La suspensión del régimen de visitas del maltratador entrará en vigor en 2018

El pacto de Estado contra la Violencia de Género ha dado este miércoles su último paso. Las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han cerrado el acuerdo para aplicar las 213 medidas aprobadas a finales de julio en la Comisión de Igualdad del Congreso y aprobada en septiembre por el pleno. «Es un acuerdo histórico. Una hoja de ruta para la lucha contra la violencia de género», destacó la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. «El maltratador se tiene que dar cuenta de que no tiene cabida en la sociedad», recalcó.

La primera batería de medidas, solo 26 de las 213 aprobadas en verano, entrará en vigor a lo largo del próximo año. Son aquellas que no requieren cambios legislativos en profundidad y que hacen especial hincapié en la asistencia y protección de los menores y en la respuesta de las instituciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el primer apartado –ocho niños han muerto este año a manos de personas que, en teoría, las querían, y otros 24 se han quedado huérfanos–, se suspenderán los regímenes de visitas del padre maltratador. También se le impedirá acceder a las grabaciones de la exploración judicial de los menores. Se realizarán estudios sobre la situación de los más pequeños, se reforzará el apoyo y la asistencia y se formará de manera especializada a quienes trabajen con infancia y adolescencia. Una formación que se ampliará a los profesionales de la Administración de Justicia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, abogados y procuradores. En este apartado, se ha marcado como objetivo mejorar los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones.

Educación

También se incorporarán algunas medidas a otro pacto de Estado, el de educación. Mejorar la inspección, prevenir la violencia de género y la violencia sexual en todas las etapas educativas y formar al profesorado son algunas de las medidas aprobadas. Montserrat ha recalcado la importancia de «homogeneizar» los protocolos en el ámbito sanitario (como el de la mutilación genital femenina), punto que se debatirá en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebrará en enero. Asimismo, Gobierno y comunidades apuestan por realizar campañas informativas sobre otras formas de violencia sexual.

Unas primeras actuaciones que ponen en marcha el acuerdo al que llegaron los partidos en el Congreso y que llegan «tarde y mal» según la Plataforma Feminista 7N contra las Violencias Machistas.«Tarde porque, según la propia proposición no de ley que dio luz a este pacto, debería llevar un mes puesto en marcha. Mal porque se hace sin la participación del movimiento feminista y sin clarificar cómo se van a llevar a cabo muchas de las medidas en él contenidas», explicaron en un comunicado. Por su parte, la consejera de Justicia e Interior de Andalucía, Rosa Aguilar, exigió al Gobierno que «planifique» el desarrollo del acuerdo «sin demora».

Un texto que viene con presupuesto, mil millones en cinco años: 400 millones los ejecutarán los ministerios, 500 millones las comunidades autónomas y cien millones los ayuntamientos. Los primeros 200 millones se aseguraron en el Congreso hace un mes, cuando todos los partidos apoyaron una propuesta no de ley socialista para que se confirmarse esa inversión aunque los Presupuestos se prorroguen. «Estarán en el primer trimestre de una manera u otra», afirmó Montserrat.

El pacto amplía el concepto de violencia de género a todo tipo de violencia contra la mujer, desde la mutilación genital, a la trata de mujeres, pasando por el acoso sexual, el proxenetismo o el matrimonio forzado. Además, se establece la creación de unidades de valoración forense en todos los juzgados, un aumento considerable de policías especializados y de centros de acogida, programas de cribado en atención primaria, asistencia jurídica garantizada desde antes de la denuncia, la renovación de protocolos y el aumento del uso de dispositivos para el control de los maltratadores y la formación de todos los profesionales que pueden intervenir para acabar con esta lacra social.

La implantación de un subsidio para víctimas paradas, la supresión del atenuante de confesión del agresor, ejecutar la medida de libertad vigilada hasta que la condena esté vigente o campañas contra la prostitución son otras de las medidas incorporadas a este pacto de Estado.

016. Teléfono de atención a víctimas por violencia de género