La gran mentira de la reforma fiscal de Casado
Las recetas neoliberales del candidato del PP protegerán a las grandes fortunas mientras los asalariados seguirán pagando proporcionalmente más impuestos
El PP bajará los impuestos, los servicios públicos como la sanidad, la educación y el transporte no se resentirán y España será un oasis de prosperidad y riqueza. Ese mantra que Pablo Casado está repitiendo una y otra vez durante esta campaña electoral forma parte de la gran mentira económica neoliberal con la que los populares pretenden ganar las elecciones del 28A. Puede que muchos españoles se traguen el embuste de que un país puede funcionar sin que sus ciudadanos paguen impuestos, pero en general la regla se cumple siempre: cuanto más rica y avanzada es una sociedad más pagan sus contribuyentes. O dicho de otro modo: a más impuestos, más Estado de Bienestar y servicios públicos de mejor calidad.
Pero veamos en qué consiste ese cuento que pretende colarnos Casado, esa bola de que cuando él llegue a la Moncloa los españoles dejarán de estar machacados por el demonio de Hacienda. La primera falsedad es que al bajar los impuestos el ciudadano tendrá más dinero para gastar, comprará más bienes y servicios y la economía se reactivará. Es la vieja receta neoliberal tantas veces fracasada. Sin embargo, esa regla de tres no suele cumplirse. La propuesta de Casado supone bajar el tramo máximo del IRPF del 45% a menos del 40% e incentivar los planes de pensiones y de ahorro privados. Es decir, se trata de un plan que beneficiará a las rentas más altas mientras que las clases medias y trabajadoras apenas lo notarán y seguirán pagando los mismos impuestos o incluso más.
La consecuencia inmediata será que tras la reforma del PP la desigualdad aumentará, y eso que España ya figura a la cabeza del ranking entre los países donde la brecha entre los que más y los que menos tienen es más acentuada. Conclusión: estamos ante una amnistía fiscal para ricos con el agravante de que las clases altas ocultan unos 250.000 millones de euros en paraísos fiscales. Es decir, en realidad les da igual lo que haga Casado, ya que no afectará a sus patrimonios, bien cobijados en el extranjero.
Pero es que además, si desciende la recaudación porque quienes más tienen dejan de pagar, el Estado de Bienestar seguirá debilitándose, la educación y la sanidad se resentirán y la cohesión social a la que debe aspirar todo país democrático, según establece la Constitución, se diluirá cada vez más. Tenemos un ejemplo claro en Francia, donde Macron suprimió el impuesto sobre las grandes fortunas. De esa supuesta reforma fiscal se benefició el 1% de los franceses, mientras que el resto salió perdiendo. Hoy ya sabemos lo que tienen nuestros vecinos: las revueltas de los chalecos amarillos.
Al maquillaje del IRPF para beneficio de los ricos le siguen otras medidas igualmente falaces. “Eliminaremos el Impuesto de Sucesiones”, dice jactándose el líder del PP. Pero nos encontramos ante otra falsedad. La eliminación de ese impuesto en Andalucía –propuesta estrella del ‘trifachito’ PP/Ciudadanos/Vox–, supondrá dejar de recaudar más de 300 millones de euros. Ni que decir tiene que la medida apenas beneficiará al 1% de la población andaluza. Por otra parte, en 2017 el Impuesto de Sucesiones significó el 2,5% del total de la recaudación por impuestos directos, indirectos y tasas de la Junta de Andalucía. Es decir, estamos de nuevo ante una medida populista que agrada mucho a los grandes empresarios, rentistas y terratenientes pero de la que poco jugo sacará el pueblo llano.
Otro dato del desequilibrio del sistema impositivo español es que en 2007 el Impuesto de Sociedades arrojó unos ingresos al Estado de unos 47.000 millones de euros anuales. En 2018 se recaudaron 27.000, cuando los beneficios fueron superiores. ¿Qué ha pasado con todo ese dinero? Un inmenso caudal que se pierde y no revierte en servicios públicos. Los extremeños lo echan de menos cada vez que suben a uno de esos trenes destartalados que se quedan parados en medio de las vías.
Quizá lo que pretenda hacer Casado con su discurso populista sobre la “bajada de impuestos”, calcado al que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, sea conducirnos hacia el modelo americano ultraliberal, aunque lo que no dice el candidato popular es que en su admirado Estados Unidos la media de edad de las personas es de entre 6 y 7 años menos que en España y en Europa. Si aquí vivimos más que al otro lado del Atlántico es precisamente porque el Estado de Bienestar sigue garantizando una calidad de vida mínima a sus ciudadanos mediante el acceso de cualquiera a la sanidad pública, cosa que millones de norteamericanos ya no pueden hacer. En la primera potencia del mundo el que tiene dinero para una operación quirúrgica se la paga y el que no corre el riesgo de morirse en su casa sin que el Estado mueva un dedo por él.
Para que funcionen los hospitales hay que pagarlos y eso solo puede salir de los impuestos, de unos impuestos redistributivos, progresivos y justos. Es decir, toda reforma fiscal debe pasar necesariamente por aumentar los impuestos a los grandes patrimonios y fortunas, por perseguir la evasión de capitales a paraísos fiscales, por imponer una tasa a los bancos y frenar el fraude de las grandes multinacionales y empresas. Cualquier plan fiscal que no se cimente en esos pilares básicos es una estafa urdida para que los que viven muy bien sigan disfrutando del lujo y el placer mientras la mayoría de la población sufre la precarización y no llega a final de mes.
Sin duda, la clave para lograr un sistema más justo está en luchar contra el fraude fiscal. Algunos estudios sugieren que las grandes empresas defraudan el 70 por ciento del volumen total en España, unos 26.000 millones de euros. Otros informes son aún más pesimistas, ya que apuntan a que el fraude fiscal en España en 2017 pudo ascender a 90.000 millones de euros, de los cuales el 65% corresponderían a las empresas del IBEX 35, que cuentan con unas 900 filiales en paraísos fiscales de todo el mundo. Eso sin olvidar que en España padecemos una economía sumergida del 24,6% del PIB, de forma que urge que todo ese dinero aflore.
El mapa de la desigualdad en España resulta demoledor. El 50% de la riqueza de nuestro país proviene del gran capital, que paga el 20% en impuestos. Las clases obreras y medias representan un 45% de la riqueza, pero aportan el 80% de los ingresos por tributos. El otro 5% de la riqueza pertenece al Estado. Es decir, lo poco que va quedando de Estado de Bienestar lo están costeando los que menos tienen. Es una auténtica injusticia de la que Casado nunca habla porque obviamente va en contra de los intereses de las clases pudientes que representa.
En países como Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca y Alemania el tipo impositivo ronda el 48%, quince puntos más que en España, sin contar que las rentas altas pagan más, contrariamente a lo que sucede en nuestro país. Queda claro que pagar menos impuestos no es sinónimo de mayor competitividad ni calidad de vida, al contrario, cuanto menos impuestos menos Estado, como sucede en muchos países latinoamericanos donde apenas se pagan tributos pero millones de personas desesperadas y hambrientas sueñan con emigrar cuanto antes a la vieja Europa.
Quizá sea eso −diluir la estructura estatal a la mínima expresión y dejarnos al albur de las leyes del libre mercado salvaje−, lo que pretenden Casado y demás gurús del pensamiento neoliberal, entre ellos Albert Rivera y Santiago Abascal. Habrá quien se crea la gran mentira fiscal de las derechas. Lo más triste de todo es que muchos trabajadores, alienados ya, abducidos por el nacionalismo de banderita en el reloj de pulsera y desprovistos de toda conciencia de clase, se creerán la fábula de que con estos halcones en el poder vivirán mejor.
