Los desahuciados del alquiler

A Iryna Palyanytsya solo se le quiebra la voz en una ocasión ante uno de sus recuerdos más dolorosos. Esta mujer, nacida hace 39 años en Ternópil (este de Ucrania), relata apresuradamente el proceso por el que se vio desahuciada junto con su compañero y cuatro hijos. Sentada en un banco frente al piso del que fue expulsada, en el barrio de Orcasitas de Madrid, cuenta cómo su pareja perdió el empleo, cómo ella buscaba más casas donde limpiar, cómo la pareja dejó de serlo aunque seguían conviviendo, cómo pedía comida y, en suma, cómo las cuentas no les daban. Al llegar al pasado 13 de diciembre se para. “No puedo recordar este día”, se disculpa. Tras secarse las lágrimas, ella misma se anima a seguir: “Me quedé fuera mientras un cerrajero cambiaba la cerradura, no sabía dónde ir y me llevaron a un albergue”.

Palyanytsya nunca soñó con ser propietaria. Nunca se hipotecó antes de que las cosas se torcieran. Nadie puede acusarla de dejarse llevar por la fiebre del ladrillo o vivir por encima de sus posibilidades. Su error fue dejar la habitación de un piso compartido para irse a uno entero con su pareja, un hijo de este, una hija en común y una hija que ella tenía en Ucrania y se vino a España. Además, se quedó embarazada. “Ya necesitábamos un piso”, resume como justificándose. Se mudaron en marzo de 2016 a un alquiler de 600 euros más gastos. 21 meses después pasaban a engrosar la lista de desahuciados en España. Lo hacían en el epígrafe más común: Lanzamientos practicados derivados de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos). Así figura en la estadística judicial.

Los desahucios por alquiler hace años que superan a los derivados por impagos de hipoteca (ver cuadro adjunto) y cada vez se separan más. Según los últimos datos, los lanzamientos de inquilinos representaron el 185% de los procedentes de hipotecados. La proporción, casi el doble, nunca había sido tan alta. “La mayoría se producen por impagos de alquiler”, explica Aner Uriarte, decano de los jueces de Bilbao. Su colega Pedro Viguer, decano de los jueces de Valencia, ahonda en las causas: “Al encarecerse el alquiler, según vemos en los medios, muchas familias pueden tener problemas. Pero es que además la LAU establece plazos muy cortos, con lo que el contrato se renueva mucho”.

El diagnóstico, a grandes rasgos, lo comparten las asociaciones. Paco Morote, portavoz de la PAH, incide en la reforma de la LAU que hizo en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy para reducir a tres años la duración de los contratos. Natalia Palomar, abogada de Provivienda, apunta además a una modificación de las normas de enjuiciamiento que aprobó el último Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero, en octubre de 2011. Desde entonces, un inquilino puede ser desahuciado sin siquiera celebrarse un juicio. Esto significa para Morote que “el reconocimiento de derecho no ha llegado al inquilinato y les desprotege por impago o por vencimiento de contrato”. Más técnica, la letrada ilustra que “es derecho privado puro y duro, no se aplica el derecho de consumidores y usuarios”. “Tal y como está la ley, no hay nada que hacer”, se lamenta Palomar.

“Suspender un lanzamiento es más complicado en situación de arrendamiento porque tenemos dos partes iguales”, admite el juez Viguer. Ante impagos de hipoteca, explica, “existen cláusulas abusivas o posibilidad de pactar un alquiler social”. Muchos bancos han preferido ir a procedimientos ordinarios y por eso no aparecen en la estadística. Pero cuando un inquilino no paga, el proceso es rápido porque “supone un perjuicio también para el arrendador, que tiene derecho a cobrar”. Los magistrados, recuerda el decano de Valencia, han pedido en varias ocasiones “tener oficinas de asistencia social al menos en los grandes edificios judiciales”.

El pacto es ahora la única posibilidad del inquilino. Palyanytsya, con la policía ya en la puerta, logró tres semanas más para organizarse. Rosa María Padrón consiguió 60 días. Tenía un bebé de un mes cuando se celebró su juicio. Al contar lo que le pasó, esta mujer de 45 años tampoco clama contra ningún fondo o gran propietario. Lo que relata es una mala racha. Empieza igualmente con la pérdida de empleo de su marido. Su único hijo tiene ahora cinco años. Fue “un milagro” que obligó a centrar la economía familiar en un embarazo de riesgo. Vivieron con menos de 400 euros al mes, una pensión que ella cobra por una depresión que arrastra más de dos décadas. Al teléfono relata serena todo lo que han pasado hasta llegar al piso, en un alquiler mediado por Provivienda, donde viven en Santa Cruz de Tenerife. Llegaron a estar “literalmente tres días debajo de un puente”, pero la narración únicamente se quiebra al recordar un momento: “Solo me dolió que tuve que dejar la cuna del niño, tuve que dejar muchas cositas de él”.

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