La Estrategia Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social actuará en ATARFE con población vulnerable
Sánchez Rubio informa que la Junta destina en Andalucía más de 169,5 millones para mejorar la vida de más de 900.000 personas en áreas desfavorecidas
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presentado hoy la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, donde ha informado que este plan actuará en Granada en 13 zonas de 9 municipios con población vulnerable y en las que residen más de 122.000 personas.
Sánchez Rubio ha detallado que las zonas en las que se actuará serán los barrios de El Barranco y La Cañada (Atarfe), Cuevas de Baza (Baza), Santa Ana (Fuente Vaqueros), Distrito Norte y Santa Adela (Granada capital), Cuevas de Guadix (Guadix), Las Cuevas (Huéscar), La Peña (Iznalloz), Alcazaba y Alfaguara (Loja), Huerta Carrasco, San Antonio-Ancha y Varadero-Santa Adela (Motril) y las barriadas de Las Flores, Las Cuevas y Cerro Fáquila (Pinos Puente).
La estrategia arranca en 2018 con algo más de 37,2 millones de euros a través de dos convocatorias de ayudas. La primera, de casi 28 millones de euros, se dirige a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, para entidades privadas sin ánimo de lucro, contará con más de 9,3 millones de euros.
Con respecto a la primera de estas convocatorias, la provincia de Granada recibe en 2018 para el Diseño y Elaboración de Planes Locales de Intervención en zonas desfavorecidas más de 108.000 euros, mientras que para la implantación, desarrollo y ejecución de las Estrategias Locales de Intervención en las zonas desfavorecidas, previa disposición del Plan Local de intervención, a través del refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios, va a recibir más de 3,8 millones de euros.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha explicado que “las zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros”.
También ha especificado que “la intervención se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias. Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria”.
Entre las medidas concretas que se desarrollarán destacan las dirigidas a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.
El proyecto se desarrollará a través de Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que elaborarán los ayuntamientos y, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales. Serán aprobados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con una duración mínima de cuatro años e incluirán un diagnóstico de la zona, las medidas par alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.
La Estrategia, de carácter transversal y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, abarca las distintas políticas sectoriales que las administraciones autonómica y local desarrollan en estos territorios, entre las que destacan las relativas a la inserción socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de exclusión social. En su elaboración han participado las consejerías con competencias en educación, salud, empleo, vivienda y justicia, así como el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Además se han tenido en cuenta más de 400 entrevistas realizadas a los agentes sociales de cada zona.
