Cuando gobiernan las togas

La actuación del juez Llarena y la alta probabilidad de que se amplíe el 155 hasta el verano dificultan no solo una tregua en Cataluña, sino los planes de Rajoy para aprobar los Presupuestos con el PNV. Está en riesgo la estabilidad en toda España

Hace tiempo que Gobierno y oposición en España viven al día. O a la semana. Arrastrados en la dirección que marcan los acontecimientos que no controlan en absoluto. Como señala alguien próximo a Mariano Rajoy, «cuando las togas entran en acción, olvídate, no hay nada que hacer». Hace tiempo que el juez Pablo Llarena dio señales inequívocas de haberse echado a sus hombros el Estado de derecho. O, por mejor decir, Llarena y el Tribunal Supremo lideran sin piedad el combate del Estado contra quienes han pretendido desguazarlo. Nada extraño, puesto que desde la primera declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña (enero de 2013) el Gobierno del PP dejó en manos de los jueces y del Código Penal la respuesta al desafío de las autoridades catalanas, convertidas a la fe independentista.
El auto de Llarena es una prueba de cargo de la incapacidad de los poderes políticos para detener la rebelión. El juez relata con todo detalle los acontecimientos de los últimos siete años, en los que el independentismo catalán fue dando pasos de gigante en su desobediencia a las instituciones del Estado. A falta de actuaciones políticas, la ley ha seguido su camino -con los ojos vendados- hasta llegar al comienzo de la primavera de 2018, en la que los jueces y el Código Penal han puesto entre rejas al procés, pero también han colocado un gigantesco obstáculo en el horizonte político del presidente del Gobierno. El interés del Estado ha acabado chocando con los intereses y los afanes de la coyuntura política. Si por el Gobierno fuera, no habría políticos encarcelados. Una realidad -producto de la democrática división de poderes- que sin embargo afecta a la normalidad democrática y a la gobernabilidad política de España. Gobierno, Ciudadanos y PSOE se cuidan mucho de opinar sobre la actuación de Llarena, cuyos escritos exceden el Código Penal para entrar en valoraciones políticas y hasta psicológicas de los encausados.

Las voces de Podemos y los nacionalistas vascos son las únicas que se atreven a cuestionar al juez. Bueno. También el ex presidente Felipe González. En la presentación del libro de Joaquín Almunia, González expresó el ruego de que Llarena no metiera en la cárcel a nadie. Con la libertad que le da su condición de líder de Estado jubilado de la política, se expresó con claridad. «Nos amparamos en las togas porque como políticos somos unos inútiles. Una vez que ese proceso llega a un determinado punto de saturación, la Justicia empieza a tomar decisiones políticas. Eso se llama gobierno de los jueces».
Acostumbrado a vivir en el alambre sin perder la compostura, Rajoy ha pasado esta semana de considerar expedito el camino de la aprobación de sus Presupuestos a no saber en qué situación llegará al verano.

Sucedió en cuestión de horas. El martes por la noche, el presidente del Gobierno se fue a la cama con el ánimo optimista. Transcurridos tres meses desde las elecciones catalanas del 21-D, la mayoría independentista había activado el llamado plan C. Después de las frustradas candidaturas de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez, Jordi Turull emergía como aspirante verosímil a la Presidencia de la Generalitat y la sesión de investidura se celebraría en Semana Santa. Diputados del PP, PDeCAT, PNV y hasta del PSOE celebraron lo que parecía el desbloqueo de Cataluña y la perspectiva del retorno a una cierta normalidad. Turull no tenía obstáculos legales para ser elegido president. Al menos durante unos meses, los justos para levantar el 155 -cuántas ganas tiene el Gobierno de librarse de ese cáliz- y así remover el obstáculo que impide al PNV negociar y aprobar las cuentas del Estado.

HSin embargo, a cinco kilómetros del optimismo de La Moncloa, el juez Llarena preparaba en el Supremo el asalto final contra los líderes independentistas. El miércoles por la mañana, el optimismo de Rajoy y el optimismo de Turull -que, paradojas del destino, eran coincidentes- saltaron por los aires. El magistrado convocó para el viernes al candidato y a otros colegas de la causa, con el fin de notificarles los procesamientos por diversos delitos. Rebelión entre ellos. Los planes de La Moncloa sufrieron un vuelco. «Olvídate. Cuando entran las togas, ya no hay nada qué hacer…».
La mayoría independentista reaccionó al movimiento del juez convocando para el día siguiente la sesión de investidura de Turull. La CUP ayudó al juez a dar el tiro de gracia al negarse a votar al aspirante a la Presidencia de la Generalitat. El viernes por la mañana fue aún peor. Mientras se reunía el Consejo de Ministros y el candidato frustrado y los declarantes esperaban en el Supremo, se conoció la fuga de Marta Rovira. La suerte carcelaria de Turull y los demás estaba echada.
La cárcel -no la aplicación del 155- ha descabezado el procés. Las caras tristes, atónitas, confundidas, asombradas y desconcertadas de los diputados y diputadas soberanistas en el Parlamento catalán en el Pleno de ayer son la fotografía de este inmenso fracaso. Descabezados los partidos que lo lideraron, en una esquina discreta se situó Artur Mas. Con él empezó todo. Y cuando quiso frenar la escalada, ya no pudo.
Desbaratado el plan C del independentismo, el artículo 155 continúa en vigor y el reloj hacia unas nuevas elecciones se ha puesto en hora con el Pleno de la amarga no investidura de Jordi Turull. El escenario de la legislatura nacional pasa a depender ahora de que los partidos soberanistas encuentren un plan D para presentar un candidato viable.
Los esforzados diputados de ERC Joan Tardá y Gabriel Rufián ya han solicitado a Carles Puigdemont y Toni Comín que renuncien a sus escaños para permitir que Cataluña recupere el autogobierno. Para ello será necesario que «la esfera psicológica interna» -por usar el concepto de Llarena- de los líderes suplentes del independentismo sea sacudida por un «elemento potente».
El desenlace carcelario del procés le llega al presidente del Gobierno precisamente en el momento clave para desencallar la legislatura y tirar hasta el año 2019. Los Presupuestos que el Consejo de Ministros aprobará el Martes Santo son la llave que abriría un periodo de cierta normalidad política. Lo dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: «Los Presupuestos son la máxima expresión de la vida política en España». Esta normalidad política está en suspenso porque la repetición de elecciones en Cataluña en el mes de julio -probabilidad muy alta en este momento- prolongará el 155 hasta el verano. Y los máximos dirigentes del PNV -cuyos votos son imprescindibles para aprobar las cuentas- han establecido como condición sine qua non para dar luz verde a los Presupuestos el levantamiento de la excepcionalidad constitucional en Cataluña. De no mediar un «elemento potente» en la «esfera psicológica» de Iñigo Urkullu, Rajoy está ante el enésimo lío decisivo de su vida política.

LUCÍA MÉNDEZ | Madrid

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