad Social. 

Conviene recordarlo ahora que las grandes aseguradoras y entidades financieras vuelven a cuestionar nuestro sistema público. Aquel estudio desmontaba varias ideas muy extendidas: que los sistemas privados son necesariamente más rentables, que aumentan el ahorro nacional, que ofrecen mejores incentivos laborales o que la gestión pública es intrínsecamente ineficiente. También advertía de que determinadas prestaciones de carácter universal deberían financiarse mediante impuestos y no cargarse exclusivamente sobre las cuentas de la Seguridad Social.

Ya en 1997, el economista Ignacio Zubiri señalaba que la solvencia futura de las pensiones dependía de la evolución de la economía, de las decisiones del sector público y de la propia estructura del sistema. En términos similares, Pedro Montes, economista del Banco de España, defendía que el crecimiento de la productividad y la incorporación al empleo de los recursos humanos disponibles permitirían mantener e incluso mejorar las prestaciones. 

La explicación es relativamente sencilla. En un lado de la ecuación está el gasto: el número de pensionistas multiplicado por la pensión media. En el otro, los ingresos procedentes de las cotizaciones, que dependen del número de personas ocupadas, de sus salarios y de los tipos de cotización, junto con las aportaciones del Estado para financiar prestaciones que no tienen naturaleza estrictamente contributiva.

Por tanto, la sostenibilidad del sistema no depende solo de cuántos jubilados haya por cada trabajador. Depende también de cuánto producen esos trabajadores, de cuánto cobran, de qué parte de la riqueza nacional representan los salarios y de qué porcentaje de esa riqueza estamos dispuestos a dedicar a las pensiones.

El auténtico debate no debería limitarse a cuántas personas trabajan, sino a cuánto valor generan y qué parte de ese valor se destina a sostener el contrato social entre generaciones

Hace un siglo, cuando la esperanza de vida era mucho menor, también lo era la productividad. Hoy una sola persona puede producir bienes y servicios que antes requerían el trabajo de varias. Los avances tecnológicos, la digitalización, la automatización y el conocimiento han multiplicado la capacidad productiva de nuestras economías. El auténtico debate no debería limitarse, por tanto, a cuántas personas trabajan, sino a cuánto valor generan y qué parte de ese valor se destina a sostener el contrato social entre generaciones. 

Nuestro sistema público es un sistema de reparto. Las cotizaciones de quienes trabajan financian las pensiones actuales. La alternativa es la capitalización, en la que cada trabajador acumula un fondo que posteriormente se transforma en una renta. Pero un sistema de reparto se encuentra ligado a la evolución del conjunto de la economía. Hablar de su quiebra equivale, en buena medida, a hablar de la quiebra de todo el sistema económico.

¿Significa esto que las pensiones no deban reformarse? En absoluto. Habrá que adaptar el sistema a los cambios demográficos y económicos, revisar las bases y los tipos de cotización, mejorar el empleo, elevar los salarios, combatir la precariedad e incorporar los incrementos de productividad. También habrá que debatir sobre la edad de jubilación y sobre una contribución más justa de las rentas más altas.

¿Significa esto que las pensiones no deban reformarse? En absoluto. Lo que no debemos aceptar es que la única respuesta posible consista en recortar prestaciones o sustituir el sistema público por fondos privados

Lo que no debemos aceptar es que la única respuesta posible consista en recortar prestaciones o sustituir el sistema público por fondos privados. Estos podrán servir como complemento para quienes puedan permitírselos, pero nunca como sustitutos de un sistema basado en la solidaridad entre generaciones.

No es casualidad que detrás de muchos discursos sobre la supuesta inviabilidad de las pensiones aparezcan intereses vinculados a productos privados de previsión social. Si la ciudadanía llega a creer que el sistema público está condenado, el negocio potencial para determinados sectores financieros resulta enorme.

Por eso, cuando volvamos a escuchar que las pensiones públicas están condenadas a desaparecer, convendrá preguntarnos quién lo afirma, qué intereses representa y qué solución propone. Porque la verdadera cuestión no es si una economía avanzada puede pagar pensiones dignas, sino qué prioridades colectivas decidimos financiar con la riqueza que generamos.

La quiebra del sistema público de pensiones no es una ley natural ni una fatalidad demográfica. Es, sobre todo, un argumento político. Y precisamente por eso continúa siendo uno de los grandes mitos de nuestro tiempo.