UN RETO INAPLAZABLE PARA LOS ALCALDES QUE VAMOS A ELEGIR

Se requiere que el municipio inicie cuanto antes el proceso de revisión “a la baja” de su PGOU para adaptarlo, no solo a los ritmos normales de crecimiento local, sino también (y esto es seguramente lo más importante) a las capacidades de gestión e inversión de los maltrechos empresarios locales.

Uno de los efectos que generó el boom inmobiliario de los primeros años del milenio, cuyo daño aún perdura, fue el carácter expansivo de la mayor parte de los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) que se aprobaron en aquellos años, en los que casi todas las ciudades, ya fueran grandes o pequeñas, propusieron crecimientos extraordinarios que oscilaban entre el 50% y el 100% de su tamaño…

Y aunque esta vorágine se dio mucho más en los entornos metropolitanos y en los municipios costeros, sin embargo, podría afirmar que esa previsión desmedida, o cuanto menos poco razonable, fue un mal generalizado que se expandió al rebufo de unos años de bonanza que parecía que siempre nos acompañarían… Pero ya sabéis que de repente llegó la crisis internacional en 2008 y nos despertó de golpe… y vaya con el golpe…

Y de aquella desmesura, ciudades, empresas y ciudadanos aún sufren las consecuencias.

Aunque podría profundizar con vosotros sobre los efectos perversos que tales desmanes en la previsión urbanística han podido suponer para la configuración de tantas y tantas ciudades, hoy sin embargo querría centrarme específicamente, aunque sea de manera breve, en los tremendos problemas que le acarrea al municipio, al empresariado local y a sus vecinos, contar con un plan irreal cuyos crecimientos no son ya exagerados sino imposibles…

Y es que el problema no es baladí ya que no solo supone que muchos propietarios deban pagar durante muchos años unos impuestos sobre los bienes inmuebles (IBI) que no guardan relación con las expectativas reales de desarrollo inmobiliario, sino que el propio PGOU ha dejado de ser un instrumento de gestión apropiado al haberse convertido en una especie de cárcel administrativa que impide gestionar los suelos que habían sido previstos.

Y no hay otra: ya que se requiere que el municipio inicie cuanto antes el proceso de revisión “a la baja” de su PGOU para adaptarlo, no solo a los ritmos normales de crecimiento local, sino también (y esto es seguramente lo más importante) a las capacidades de gestión e inversión de los maltrechos empresarios locales. Es decir, que no solo se trataría de desclasificar una del “suelo urbanizable” que se había previsto años atrás, sino también de redimensionar los sectores del “suelo urbano no consolidado” a fin de permitir promociones inmobiliarias seguramente mucho más modestas en tamaño e inversión.

Y esta labor es mucho más delicada de lo que cabría imaginar, ya que requiere de una gran pericia técnico-jurídica y de una contrastada capacidad de gestión urbanística porque con seguridad va a tener connotaciones difíciles de casar adecuadamente (convenios urbanísticos, gestiones ya iniciadas, terrenos embargados, alteración de la estructura de la propiedad con irrupción frecuente de entidades bancarias y fondos de inversión, obras de urbanización sin concluir, compradores de suelo o de viviendas frustrados…). Sin olvidar que además debe producirse en un contexto legal nuevo, como consecuencia de la modificación de numerosas normas sectoriales bastante restrictivas, y también por el mayor celo en la aplicación de las normas por parte de todos los funcionarios públicos, ya sean locales o regionales.

En definitiva, que para las nuevas corporaciones que gobernarán los municipios españoles a partir de junio de 2019 debe constituir un reto inaplazable la revisión en profundidad de sus PGOU… ya sea sustituyéndolos por otros (en lo que va a suponer un esfuerzo económico y administrativo intensísimo durante el periodo de gobierno), o ya sea con sutiles labores de acupuntura en los mecanismos de gestión vigentes para hacerlos viables… Y sé perfectamente de lo que os hablo…

Como veis, todo un reto, pero también toda una necesidad…  ya que los municipios que concluyan satisfactoriamente estas tareas con prontitud empezarán a insuflar oxígeno en la oferta inmobiliaria local, con amplios beneficios de variado alcance:

• porque las empresas necesitan que se les faciliten solares urbanizados para edificar,
• porque las ciudades necesitan suelos para completar las dotaciones que demandan los ciudadanos,
• y porque las familias necesitan acceder a viviendas dignas y económicamente asumibles.

Así que creo que será de vuestro interés que en los próximos días os cuente algunos de los casos particulares para los que se me ha requerido mi labor como “bombero urbanístico” …