Hacienda presta 19,5 millones de euros a nueve ayuntamientos de Granada

Están en riesgo financiero y Atarfe es la que más recibirá: 14,7 millones para hacer frente a sentencias derivadas de contratos urbanísticos

El ministerio que encabeza Cristóbal Montoro tiene consignados 19,5 millones de euros que llegarán a nueve municipios granadinos en situación de riesgo financiero, según documentación de Hacienda a la que ha tenido acceso este periódico. Lo harán en forma de un préstamo en condiciones de financiación ventajosas. Este dinero tiene su origen en dos fondos distintos que el ministerio elaboró y puso en marcha en el marco del plan de reestructuración de las entidades locales. El pueblo con más necesidad de financiación es Atarfe, que recibirá 14,7 millones del total de 19,5; o, lo que es lo mismo, tres de cada cuatro euros. El origen de esta deuda está en la necesidad de cumplir con sentencias dictadas con carácter firme por conflictos inmobiliarios.

Los nueve municipios

Según la información del Ministerio de Hacienda consultada por IDEAL, los ocho municipios que se acogerán a la financiación a través del Fondo de Ordenación son Almuñécar, Otura, Polopos, Cogollos de la Vega, Lújar, Rubite y Atarfe. Todos ellos, con la excepción de la localidad de la Costa Tropical, recibirán cantidades inferiores al millón de euros. En el caso de Rubite, por ejemplo, la cifra es de apenas poco más de 30.000. Otura recibirá algo más de 600.000, y Almuñécar otros 2,9 millones.

Las razones por las que los ayuntamientos de estas localidades solicitan préstamos son variadas. Polopos y Cogollos de la Vega, por ejemplo, recibirán liquidez para poder hacer frente a vencimientos atrasados relacionados con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP), un mecanismo establecido también durante el fragor de la crisis para tratar de reducir el tiempo que el municipio tarda en pagar a sus suministradores. Según el Real Decreto-ley que regula el Fondo de Ordenación, es necesario que el ayuntamiento haya contraído una deuda superior al millón de euros con este fondo y haya incurrido en impagos para poder solicitar acogerse a este mecanismo de financiación.

Distribución de las ayudas del Estado a los nueve municipios de la provincia de Granada

Otros cuatro requieren esta financiación para hacer frente a adeudos con otros acreedores públicos. Según la ley, estas cantidades deben superar el 30% de los ingresos no financieros del año anterior a su entrada a forma parte del programa de ayudas, y estas cantidades están pendientes de compensación mediante retenciones en la participación en los tributos del Estado, es decir, el dinero que Hacienda recauda de manera generalizada para luego distribuir a cada ayuntamiento para que lo gestione como mejor proceda. Es el caso de Almuñécar, Otura y Rubite. Cogollos de la Vega recibirá por este concepto otros 170.000 euros.

Iznalloz, Lújar y Atarfe requieren este dinero para hacer frente a la ejecución de sentencias judiciales firmes, otro de los supuestos previstos por Hacienda. Según un documento de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, «en principio» no iba a poder dedicarse a compras de suelo público, en previsión de los hoyos económicos que pudiesen generase en algunos ayuntamientos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Así, el ministerio que dirige Cristóbal Montoro estableció una diferenciación entre préstamos «sostenibles» y otros que no lo son, ya que no pueden realizarse «en condiciones de prudencia financiera». Los tres pueblos granadinos entran en esta última categoría de mayor riesgo. Lújar recibirá algo más de 248.000 euros, e Iznalloz, 300.000 justos.

Una plaza de toros por 7 ‘kilos’

A Atarfe, donde más dinero hace falta, llegarán 14,78 millones de euros. La mayor parte, alrededor de nueve millones de euros, se los debe la localidad atarfeña al Banco de Santander por la refinanciación de las obras de la plaza de toros, licitada en 2,7 millones de euros pero cuyo coste real acabó superando los siete. También le debe el Ayuntamiento de Atarfe otros cuatro millones a Visogsa, la empresa de suelo de la Diputación, por las actuaciones del Corredor Verde, así como cantidades más pequeñas a otros promotores y constructoras. En mayo de 2017, los responsables municipales actuales achacaron esta situación a «a política urbanística que se llevó a cabo en los años del boom» inmobiliario.

La excepción la pondrá Churriana de la Vega, único municipio que se adherirá al Fondo de Impulso Económico, un instrumento creado para pueblos que cumplen con sus objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda. Recibirá algo más de 200.000 euros para hacer frente a una sentencia.