Patrimonio Nacional cede al Estado la cripta donde se enterrará a Franco
El Gobierno podría, a partir de ahora, ceder o vender esos derechos sobre el panteón, por ejemplo, porque ya no goza de la protección que tienen los bienes dentro del paraguas de Patrimonio Nacional.
El BOE de hoy recoge un decreto, aprobado el pasado 26 de abril pero del que no se informó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que dicta la desvinculación de Patrimonio Nacional de los derechos funerarios que tenía sobre el panteón en el que está enterrada Carmen Polo y donde el Gobierno prevé enterrar a Franco tras su exhumación del Valle de los Caídos el próximo 10 de junio.
Así, la titularidad de esos derechos pasa a pertenecer al Patrimonio del Estado. Y, ¿cuál es la diferencia? Que el Ejecutivo puede tomar decisiones directas sobre el panteón. Podría, a partir de ahora, ceder o vender esos derechos, por ejemplo, porque ya no gozan de la protección que tienen los bienes que se encuentran dentro del paraguas de Patrimonio Nacional.
Recibe cada artículo de El BOE nuestro de cada día en tu correo
Patrimonio Nacional, que depende orgánicamente de Presidencia del Gobierno, gestiona los bienes que forman parte del legado de la Corona y, además de poner algunos de ellos al servicio de la Jefatura del Estado (como en el caso del Palacio de la Zarzuela, por ejemplo) tiene entre sus misiones “la puesta a disposición de los ciudadanos del patrimonio histórico-artístico que gestiona a través de su uso con fines culturales, científicos y docentes”.
Entre palacios, montes y cuadros, también contaba hasta ahora con la titularidad de los derechos sobre ese panteón, localizado en el cementerio de Mingarrubio, tal y como anunció la propia entidad a la familia Franco y adelantó Alejandro Torrús en Público.
“Resulta evidente que la concesión de un título de derechos funerarios sobre una unidad de enterramiento no se relaciona ni ajusta con los fines a que han de destinarse los bienes y derechos integrantes del Patrimonio Nacional, según su Ley reguladora”, reza el decreto publicado hoy en el BOE. Así, aprueba su desafectación, lo desvincula. Y pasa a formar parte del Patrimonio del Estado.
Este cambio administrativo permitiría la venta o cesión a la familia, por ejemplo. Si se llevara a cabo, serían los nuevos titulares, y no Patrimonio Nacional, quienes deberían hacerse cargo de su mantenimiento.