La violencia económica

“No me lo explico. Yo estoy en la calle con mi hijo y el padre vive en la casa que teníamos con un alquiler social que le ha concedido el banco. El banco me dice que a mí no me corresponde y tiene razón. La ley está de su parte. Yo firmé como deudora, no como propietaria. Pero yo también he pagado esa casa durante años y no sé a quién acudir. Mi abogada quiere iniciar los trámites para pedirle mi parte a él. Pero ahora mismo estoy como una patera en medio del mar. No tengo ni una cuchara“, cuenta Rosa, 43 años, delante de Luisa, 50 años. Ambas prefieren ocultar sus verdaderos nombres. Se conocieron buscando ayuda y han quedado para echar un ratito. “Lucía, una de las mujeres que estaba en la casa de acogida, volvió con su marido. ¿Te acuerdas, mamá?”, tercia Marcos.

En muchas ocasiones, los maltratadores no pasan la pensión a los menores; otras veces dejan de pagar la hipoteca; y en otros casos se niegan incluso a autorizar una refinanciación del préstamo para que la mujer pueda asumir los gastos ella sola, como le ocurrió a Luisa. Son distintas formas de violencia económica que perpetúan el maltrato hacia las mujeres después de la separación y la denuncia. El pacto de Estado aprobado el pasado septiembre insta a la Federación de Municipios y Provincias a realizar un estudio sobre las consecuencias de la ejecución de la hipoteca por impago, cuando víctima y agresor figuran como responsables del crédito hipotecario “a efectos de identificar qué problemática se está produciendo y adecuar la legislación para evitar situaciones de violencia económica”. Nada más. No hay medidas inmediatas. Ahora mismo estas mujeres se sienten desprotegidas y solo en algunos casos, y después de muchas negociaciones, las entidades bancarias se sientan a hablar. Luisa y Rosa se conocieron en las asambleas del 15-M y la PAH, donde las están asesorando.

El Defensor del Pueblo pide una ley específica

El caso de Luisa ha llegado, además, a una situación surrealista. Cuando se separó, su marido dejó de pagar su parte de la cuota hipotecaria, que ascendía a unos 500 euros al mes. Luisa asumió el gasto al completo –tres recibos los pagó Cáritas– hasta el día en que no tuvo más opción que dejar de aportar a la hipoteca para seguir alimentando a sus hijos. Tiene tres: una niña de 15 años, otra de 14 y uno de 12. Las dos mayores fueron testigos de la violencia de su padre hacia su madre y también recibieron maltrato. El banco, en este caso CaixaBank, decidió aplicar el Código de Buenas Prácticas, al que las entidades se adhieren de manera voluntaria. De esa manera, Luisa podría reestructurar la deuda, de unos 32.000 euros. El problema llegó de nuevo de la mano del maltratador, que se negó a dar su autorización para reformular un crédito que, para mayor gravedad, él ya ni pagaba. Tras meses de gestiones, Luisa ha podido por fin poner la casa a su nombre, con lo que ya no necesita la firma de su expareja. Lo paradójico de la situación es que ahora su exmarido, aun habiendo dejado de pagar la hipoteca e impedir que Luisa la refinanciara, recibirá 4.200 euros en concepto de devolución por la cláusula suelo. CaixaBank explica a La Marea que, por ley, le corresponde ese dinero. “A mí me dan también 4.200 euros. Pero me parece muy injusto que ese dinero se lo lleve él. Si se invirtiera en la hipoteca, yo tendría que pagar menos”, insiste Luisa.   

A la espera de un nuevo asesoramiento legal, aún no ha firmado la reestructuración: “Me sale que tengo que pagar 300 euros durante 40 años, es decir, como si volviera a pagar la casa desde el principio. Y yo ahora mismo estoy en paro. ¿A quién reclamo?”, se pregunta. “A nadie –le dice Rosa– ¿Cómo vas a reclamar al banco con esta ley de mierda?”. El Defensor del Pueblo Andaluz, que está trabajando en la resolución de cuatro historias similares, corrobora que al final estos casos tienen difícil solución sin una legislación que los ampare. La institución reclama, por ello, una normativa específica que impida que la violencia económica continúe lastrando la vida de estas mujeres y de sus progenitores.

En España hay casi dos millones de familias monoparentales, la mayoría encabezadas por mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un informe de la ONG Save the Children sostiene que la mitad de ellas vive en situación de pobreza y, en general, están sometidas a un mayor riesgo de exclusión social, no solo por su situación económica, sino también por factores como el empleo, la vivienda, la salud o la red de apoyo. La tasa de pobreza en los niños que viven en hogares formados por madres solas es de un 54%, 12,5 puntos más que el conjunto de la población infantil y el doble que el total de la población, indica el citado informe. Ni Luisa ni Rosa tienen trabajo. Una cobra 319 euros. La otra, 426.

El caso de María Salmerón, condenada varias veces por incumplir el régimen de visitas e indultada por el Gobierno, es un ejemplo de libro de esta denominada violencia económica. El banco -Deutsche Bank- acaba de iniciar el proceso de embargo del piso en el que vive con su hija tras no poder asumir las indemnizaciones y costas atrasadas de los juicios y condenas que ha ido acumulando. En total, unos 80.000 euros. “Lo que quiere es asfixiarme económicamente y verme en la cárcel”, explica Salmerón, que asegura que cada mes le retienen un 30% de su nómina como auxiliar de enfermería. Los indultos concedidos están condicionados por ley al pago de estas indemnizaciones. Ahora ha iniciado una campaña de crowdfunding para recaudar el máximo posible. “Esto es, además, violencia institucional”, añade.

Su historia comienza cuando la Justicia consideró que la condena previa que pesaba sobre el exmarido por maltratarla durante el matrimonio –21 meses de cárcel– no era un obstáculo para que pudiera ejercer sus funciones como padre. Una jueza incluso llegó a otorgarle la custodia, posteriormente recuperada por Salmerón tras una batalla judicial que terminó después de que la menor fuera escuchada en los tribunales. La conclusión fue que no quería estar con su padre. El pacto de Estado sí propone ahora establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia. Pero ahora hay que adaptar las leyes.

La necesidad de tener trabajo

Luisa, de todas formas, no quiere mirar atrás: “Él lleva seis años sin ver a sus hijos. A mí ya no me da pena de él. Él sabrá. A mí me dejó la autoestima por los suelos, no comía, no dormía, no era yo. A mí no me ha querido nunca. Y ahora lo único que quiero es un trabajo y que mis hijos salgan adelante. El pequeño, cuando aún vivíamos con el padre, no quería ir al colegio, hasta que nos dijo la psicóloga por qué no quería ir. Mi hija la mayor sí es muy estudiosa”, prosigue orgullosa.

Durante los primeros nueve meses tras la separación estuvo viviendo con su hermana. “Él se instaló en la casa y aprovechamos un día de Navidad que no estaba para entrar y quedarnos. Llegó a llamar a la Policía para que nos echaran. Pero claro, le enseñé los papeles judiciales y lo echaron”, recuerda ya con la tranquilidad que le da vivir sin ser esclava de nadie. “Ahora mismo yo me siento desamparada. Después de veintitantos años con él, me decido a dar el paso y no tengo ayuda de nadie. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos?”, pregunta insistentemente Rosa como una letanía. ¿Qué hacen? ¿Dónde van?