Hay que cambiar la Constitución

La Constitución de 1978 es un texto fruto de un amplio consenso. En el delicado momento en que se gestó, tras casi cuarenta años de dictadura, se optó por crear una Comisión Constitucional y esta eligió a siete diputados para elaborar un primer texto como proyecto constitucional. Estos siete diputados, conocidos como los “padres de la constitución” fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca de UCD, Gregorio Peces-Barba del PSOE, Jordi Solé Turá del PCE, Miquel Roca, en representación de Minoría Catalana y del PNV y Manuel Fraga de AP. Ellos dieron forma a un gran acuerdo entre todos los partidos que participaron en su elaboración. Se trató de primar un auténtico pacto nacional para la convivencia en paz y en libertad, mediante un método sencillo, pero no por ello menos meritorio: el consistente en no introducir en la Constitución ninguna norma, regla o principio que resultase absolutamente inaceptable para alguna de las fuerzas políticas que habían obtenido representación en las Cortes. Ese fue el cambio que introdujo nuestra actual Constitución y lo que la ha hecho convertirse en la más longeva de la historia de España. La Constitución fue aprobada, primero, por la inmensa mayoría de los diputados y senadores que participaron en las Cortes Constituyentes y, después, por la inmensa mayoría de los ciudadanos cuando fue sometida a referéndum nacional obteniendo un rotundo 87,87% de votos afirmativos.
En estos 37 años, la Constitución apenas ha sufrido modificaciones y su articulado se ha desarrollado casi por completo. El caso es que muchas voces creen que lo que era bueno para la sociedad de la Transición, se ha quedado anticuado para esta España del siglo XXI. Además, buena parte de la sociedad no siente como suya una ley, que sólo pudieron votar aquellos ciudadanos que hoy tienen más de 55 años.
Ante esta situación, hemos preguntado a un colectivo de 1.500 personas, procedentes de las 50 provincias españolas y escogidas teniendo en cuenta baremos de edad, sexo, niveles de estudios y de renta, si creían necesario cambiar la actual Constitución.
Apenas un pequeño 7’4 % defiende que no hay que hacer cambios, alegando que nuestra Constitución es un elemento indispensable de unidad entre los españoles.
Para uno de cada tres ciudadanos encuestados, el 32’6 % exactamente, no es necesario sustituir la Constitución, bastaría con hacer algunas reformas puntuales.
En cualquier caso existe una amplia corriente favorable al cambio. Nada menos que el 60 % de los encuestados opina que la Constitución del 78 es una norma que ha quedado superada por el tiempo y debe renovarse.

La cuestión que asoma en el horizonte, si tenemos en cuenta estos resultados tan esclarecedores, sería conocer cuál es el momento idóneo para plantear este cambio de Constitución.
De nuevo, los 1.500 miembros del Club Opinamos, que han participado en el Estudio sobre la Concepción del Estado parecen tener clara su posición. Un escaso 8’2 % de los encuestados se ratifica en que no quiere, de ninguna manera, que se cambie la Constitución. Frente a ellos se sitúa un buen 38’3 % de los ciudadanos que opinan que debe plantearse cuanto antes el cambio, porque es algo absolutamente necesario.
La mayoría es menos impulsiva, un notable 53’5 % del total manifiesta que es un cambio lo suficientemente importante como para realizarlo sin prisas y que lo adecuado sería hacerlo después de las elecciones generales.

Pese a la defensa a ultranza que realizan determinadas partidos políticos, que colocan el articulado de la Constitución como algo inmutable e intocable, parece que la mayor parte de los españoles no tiene tan claro que una norma escrita hace casi cuarenta años y en circunstancias históricas muy concretas y especiales, deba servir como guía para gobernarnos en lo que resta de siglo XXI.