PSOE y Unidas Podemos subirán los impuestos a los ricos y van más allá de lo previsto en la reforma laboral
El programa de la coalición, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye alzas del IRPF a las rentas altas y del impuesto de sociedades, y una batería de medidas con acento social y feminista
Medio centenar de páginas cargadas de novedades que marcarán la próxima legislatura. El PSOE y Unidas Podemos presentarán esta tarde Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, un documento al que ha tenido acceso este periódico con las líneas maestras pactadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Derogación parcial de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los ricos y a las grandes empresas, punto final a la llamada ley seguridad ciudadana (la denominada ley mordaza), fuerte subida del salario mínimo y, en fin, un claro acento social y feminista: el programa de la coalición PSOE-Unidas Podemos pondrá punto final a unos meses de parón.
Sánchez e Iglesias han afinado en las últimas semanas un texto que incluye una política económica continuista, marcada por la desaceleración que viene, con varias medidas de calado que se han hablado también con otros partidos para facilitar su tramitación. El futuro Ejecutivo aspira a ser “un referente mundial” de modernidad, progreso y feminismo, según ha expresado el secretario general de Podemos. En la presentación solemne del acuerdo programático, el presidente en funciones ha agradecido la «generosidad» y «enorme dosis de responsabilidad» de su socio de Gobierno. Iglesias ha afirmado que el futuro Gobierno combinará la «experiencia» socialista y la «frescura» de Unidas Podemos.
El sello ortodoxo de la futura vicepresidenta económica, Nadia Calviño, convive en el programa presentado con las ambiciones de Podemos en impuestos, vivienda y gasto social. La medida estrella es la derogación de la reforma laboral, que va algo más allá de lo previsto. Y la subida de impuestos a los ricos, que había perdido fuelle en los últimos meses.
El IRPF subirá dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros, y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales a partir de 140.000 euros: pagarán hasta el 27%, frente al 23% actual. Esas subidas estaban en los acuerdos de la pasada legislatura entre socialistas y Podemos, pero el PSOE eliminó de su programa electoral el alza del impuesto sobre la renta a los ricos. Además, se fijará un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, que se sitúa en el 18% para los bancos y las empresas de energía. Esas subidas son muy llamativas, con un gran impacto simbólico en un país que tiene uno de los índices de desigualdad más elevados de Europa. Pero lejos del «hachazo fiscal» que han denunciado partidos como Ciudadanos y el PP —que proponen rebajar «todos los impuestos» pese a que la presión fiscal española está muy por debajo de la media europea— afectan a menos del 1% de los contribuyentes y de las empresas.
El proyecto es un punto más ambicioso de lo que se preveía en el ámbito laboral. Y ofrece detalles suculentos de la legislación que está por venir, incluido el prometido Estatuto de los Trabajadores. El texto promete recuperar “los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012«, aprobada por Mariano Rajoy. Con carácter urgente se derogará el despido por absentismo causado por bajas de enfermedad: Sánchez ha pactado ese avance con los sindicatos. Se eliminarán las limitaciones al ámbito temporal de los convenios colectivos, y se derogarán asimismo la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. En resumen: una derogación que va algo más allá de lo que parecía en principio, y que incluye “limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”, para tratar de combatir uno de los grandes males del mercado de trabajo español: la precariedad y la temporalidad. Se limitará también “la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa”. Los asuntos relativos a la contratación son quizá los más ambiciosos en esa área.
El texto abre la puerta a una fuerte subida del salario mínimo, hasta el 60% del salario medio durante la legislatura: eso supondría subidas hasta alcanzar los 1.200 euros. Está por ver cuánto sube a corto plazo: ese detalle no aparece en el programa. En pensiones también hay novedades: se elimina el factor de sostenibilidad (la fórmula que vincula las pensiones a la esperanza de vida) y el índice de revalorización (que condiciona las subidas de pensiones a la marcha de la economía) previstos en la ley de 2013 «asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo». Podemos hace renuncias por ese flanco: el texto asume que la reforma debe hacerse dentro del Pacto de Toledo; Iglesias había sido ambiguo al respecto hasta ahora. El texto, además, propone crear un ingreso mínimo vital.
Bruselas ha insistido una y otra vez durante los últimos meses en que sería un error revertir las reformas aprobadas tras el rescate a España de 2012, en particular las de pensiones y mercado laboral. El nuevo Ejecutivo no da marcha atrás en la totalidad de esas reformas, pero esa batería de medidas que se incluye en las 49 páginas del programa sí supone un buen revolcón.
La política española acelera a toda velocidad después de meses de insoportable parálisis. El dictamen de la Abogacía del Estado, con guiños a Esquerra Republicana y al Supremo, desbloquea de forma inminente la investidura, que podría irse finalmente al 7 de enero. El PSOE ha presentado este mediodía el acuerdo con el PNV, los pactos con los regionalistas están listos y la abstención de ERC solo está pendiente de la convocatoria del Consell Nacional, el órgano que debe dar el sí oficial a la abstención de los independentistas. Los apoyos para Pedro Sánchez están ahí. Quedaba, quizá, lo más importante: el contenido del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, con las reformas previstas para la próxima legislatura. Más allá de los impuestos y las reformas laboral y de pensiones, algunas de las medidas más relevantes son las siguientes:
Cataluña: puerta abierta a la bilateralidad. El texto pasa de puntillas por el desafío independentista, pero contempla «abordar el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual». El redactado del acuerdo posibilita la mesa de diálogo entre Gobiernos que defiende ERC, ya que aunque establece que «el marco de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas estará definido por el principio de la multilateralidad», esto «no impide la presencia de procedimientos y órganos bilaterales cuando se trate de dirimir un asunto de interés específico”
Educación: Religión no computa a efectos académicos. El acuerdo prevé una reforma del sistema educativo para que la asignatura de religión sea «de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos”.
Medio ambiente: ley de cambio climático. El acuerdo establece como primera prioridad la aprobación de la ley de cambio climático y transición energética, pendiente desde principios de esta década. Pocos datos se ofrecen sobre los objetivos de esa norma; simplemente se establece que en 2050 el 100% de la generación eléctrica deberá ser de origen renovable (ahora ronda el 40%). Los dos partidos se comprometen a reformar el sistema de subastas para impulsar la implantación de renovables y a eliminar determinadas ayudas y apoyos (como los conocidos como “beneficios caídos del cielo” y los pagos por capacidad) que han premiado históricamente a la generación eléctrica con combustibles fósiles y a las grandes eléctricas.
Justicia e Interior: adiós a la ley mordaza. El acuerdo entra las dos fuerzas propone aprobar una nueva ley de seguridad ciudadana, para acabar con la denominada ley mordaza aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. «Esta nueva legislación estará basada en una concepción progresista» y «garantizará el ejercicio del derecho de la libertad de expresión y reunión pacífica». Además, contempla una de las grandes reivindicaciones de la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, que desde que tomó posesión de su cargo ha defendido la supresión del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece plazos temporales para las instrucciones judiciales. Un precepto que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy y que, según afirma la coalición de Gobierno, supone “una limitación para la lucha contra la corrupción”. Las dos formaciones se comprometen a recuperar la justicia universal —limitada por el PP durante su última mayoría absoluta—; reformar la Constitución para limitar los aforamientos políticos, “limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público”; elaborar un Plan Nacional contra la Corrupción, y renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva un año en funciones —para este punto, requieren sumar a los populares—.
Reforma de la ley electoral. El pacto incluye el establecimiento de “listas cremallera en todos los procesos
para garantizar la presencia de mujeres en las instituciones”. Esta reforma requiere una modificación de la Ley Electoral, por lo que los firmantes del pacto se proponen trabajar “para conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema”. El acuerdo prevé también eliminar el voto rogado; es decir, el de aquellos españoles residentes en el extranjero que deben solicitar el derecho al voto para ejercer su derecho de sufragio. Además, PSOE y Podemos proponen abrir un debate “sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufrago activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 años”.
Memoria: 31 de octubre. Día de recuerdo para las víctimas del franquismo. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos prevé declarar el 31 de octubre como día de recuerdo para las víctimas del franquismo y el 8 de mayo para reconocer a los exiliados durante la dictadura. La primera fecha coincidirá con el aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978 y de la ley de memoria histórica en 2007. El apartado dentro del documento, que se titula Recuperación de nuestra memoria democrática, recupera en casi su totalidad puntos que ya estaban contemplados en la actual legislación en la materia, y establece realizar una auditoría para devolver los bienes expoliados durante el franquismo, entre ellos, la recuperación inmediata del Pazo de Meirás (en A Coruña) para el patrimonio público.
FOTO: Sánchez e Iglesias, este lunes, en la firma del acuerdo. FOTO: EDUARDO PARRA (EP)
