El machismo condena a la mujer

El fallo judicial número 000038/2018 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra está llamado a ser considerado la peor sentencia del año contra la Igualdad, que concede la prestigiosa organización internacional Women’s Link Worldwide, por votación popular, con el fin de visibilizar el impacto de las decisiones judiciales en la vida de las mujeres. La organización ya ha pedido formalmente que se sancione al juez que emitió el voto particular.

Extracto de la sentencia. IndeGranada

De confirmarse, tomará el relevo de la dictada en Granada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que rebajó en 8 años la pena a un hombre que mató de 30 puñaladas a su pareja, por considerar el Alto Tribunal que no hubo ensañamiento.

La Justicia, hasta ahora a salvo de las protestas multitudinarias, es objeto de la primera gran contestación social en la calle, impulsada por las mujeres, la ola feminista imparable, por una sentencia impropia, que permitirá a los machos de La Manada obtener su primer permiso penitenciario en tan solo ocho meses, si no rectifican los tribunales superiores y endurecen las penas.

La indignación explota por un fallo judicial con consecuencias colaterales: ¿Qué mensaje traslada a las mujeres ante casos de violaciones? ¿Cuántos muros derribados vuelve a levantar en la lucha por la Igualdad y contra el terrorismo machista?

El machismo, la peor sentencia contra la mujer

La de Navarra es el paradigma del hartazgo de sentencias que cuestionan las denuncias de mujeres cuando de violación se trata. No son todos los jueces ni sucede en todos los procesos, pero es indudable que ocurre más de lo deseable, -que debería ser nunca- que el relato de la mujer sea cuestionado bajo el prisma de los prejuicios y estereotipos machistas que perduran en la judicatura española.

Puede que sean menos pero siguen dictándose. Y de aquellas lamentables decisiones judiciales de los noventa que llegaban a justificar la violación de una mujer porque llevaba minifalda o ropa ajustada s ha pasado a otras igual de desafortunadas pero con un lenguaje políticamente correcto, faltaría más. O no, como aquella jueza titular del juzgado de Violencia de Género de Vitoria que en 2016 preguntó a una víctima en un juicio: «¿Cerró usted bien las piernas para evitar una violación?», lo que motivó la petición de la Asociación Clara Campoamor ante el Consejo General del Poder Judicial para que fuera suspendida.

Infinidad de denuncias de otros delitos cuya verosimilitud no se cuestiona. No suele haber dudas en el relato de un atraco, por ejemplo. Sin embargo, se da pábulo a la idea de que hay mujeres que denuncian violencia para obtener ventajas, a pesar de que los datos demuestran tozudamente que esto no es así.

Pero a las mujeres víctimas de violencias de género se les exige más, mucho mas: una precisión milimétrica cuando deben describir los hechos, sin tener en cuenta la situación anímica o psicológica por la que están pasando. Es común que por ello, las mujeres sufran la denominada victimización secundaria, que genera la maquinaria del propio sistema judicial.

Todo se le cuestiona, incluso si puede rehacer su vida después de semejante impacto físico y emocional: ¿Cómo, si no, se puede admitir como prueba el seguimiento de un detective privado a la víctima de La Manada?

Corporativismo que requiere sensibilidad

Pocos grupos profesionales tan corporativos y cerrados como el de los jueces y juezas. Alcanza la condición de pertenecer para siempre al tercer poder del Estado tras obtener la licenciatura en Derecho y aprobar unas durísimas oposiciones que en la mayoría de los casos les lleva años de dedicación, y preparados casi siempre por un juez, en clases muy bien remuneradas, -lo que excluye del acceso, generalmente, a estudiantes humildes, que sacan la carrera con becas-.

Nadie le pregunta al aspirante de juez o fiscal si es demócrata, partidario del totalitarismo o la revolución social; si es practicante de esta o aquella religión. O es machista o racista. Pero son los únicos que te pueden juzgar. Y aplican la Ley, se supone que a rajatabla.

La judicatura en bloque exige respeto a la decisión judicial, a la que se suman los fiscales, que también creen desproporcionadas y con falta de rigor las críticas, aunque también voces de rechazo al fallo, por el contrario, de un grupo de jueces y juezas.

El perverso matiz para diferenciar ambos delitos es que para ser agresión–con penas más duras- debe probarse además de la falta de consentimiento, el empleo de violencia o intimidación, lo que el tribunal rechaza, con un voto particular, que añade crueldad a la espeluznante violación en grupo ocurrido en San Fermín en 2016, que pedía la absolución y solo multar por el robo del móvil

Pero la mayoría de los comentarios de la propia judicatura -de apoyo y critica- coinciden en que los tres magistrados de la Audiencia de Navarra se han limitado a aplicar la ley, en un caso que dicen complejo, por la decisión de decidir si se trataba de agresión o abuso, por lo que finalmente se decidió el tribunal.

Y sin embargo, por el relato de hechos probados pudo considerar el tribunal que el miedo que sintió la víctima ya era muestra de intimidación y, por tanto, agresión sexual.

Para evitarlo, piden en masa modificar la tipificación de delitos en el Código Penal para que legalmente la violación sea considerada como lo que la ciudadanía entiende como tal: una penetración no consentida por la víctima. No es No. Lo que se clama en la calle. Muestra de que la ciudadanía que va por delante de la Política y el Ejecutivo, también le saca un largo trecho al Poder Legislativo y Judicial. Es decir, muy por delante de los tres poderes del Estado.

Los partidos se suman a la petición, incluso el Gobierno -en campaña, todos- está dispuesto hasta estudiar la modificación del Código Penal. Mención aparte la del presidente del Tribunal Supremo -al que puede llegar el caso en apelación- y del CGPJ, Carlos Lesmes, que defendió al tribunal de La Manada y consideró que las críticas “comprometían” la confianza en la Justicia. ¿Y no la compromete más, decisiones judiciales como esta?

Si solo fuera aplicar las leyes, un potente software informático en el que se pudieran introducir todas las variables de todas las posibles denuncias y que se cruzaran con delitos, códigos, jurisprudencia en un Big Data gigantesco podría ahorrar demoras y aplicar sentencias extremadamente justas y ahorra todo el sistema judicial. Pero es descabellado, ¿verdad? Hay matices y sensibilidades, también en la aplicación de la Justicia

Hasta lo jueces salen ya a la calle para reivindicar justas reivindicaciones, entre ellas, escasez de medios notables. Pero han rechazado la autocrítica de sus decisiones, pocas veces cuestionadas. Y para que la Justicia sea justa, además de la rapidez en la respuesta, debe haber garantía de Justicia. Garantista, sí, pero sensible con la víctima que sufre el horror de las violencias de género, por ejemplo.