La Corte Suprema de Argentina falla contra las mineras y ratifica la protección de los glaciares
Los ecologistas celebran la sentencia y piden el cierre de polémicos proyectos como Veladero, de la canadiense Barrick Gold
La ley de protección de glaciares promulgada por Argentina en 2011 es constitucional. La Corte Suprema de Argentina zanjó este martes la discusión en un fallo unánime contra las mineras Barrick Gold, Minera Argentina Gold y la provincia de San Juan. Las compañías habían logrado frenar hasta ahora en los tribunales la aplicación de esta norma que prohíbe la exploración y explotación minera en ambientes glaciares. Los ecologistas celebraron la sentencia y pidieron el cierre de polémicas concesiones como Veladero, una de las minas de oro más importantes del mundo.
Los demandantes solicitaban la inconstitucionalidad de la ley al cuestionar la competencia del Estado argentino sobre los recursos naturales, ya que la Carta Magna establece que son patrimonio de cada provincia. «La protección de los glaciares en un estado federal como el argentino implica una densa y compleja tarea política que deben cumplir conjuntamente el Estado Nacional y las provincias para coordinar eficazmente sus diversos intereses», señalaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda en el fallo difundido por el Centro de Información Judicial. «No hay inconstitucionalidad derivada del procedimiento de la ley cuestionada», destacaron los integrantes del máximo tribunal.
Los magistrados sostienen que «se debe considerar de manera sistémica la protección de los ecosistemas y la biodiversidad» cuando existen derechos de incidencia colectiva atinentes a la protección del ambiente que involucran, en el caso de los glaciares, «la posibilidad de estar afectando el acceso de grandes grupos de población al recurso estratégico del agua».
Los otros dos magistrados del tribunal, Carlos Rosenkratz y Elena Highton de Nolasco, también rechazaron la demanda, aunque centraron sus votos en la falta de prueba respecto a los perjuicios que alegaban.
Argentina es el segundo país de América Latina con más reservas de agua en estado sólido, sólo por detrás de Chile, y está entre los 15 países con más superficie de hielo en el mundo. Según el inventario finalizado hace un año, hay casi 17.000 glaciares en el país, distribuidos a lo largo de la Cordillera de los Andes y de las islas del Atlántico Sur. Los ecologistas consideran que la sentencia de la Corte Suprema marca un hito para su preservación y consideran que pone freno a 44 proyectos mineros en cercanías de glaciares que están en evaluación.
«Celebramos el fallo. Ya no hay dudas de que los glaciares deben ser protegidos», declaró Gonzalo Strano, portavoz de Greenpeace Argentina. «El pedido de Barrick para que se declare la inconstitucionalidad de la normativa nacional ha sido una jugada perversa que afortunadamente perdió. Ahora, resta que se haga efectivo el cumplimiento de la ley y que cierre Veladero. No podemos permitir más minería sobre los glaciares de los argentinos», agregó.
«La decisión era entre defender las ‘fábricas de agua’, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo», celebró en Twitter el abogado ambientalista Enrique Viale. Para Viale, el Gobierno ya no tiene excusas para no aplicar la ley.
Ni Barrick Gold ni Minera Argentina Gold se han pronunciado, pero sí lo ha hecho la Cámara Argentina de Empresarios Mineros a través de un comunicado en el que defiende el compromiso de la industria por trabajar «en forma respetuosa con el ambiente».
La mina de oro Veladero, que opera a cielo abierto a más de 4.000 metros de altura en la cordillera de los Andes, registró en 2015 el mayor desastre minero de la historia de Argentina: el derrame de un millón de litros de agua cianurada al río Potrerillos. Las autoridades judiciales no ordenaron el cierre definitivo de la mina y los incidentes continuaron en los años posteriores, con al menos dos nuevos vertidos. Con la ley en la mano, los ecologistas renuevan ahora el pedido de clausura por operar en una zona periglaciar.
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