El 52,6% de las mujeres con trabajo en Granada ingresan menos del salario mínimo

La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía), a través de su Red Provincial en Granada, ha presentado este martes los principales resultados del Informe Provincial sobre Pobreza y Exclusión Social de Granada 2026, que analiza la evolución de los indicadores relacionados con el empleo, la vivienda, las desigualdades de género, la educación y otros factores que condicionan las condiciones de vida de la población granadina.

Ha sido presetado en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada, en el marco de las jornadas ‘De los datos a las personas: respuestas frente a la pobreza en Granada’, organizadas con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora cada 17 de octubre. Durante la comparecencia, María L. Córdoba, coordinadora provincial de EAPN Andalucía en Granada, y Tania Machado, miembro de la Red Provincial, han dado a conocer los principales resultados del estudio y los desafíos que afronta la provincia para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

Los datos reflejan una evolución favorable de algunos indicadores laborales, pero también evidencian la persistencia de importantes desigualdades. Granada continúa siendo la provincia andaluza con mayor tasa de desempleo, mientras que la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda y el incremento del abandono escolar temprano siguen condicionando las oportunidades de una parte de la población.

María L. Córdoba afirmó que «los datos muestran que Granada ha avanzado en la reducción del desempleo, pero todavía queda mucho por hacer para garantizar que esa mejora llegue a toda la población. No podemos conformarnos con que haya menos personas desempleadas si persisten la precariedad, los bajos salarios y las dificultades para acceder a una vivienda digna. Necesitamos políticas públicas que sitúen a las personas en el centro y que permitan transformar los avances económicos en oportunidades reales». 

Granada sigue encabezando el desempleo en Andalucía

La evolución del mercado laboral constituye uno de los principales desafíos de la provincia. Según el informe, que recoge datos de la Encuesta de Población Activa del INE, la tasa de paro de Granada se situó en el 17,53 % durante el segundo trimestre de 2026, lo que la convierte en la provincia andaluza y española con mayor desempleo

Pese a ello, los datos muestran una evolución positiva respecto a ejercicios anteriores. En el mismo trimestre de 2024, la tasa de paro alcanzaba el 21,20 %, por lo que en dos años se ha reducido en 3,67 puntos porcentuales. La mejora también se observa en las cifras de desempleo registrado. En junio de 2026, Granada contabilizaba 61.588 personas desempleadas, 5.690 menos que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una reducción interanual del 8,46 %. 

Sin embargo, este descenso es inferior al registrado en el conjunto de Andalucía, donde el paro registrado se redujo un 10,41 % durante el mismo periodo. El informe advierte de que, pese a la evolución favorable de los indicadores, persisten problemas estructurales vinculados a la temporalidad, la limitada diversificación económica y las dificultades para acceder a empleos estables y de calidad. 

Para EAPN, resulta necesario reforzar las políticas activas de empleo, la formación y las oportunidades de inserción laboral, especialmente entre las personas que encuentran mayores barreras para acceder al mercado de trabajo. 

La precariedad laboral femenina

La desigualdad de género constituye otro de los principales factores de vulnerabilidad social identificados en el informe. En 2024, la brecha salarial entre hombres y mujeres en Granada se situó en el 15,40 %. Los hombres percibieron un salario bruto medio anual de 20.912 euros, frente a los 17.684 euros de las mujeres.

A pesar del incremento salarial experimentado en los últimos años, las diferencias retributivas continúan reflejando una distribución desigual de las oportunidades laborales. Además, el 52,6 % de las mujeres ocupadas en Granada percibe ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, lo que evidencia la mayor exposición femenina a situaciones de precariedad económica.

La desigualdad también se manifiesta en sectores especialmente feminizados, como el empleo doméstico. Durante 2025, Granada registró alrededor de 4.781 personas empleadas en este ámbito, de las cuales más de 4.600 eran mujeres. Aunque la tasa de paro femenino ha experimentado una reducción significativa y se sitúa en el 17,16 %, frente al 17,85 % masculino, las diferencias salariales y las condiciones laborales siguen siendo factores determinantes para comprender la feminización de la pobreza.

Desde EAPN se insiste en que tener un empleo no siempre garantiza salir de una situación de vulnerabilidad, especialmente cuando los ingresos son insuficientes para afrontar los gastos básicos y mantener unas condiciones de vida dignas.

El acceso a la vivienda, factor de exclusión

La vivienda representa otro de los principales desafíos sociales de Granada. El informe refleja un incremento sostenido del valor de la vivienda libre durante los últimos años, en un contexto de presión sobre el mercado residencial y de crecimiento de la oferta de alojamientos turísticos.

En 2025 se registraron 269 calificaciones definitivas de viviendas protegidas en la provincia, una cifra ligeramente inferior a las 274 del año anterior. A esta situación se suma la persistencia de dificultades para mantener una vivienda. Durante 2025, Granada contabilizó 593 ejecuciones hipotecarias, frente a las 476 registradas en 2024, lo que supone un incremento del 24,6 %.

Por otra parte, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias han experimentado una evolución descendente durante los últimos años, pasando de 218 en 2021 a 85 en 2025. Aunque esta reducción representa una evolución favorable, el informe advierte de que la vulnerabilidad residencial continúa afectando a numerosos hogares y exige reforzar los mecanismos de prevención de la pérdida de vivienda y las alternativas habitacionales.

En este contexto, la Red considera prioritario impulsar políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para las personas y familias con mayores dificultades económicas. 

Aumenta el abandono escolar temprano 

La educación constituye otro de los ámbitos en los que el informe identifica importantes retos para garantizar la igualdad de oportunidades. En Granada, la tasa de abandono escolar temprano pasó del 11,7 % en 2022 al 16,8 % en 2024, lo que supone un incremento de 5,1 puntos porcentuales en apenas dos años.

Este aumento se observa tanto entre hombres como entre mujeres, aunque continúa siendo más elevado entre los primeros. En 2024, la tasa masculina alcanzó el 17,6 %, frente al 16 % femenino. Además, Granada presenta una tasa de abandono escolar superior a la media andaluza, situada en el 15,5 %, y a la media estatal, del 13 %.

El abandono temprano de la educación y la formación condiciona las oportunidades futuras de inserción laboral y puede incrementar el riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente entre jóvenes que ya parten de situaciones de vulnerabilidad. Por ello, EAPN considera fundamental reforzar las políticas de prevención del abandono escolar, los programas de acompañamiento educativo y los itinerarios formativos adaptados a las necesidades de la población joven.

Tres millones en riesgo de pobreza en Andalucía

La presentación de los datos provinciales se enmarca en la publicación del XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía, presentado por EAPN Andalucía el pasado 15 de octubre con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

Según este informe, el 34,7 % de la población andaluza, alrededor de tres millones de personas, continúa en riesgo de pobreza o exclusión social, nueve puntos por encima de la media estatal. Aunque este indicador ha experimentado una ligera mejoría respecto al año anterior, Andalucía sigue registrando la tasa AROPE más elevada de España. 

La tasa de pobreza alcanza el 27,7 %, afectando a aproximadamente 2,4 millones de personas, mientras que el 10,9 % de la población sufre carencia material y social severa. Además, el 55,1 % de los andaluces y andaluzas manifiesta algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. Los datos también evidencian importantes desigualdades de género y edad: el 36,7 % de las mujeres y el 43,4 % de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. 

Desde EAPN Andalucía se advierte de que la mejora de algunos indicadores económicos no resulta suficiente para revertir una situación de desigualdad estructural que continúa condicionando las oportunidades y los derechos de millones de personas. Por ello, la Red reivindica el impulso de un Pacto Andaluz de Lucha contra la Pobreza, basado en el consenso político, institucional y social, que permita establecer compromisos concretos y sostenidos en el tiempo en materia de vivienda, empleo, garantía de ingresos y protección social.

Respuestas frente a la pobreza en Granada

La presentación del informe se ha desarrollado en el marco de unas jornadas que reúnen a entidades sociales, profesionales y alumnado universitario para reflexionar sobre la realidad de la pobreza en la provincia y las respuestas necesarias para combatirla. 

Bajo el título ‘De los datos a las personas: respuestas frente a la pobreza en Granada’, el encuentro busca conectar los indicadores estadísticos con las experiencias y necesidades de quienes viven situaciones de vulnerabilidad, así como poner en valor el trabajo de las organizaciones sociales que intervienen en el territorio. 

Desde la Red Provincial de EAPN Andalucía en Granada se insiste en la necesidad de abordar la pobreza y la exclusión social desde una perspectiva integral, reforzando la coordinación entre administraciones públicas, entidades sociales y otros agentes del territorio. 

La Red considera que la lucha contra la pobreza requiere políticas públicas sostenidas en el tiempo, capaces de garantizar derechos y de traducir los avances económicos en una mejora efectiva de las condiciones de vida de toda la población.