Una normativa deja en el paro a profesores de la privada
Un Real Decreto impide a graduados en carreras como Periodismo o Ciencias Económicas ejercer la docencia en algunas asignaturas de Secundaria y Bachillerato
“Cuando me enteré, casi me da un infarto”, dice Elena, que prefiere no dar su nombre real, estudiante del Máster Universitario en Profesor de Secundaria por la Universidad de Valencia. Esta periodista de treinta años y graduada en 2010 por la misma universidad, se enteró hace unas semanas de que el posgrado que empezó el pasado octubre ya no le habilita para dar clase de Lengua y Literatura en centros privados y concertados por un cambio en la normativa. “Me he planteado dejarlo, y eso que para poder cursarlo tuve que renunciar al trabajo que tenía, pero he decidido seguir aunque mi futuro sea incierto”, comenta.
Un Real Decreto aprobado por el Gobierno en 2010 y modificado parcialmente en julio de 2015 estableció los nuevos requisitos para ejercer de profesor de Secundaria y Bachillerato en centros privados y concertados. La normativa impide que los graduados en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad, que pertenecen a la rama de Ciencias Sociales, puedan impartir clases de Lengua Castellana y Literatura o Lengua Extranjera, ya que solo se permite que lo hagan los graduados en Humanidades o Arte.
Graduados en carreras como Ciencias Económicas también han salido perjudicados; hasta 2010 podían dar clase de matemáticas a alumnos de la ESO y de Bachillerato, pero con la nueva normativa solo pueden dar matemáticas aplicadas a las ciencias sociales en Bachillerato. Para la ESO se requiere un grado en Ciencias o en Ciencias Experimentales y de la Salud.
Uno de los requisitos indispensables para ejercer la docencia en centros públicos, concertados y privados es tener el Máster en Formación del Profesorado (antiguo CAP). El problema es que durante los últimos años muchos aspirantes a profesor sin intención de opositar y con el claro propósito de acceder a la privada se han matriculado en ese máster sin saber que la normativa ya no les permite ejercer.
Cambios en la normativa desde 1995
Orden del 24 de julio de 1995. Licenciados, Ingenieros, Arquitectos o aquellos que acreditasen una cualificación específica podían ejercer como profesores para dar clase de ESO y Bachillerato en centros privados y concertados. Para los que no eran profesores o licenciados en Pedagogía, era requisito indispensable el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), que en 2006 pasa a ser el actual Máster en Formación del Profesorado.
Real Decreto 860/2010. La normativa actual, que deroga la orden del 24 de julio de 1995 y se modifica parcialmente por el Real Decreto 665/2015, establece una nueva regulación. El principal cambio fue la sustitución de las titulaciones universitarias requeridas para impartir cada una de las especialidades de ESO y Bachillerato con el objetivo —según el Ministerio de Educación— de adecuarse a las nuevas titulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior tras la aprobación del Plan Bolonia de 1999. Tres son los requisitos para ejercer como profesor: estar en posesión del grado requerido para cada especialidad; tener el Máster en Formación del Profesorado y haber superado un mínimo de 24 créditos relacionados con la materia a impartir o acumular una experiencia de dos años de docencia sobre la materia deseada. Si el candidato no cuenta con el grado universitario exigido, necesitará haber realizado dos cursos (120 créditos) de cualquier grado con asignaturas relacionadas con la materia a impartir.
«Nadie me informó cuando me inscribí en el máster. No soy de Valencia y me estoy dejando los ahorros que tenía para poder cursarlo», cuenta Elena, que pagó 982 euros de matrícula en la Universidad de Valencia y se ha enterado del cambio de normativa a mitad de curso, después de que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) lanzase un comunicado denunciando la situación. Tras las quejas de un grupo de alumnos, la universidad publicó el pasado diciembre en su web una nota informando de los nuevos requisitos exigidos por el Gobierno para ejercer en la privada.
El mismo problema se está dando en algunas universidades privadas. Laura, que no quiere dar su nombre real, ha pagado pagado 5.940 euros por realizar el máster online en la Universidad Internacional de Valencia (VIU), y denuncia que no les advirtieron. «No nos dieron información de las salidas laborales y además me aseguraron por teléfono y email que siendo periodista podía acceder a la especialidad de Lengua y Literatura. Me siento engañada y me voy a informar de si les puedo denunciar por publicidad engañosa», cuenta.
La VIU no se hace responsable. «Nuestro máster está avalado por las agencias de evaluación y no es nuestra obligación informar a los alumnos de todas los cambios que aprueba el Gobierno. No somos responsables de si su intención es presentarse a oposiciones o no», asegura Lucas Milián, responsable de comunicación del centro.
Otras públicas como la UNED o la Complutense sí hacen referencia en su web a la tabla de titulaciones que dan acceso a cada especialidad, publicada en el BOE. «Los periodistas que quieren cursar la especialidad de Lengua y Literatura necesitan, al menos, 120 créditos en algún grado relacionado con Lengua», explica Nuria Carriedo, vicerrectora de Ordenación Académica y Calidad de la UNED. «Las altas tasas de desempleo han conducido a muchos profesionales a dedicarse a la enseñanza, pero hay que conocer bien la normativa», continúa. Para el curso 2016-2017 la UNED recibió 6.000 solicitudes para acceder al Máster en Formación del Profesorado para 600 plazas.
«Al ser una profesión regulada con un máster habilitante asociado, es nuestra obligación advertir a los estudiantes y somos muy estrictos con la admisión», asegura Pilar Herreros, vicerrectora de Estudios de la Complutense.
Aplicación desigual en las comunidades autónomas
Aunque el Real Decreto se aprobó en julio de 2010 para adaptarse a las exigencias del Plan Bolonia, cada comunidad autónoma ha aplicado de una forma la nueva normativa. Madrid y Andalucía son las regiones con el mayor número de profesores afectados, donde la inspección educativa ha emitido el mayor número de informes para deshabilitar a docentes en activo, según los datos de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), una de las mayores patronales de centros privados en España. No existe un registro oficial de afectados, pero desde CECE Madrid señalan que desde 2011 ha habido una media de cinco casos al año en la región. «La mayoría son periodistas y economistas que de la noche a la mañana se han visto sin trabajo», apunta Juan Chávarri, coordinador jurídico de CECE Madrid.
pulsa en la foto María, periodista que prefiere no dar su nombre real, se graduó en el máster en el curso 2010. Consiguió dar clase en tres centros madrileños diferentes, pero en enero de 2017 el colegio en el que estaba recibió una notificación de la Inspección Educativa en el que se le denegaba la acreditación para ejercer al no tener un grado en Humanidades. En junio tuvo que abandonar el centro. Ahora la han contratado en otro colegio. «Saben que tengo un informe previo desfavorable, pero han apostado por el sentido común: tengo seis años de experiencia», asegura. Están a la espera del visto bueno de la inspección.
Para Juan Chávarri, de CECE Madrid, el principal problema es que cada inspector valora la formación académica del candidato de forma distinta. «Hay algunos que consideran válidos 24 créditos en alguna especialización para impartir matemáticas y otros que dan una respuesta negativa para el mismo caso». Por eso, piden al Gobierno que actualice el catálogo de profesiones habilitantes y afine más en la formación necesaria para cada una de las asignaturas, para evitar que el destino de los docentes dependa del criterio del inspector.
Esa misma petición la han realizado desde el Gobierno de Cantabria. «Necesitamos que se actualice el listado de las profesiones que dan acceso a la docencia, ya que cada año aparecen nuevos grados universitarios y tiene que ser el Gobierno el que decida», explica César de Cos, director general de Personal Docente de la Consejería de Educación cántabra.
En algunas comunidades como Cantabria, Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón no se han registrado informes desfavorables de la Inspección Educativa desde la aprobación del Real Decreto en 2010, según aseguran responsables de Educación de estas regiones a EL PAÍS. En Andalucía comenzaron a emitirse informes en 2016 y desde entonces hay más de un centenar de periodistas afectados —30 de los cuales estaban en activo y han sido inhabilitados—, según datos de la plataforma de periodistas afectados.
El pasado 21 de diciembre, en la Conferencia Sectorial de Educación, algunas comunidades solicitaron al Gobierno una actualización de la normativa y la revisión de la tabla de profesiones que dan acceso a la docencia. «Hubo consenso entre las comunidades en el caso de los periodistas y los economistas. Nos trasladaron que lo estudiarán», apunta Miguel Soler, secretario autonómico de Educación e Investigación de la Generalitat Valenciana.
Desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) aseguran a EL PAÍS que «la comisión sectorial de Asuntos Académicos está analizando el problema de la impartición de Lengua Española y Literatura o Lengua Extranjeras por parte de los licenciados y graduados en Periodismo y Comunicación para elevar un informe al Comité Permanente que pueda aportar soluciones».
Los periodistas alzan la voz
“Queremos que se reconozca un derecho que hemos tenido durante muchos años”, reclama Ezequiel García, uno de los impulsores de la Plataforma de Periodistas afectados por el cambio de normativa en Educación. “Solicitamos que haya una modificación del Real Decreto de 2010 y que se reconozcan y sean habilitantes los créditos humanísticos que tiene la carrera de Periodismo, en torno al 40%”, añade.
Gracias al apoyo del Colegio de Periodistas de Andalucía y de la FAPE, en los últimos meses miembros de la plataforma se han reunido con representantes del Ministerio de Educación. “Hemos presentado un escrito para que estudien las incongruencias de la actual normativa y los daños producidos a las personas que tenían su puesto de trabajo y que han sido despedidas tras la aplicación del decreto”, explica Aurelio Martín, vicepresidente de la FAPE.
Además, han conseguido que Ciudadanos presentara el pasado 13 de diciembre una proposición no de ley en la que, entre otros puntos, insta al Gobierno a «obligar a las Universidades que imparten el máster a que publiquen de manera clara y transparente toda la legislación vigente» para que así los alumnos no caigan en engaño. También reclaman que se establezcan «mecanismos de control que impidan que las universidades puedan» ofrecer la especialidad docente a profesionales que después no podrán ejercerla.
