Próximas batallas en el calendario andaluz

El endiablado tablero político andaluz surgido de las elecciones del 2 de diciembre se encamina, atropellado, hacia la incierta formación de Gobierno. Los candidatos de PSOE, PP y Ciudadanos – Susana Díaz, Juanma Moreno y Juan Marín– ya han adelantado su intención de pilotar el próximo Ejecutivo sin barajar que sea otro quien ocupe ese asiento. Antes de llegar al atolladero de los debates de investidura y del probable bloqueo de Gobierno, hay un paso intermedio ineludible que va a dibujar el primer retrato de la décimo segunda legislatura andaluza: la constitución del Parlamento autonómico tendrá lugar el próximo 27 de diciembre.

Los 109 diputados electos tomarán posesión de su escaño, jurando o prometiendo el cargo. El partido de extrema derecha Vox no sólo habrá consumado su primera incursión en una Cámara legislativa autonómica en España, cuyo programa político propone desmantelar. Además, uno de sus 12 parlamentarios ocupará necesariamente uno de los siete sillones de la Mesa del Parlamento andaluz, órgano rector de la Cámara. El artículo 36 del reglamento establece que «todos los grupos tendrán derecho a estar presentes en la Mesa».

Dos meses desde el primer debate

La ley establece dos meses de plazo para formar Ejecutivo desde el primer debate de investidura. Si en ese plazo ningún candidato logra los votos necesarios (más síes que noes), el presidente de la Cámara deberá disolver inmediatamente el Parlamento y volver a convocar elecciones. Pero hay otra clave: el Estatuto de Autonomía no estipula un plazo máximo para fechar el primer debate de investidura, y mientras el presidente del Parlamento no lo convoque, el reloj de la legislatura no echará a andar.

El control de estos tiempos va a ser fundamental en un Parlamento tan atomizado, con un sudoku político tan difícil de encajar, y con la presión de la proximidad de las siguientes citas electorales: municipales, otras autonómicas, europeas en mayo, y la incógnita de un posible adelanto de las generales. La composición de la Mesa y la elección del presidente de la Cámara será determinante para el futuro inmediato de esta legislatura. Si no hay un acuerdo previo de las fuerzas de oposición, Susana Díaz volverá a intentar hacerse con el control de este órgano, y acortar o alargar los tiempos, con la mirada puesta en los comicios de la próxima primavera. Ninguna fuente consultada en el PSOE descarta la posibilidad de una repetición de las elecciones autonómicas.

Siete miembros

La Mesa del Parlamento es un órgano fundamental para el control y la dirección del aparato legislativo, que hará de contrapeso al próximo Gobierno andaluz. Desde ahí se marca el ritmo parlamentario, se fija el calendario político, el plazo de las leyes y los debates. En 2015, a sabiendas de que tendría un Gobierno en minoría, el PSOE amarró la Presidencia del Parlamento para evitar sobresaltos de la oposición durante el mandato. Susana Díaz se benefició de la inexperiencia de los nuevos partidos -sobre todo Podemos- que no peleó por ese puesto para evitar que Ejecutivo y Legislativo estuvieran en manos del mismo grupo. Lo pagaron caro el resto de la legislatura, porque los socialistas empezaron a vetar desde el principio los debates sobre sus iniciativas parlamentarias. La formación morada tendría que haber sumado sus votos a los del PP para arrebatar el control de la Mesa al PSOE, y no se atrevió a empezar su andadura política sellando un primer pacto con la derecha.

Esos remilgos entre unos y otros y la bisoñez de los grupos emergentes los aprovechó Susana Díaz para poner al timón del Parlamento a tres secretarios provinciales del PSOE, uno de ellos presidente, Juan Pablo Durán. Ahora, mientras sus rivales hacen cábalas sobre quién pilotará el próximo Gobierno, Díaz está pergeñando cómo hacerse con el control de la Mesa, aunque lo tiene más complicado que en 2015.

El 27 de diciembre, los cinco partidos con representación -PSOE, PP, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox- se tienen que repartir los siete sillones de la Mesa del Parlamento en función de sus resultados electorales. Éste será el primer momento clave de la legislatura. En 2015, el PSOE colocó a tres miembros (incluida la presidencia), y PP, Podemos, Ciudadanos e IU uno cada uno.

El cálculo de cuántos sillones le correspondía a cada partido lo hizo el presidente de la Mesa de Edad, que es quien preside la Cámara hasta que se constituye el órgano de dirección. En 2015, ese puesto lo ocupó el veterano Luis Pizarro, que hizo una interpretación del resultado electoral muy beneficiosa para el PSOE, desatando la primera bronca monumental del mandato.

El PP denunció que con sus 33 diputados habían obtenido la misma representación en la Mesa que IU (con cinco escaños), y maniobró para que el sillón de la coalición de izquierdas fuera ocupado por uno de los suyos. El resto de fuerzas se negó, apelando al artículo 36 del reglamento. Los populares recurrieron la decisión ante el Tribunal Constitucional, alegando que la Mesa había «infringido el derecho fundamental a la participación política» de la diputada popular que debía ocupar ese puesto, Patricia del Pozo. Muy entrada la legislatura, el Constitucional terminó dándole la razón al PP, primando los derechos de la diputada sobre el reglamento de la Cámara, que estipula que todos los grupos deben estar representados en la Mesa.

La composición del nuevo órgano rector del Parlamento difícilmente dejará fuera a Vox, usando el criterio que el PP llevó al Constitucional, porque ahora el reparto de poder está más equilibrado. El color político del presidente de la Cámara será fundamental. En el pasado, casi siempre que el PSOE ha estado en minoría, ha delegado ese puesto a su aliado: el Partido Andalucista e Izquierda Unida. Ahora Díaz podría usar el mismo criterio o tratar de reservarse este puesto, si ve claro que PP, Cs y Vox llegan a un acuerdo de Gobierno. En todo caso, las fuerzas de derechas suman mayoría en la Mesa, y dejan poco margen de maniobra a PSOE y Adelante Andalucía.

Las elecciones del domingo han arrojado un órgano legislativo más atomizado aún de lo que ya estaba. Es el mismo número de partidos -cinco- pero con el reparto de fuerzas más equilibrado que nunca, lo cual hace que todos los dirigentes se traten de igual a igual y presenten sus credenciales electorales para gobernar. Entre el primero (PSOE) y el último (Vox) sólo hay 17 puntos de diferencia. Los cinco partidos superan la franja de los diez diputados, de modo que el espacio para presentar iniciativas parlamentarias está muy repartido (proposiciones de ley, mociones, solicitudes de comparecencia o comisiones de investigación…). Vox cuenta con más espacio para sus políticas del que tuvo Ciudadanos en la pasada legislatura, y el mismo peso que ostentó IU cuando cogobernó con el PSOE entre 2012 y 2015.