El bono social se encamina a perder hasta el 58% de sus beneficiarios
L´HOSPITALET 25/11/2014 POBREZA ENERGETICA FAMILIA DE HOSPITALET TERESA FOTO FERRAN NADEU
Las eléctricas prevén un millón de hogares en octubre, frente a los 2,5 estimados por el anterior Gobierno.Ribera simplificará el trámite, ampliará los perceptores potenciales y estudia que el sector deje de financiarlo
El bono social, que supone un descuento de hasta el 100% en la factura de la luz para los hogares con menos recursos, se encamina a perder hasta un 58,4% de sus beneficiarios. Cuando el Gobierno de Rajoy cambió su regulación en octubre del año pasado, unas 2,44 millones de familias recibían esta ayuda, el 13,2% de las que hay en España. Según estimaciones de las compañías eléctricas, el próximo 8 de octubre, cuando finaliza el plazo para apuntarse al nuevo sistema, el número de perceptoras habrá caído a entre 1 y 1,1 millones, en torno al 5,4% del total. El brusco descenso supone que cientos de miles de hogares recaigan en la pobreza energética, lo que ha alarmado al Ministerio de Transición Ecológica. El departamento que dirige Teresa Ribero prepara varias medidas para tratar de alcanzar al menos los 1,5 millones de beneficiarios, además de no descartar ampliar dicho plazo para aumentar aún más la cifra.
La evolución de los perceptores pone en evidencia el fracaso del sistema creado por el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal. Cuando aprobó el cambio del modelo, calculó que beneficaría a 2,5 millones de hogares. Esta cifra ya partía de la asunción de que solo el 45% de los 5,5 millones de potenciales beneficiarios que cumplían los requisitos pediría acogerse a la ayuda, pues juzgaba «improbable que la totalidad» de ellos la solicitase. En marzo, el Gobierno de Rajoy se vio obligado a prorrogar en seis meses el final del plazo, previsto inicialmente para principios de abril, ya que al cierre de febrero solo 108.028 consumidores estaban adscritos al nuevo sistema. A finales de mayo, la cifra apenas había subido a 542.733 y, según las estimaciones de las eléctricas, actualmente ronda los 650.000.
El departamento de Nadal aseguró que el bono iba a ser «más que suficiente» para proteger a «todas las personas con riesgo de pobreza energética». Así, argumentó que Eurostat, la institución estadística de la Unión Europea, mide esa pobreza según el porcentaje de población que tiene atrasos en el pago de sus suministros energéticos (9% en España) y que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada (10%), con lo que unos 4,5 millones de personas estarían en esa situación en el país. Teniendo en cuenta que hay 2,5 personas por hogar y que el Ministerio preveía 2,5 millones de familias beneficiadas, eso suponía que 6,25 millones de personas iban a estar cubiertas. Sin embargo, si finalmente son un millón, solo habría 2,5 millones de ciudadanos beneficiados, con lo que dos millones quedarían desprotegidos.
Culpa de Nadal
Las compañías culpan de la situación al anterior Gobierno. «Está mal diseñado», resume un alto ejecutivo de una de las principales empresas. Las eléctricas tramitan las solicitudes, pero es el Estado el que valida que los usuarios tienen derecho a la ayuda. La tasa de aceptación no es mala, ronda el 70% de las solicitudes, pero las compañías critican que la cifra de beneficiarios es baja por culpa del complejo proceso creado por Nadal. «La administración es lenta, los requisitos son poco claros y el Gobierno no ha dado prácticamente información a los potenciales candidatos», explica otro directivo.
La ministra Ribero ha tomado cartas en el asunto. «El porcentaje de acogidos al nuevo sistema es ridículo«, lamentó hace unos días tras criticar las «grandes dificultades burocráticas» para pedirlo. Fuentes del Ministerio explican que el Gobierno va a simplificar los trámites para hacerlos más accesibles y va a ampliar el colectivo de beneficiarios creando un nuevo grupo. Actualmente existen tres: consumidores vulnerables (25% de descuento en la factura), vulnerables severos (40%) y en riesgo de exclusión social (100%). Su idea es crear un cuarto tipo, al que en principio llamará de pobreza energética y en el que incluirá a hogares con pocos recursos pero en una situación algo menos grave que los vulnerables.
Además, va a lanzar en septiembre y octubre una campaña de publicidad en radio y televisión que el anterior Ejecutivo no llegó a poner en marcha pese a haberla anunciado y con la que espera llegar al menos a los 1,5 millones de hogares. Paralelamente, está estudiando cómo financiarlo y cabe la posibilidad de que lo asuma el Estado. Actualmente lo hacen las eléctricas, tras un cambio legal aprobado por el anterior Gobierno, pero las empresas lo han llevado a los tribunales y la justicia ya les ha dado la razón en ocasiones anteriores. Nadal calculó que la ayuda a 2,5 millones de hogares tendría un coste de 235,6 millones. Si finalmente son un millón, bajaría a 94,2 millones. Pero la cifra final dependerá del éxito de la campaña del actual Ejecutivo y del impacto de la ampliación de los beneficiarios.
Requisitos para beneficiarse del bono social
El actual sistema del bono social establece tres grupos de beneficiarios, que deben estar acogidos a la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC). Los primeros son los consumidores vulnerables, que tienen un descuento del 25% en la factura de la luz. Se trata de hogares con una renta anual conjunta máxima de entre 11.279 y 18.779 euros, según el número de miembros. También los jubilados con la pensión mínima y las familias numerosas, tengan la renta que tengan.
El segundo grupo es el de los vulnerables severos, con un descuento del 40% para unas rentas anuales de entre 5.640 y 9.340 euros, además de jubilados con pensión mínima y una renta familiar máxima de 7.520 euros y familias numerosas con hasta 15.039 euros. El límite de renta cuando existan personas con una discapacidad igual o superior al 33%, víctimas del terrorismo o víctimas de violencia de género se eleva en 3.760 euros. El consumo subvencionado para estos dos grupos tiene unos límites anuales que van de los 1.200 a los 3.600 kilovatios hora. Por encima de ellos se paga la tarifa normal.
El tercer grupo es el de consumidores en riesgo de exclusión social y lo forman aquellos hogares vulnerables severos a los que, además, los servicios sociales sufragan al menos la mitad de la factura. En esos casos, no pagan nada, ya que las eléctricas deben asumir el resto, y por tanto no se les podrá cortar la luz. Los otros dos colectivos tienen cuatro meses desde el primer impago para ponerse al día, en lugar de los dos meses del resto de consumidores.
Uno de los beneficios del bono social de electricidad es que permite a sus usuarios disponer de facturas eléctricas más claras, “sin letra pequeña”, según la información oficial, en las que lo que se paga por la electricidad consumida es directamente el precio de la energía más impuestos y peajes, sin incluir otros productos o servicios adicionales.
Los beneficiarios del bono social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores (un periodo de cuatro meses desde la primera notificación de impago, frente al plazo general de dos meses).
El Gobierno tiene una web que explica los requisitos y los trámites para pedir el bono social y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene otra para saber si se es un beneficiario potencial y poder solicitarlo.
