PP y Ciudadanos cierran un pacto de 90 medidas con acento social para intentar gobernar Andalucía

El PP y Ciudadanos han cerrado por completo en Nochebuena el acuerdo sobre el programa con el que quieren gobernar Andalucía la próxima legislatura. El pacto contiene 90 medidas, entre las que destaca un importante bloque de regeneración y transparencia y otro de carácter social, que busca atender en especial las reclamaciones que el sector sanitario andaluz había planteado al Gobierno de Susana Díaz. Ambos partidos se comprometen a equiparar salarialmente a los profesionales sanitarios y docentes de Andalucía con la media nacional y a implantar la educación gratuita de cero a tres años esta legislatura. Esta última era la propuesta estrella del PSOE para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre.

El pacto bebe sobre todo del programa del partido de Albert Rivera y tiene un marcado acento social, sin guiños a Vox, la formación de extrema derecha a la que el PP pide que facilite el futuro Gobierno en la investidura. Este partido ha condicionado su apoyo a que se atiendan una serie de medidas, como la derogación de las leyes de violencia de género y de memoria histórica, la devolución de las competencias de Sanidad y Educación al Estado (algo que solo podría hacerse con una reforma del Estatuto de Autonomía) y la repatriación de los inmigrantes ilegales.

No hay nada parecido en el acuerdo de PP y Ciudadanos, cuando no contrario, como en el caso de la violencia de género. El futuro Gobierno impulsará «un gran acuerdo contra la violencia de género» en Andalucía «que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la ley 7/2018 (la ley andaluza contra la violencia machista)». Esta medida choca de plano con el programa de Vox, que lleva como bandera la derogación de esta ley, así como de la norma estatal. La única iniciativa que podría entenderse como similar a Vox es la que se refiere a la radiotelevisión pública andaluza. PP y Ciudadanos crearán un grupo de expertos para estudiar el «redimensionamiento» de la televisión pública, de la que Vox pide que se «suprima al máximo» su financiación.

El acuerdo programático busca favorecer a los funcionarios de la sanidad y la educación, con el compromiso de equiparar el sueldo a profesores y médicos con la media nacional; y mejorar la sanidad y la educación, con el objetivo de reducir «de forma efectiva» las listas de espera (aunque sin asumir una cifra concreta); y de luchar contra el abandono escolar con un plan específico junto con otro de refuerzo de matemáticas y lectura.

La universalización de la educación gratuita de cero a tres años es la medida social de mayor impacto, por concreta y amplia. El acuerdo —y el compromiso— es hacerlo en esta legislatura, y supondrá, de llevarse a cabo, un avance importante porque hasta ahora el índice de cobertura pública se sitúa en el 48,57% de la población de cero a tres años, según los datos del Gobierno saliente del PSOE. En materia educativa ambos partidos asumen también la defensa de la educación concertada, extendiéndola al bachillerato, y promoverán la Formación Profesional, con un plan en el que sostienen que conseguirán «que se cubra la demanda» de plazas, el principal problema de este tipo de enseñanza.

Las universidades, por otra parte, estarán obligadas a hacer públicos los trabajos de los alumnos en un repositorio digital. Esta medida viene a cuenta de la polémica reciente por el trabajo de máster del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no era accesible en formato digital.

PP y Ciudadanos asumen también en su acuerdo de programa el apoyo a la diversidad sexual. «Defenderemos los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénico e intersexuales y lucharemos por la igualdad de trato contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad y/o expresión de género, implantando todas las medidas necesarias, con dotación presupuestaria suficiente, para dotar de efectividad práctica y real la protección de los derechos de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares de acuerdo con la Ley 8/2017, de 28 de diciembre», dice el texto de su acuerdo.

Impuestos y regeneración

Las medidas sociales no se financiarán con más impuestos porque el futuro Gobierno afirma que los bajará (el tramo autonómico del IRPF, y el de Trasmisiones Patrimoniales). No hay memoria económica en el pacto, pero sí trasluce el interés en reducir el volumen de la Administración autonómica: para empezar se suprimirá el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía.

El paquete de medidas de regeneración es importante, con medidas como la supresión de los aforamientos a los políticos, la limitación de mandatos al presidente de la Junta y la reforma de la ley electoral para mejorar la proporcionalidad y hacer obligatorios los debates electorales.

En materia de transparencia, el Ejecutivo PP-Ciudadanos hará una auditoría de gastos de la Junta y se compromete a hacer pública toda la información sobre la contratación pública, incluidos los informes de valoración y las actas de las mesas de contratación.

El pacto de programa, de marcada influencia de Ciudadanos, prefigura un Gobierno de coalición entre los dos partidos, pero la formación de Rivera ha dudado en los últimos días si entrar o no en el Ejecutivo por el papel que pueda tener Vox. Salvado el programa, ahora tendrán que negociar la composición del Gobierno y cómo consiguen que la formación de extrema derecha facilite la investidura sin condicionar sus políticas, lejanas a las defendidas por el partido de Santiago Abascal. Populares y liberales negocian en estas horas el acuerdo de la Mesa del Parlamento, que se constituye el 27 de diciembre.