El alcalde demuestra en el pleno que no está imputado
Rodríguez Quesada desmonta la estrategia del PSOE aportando un certificado del propio Juzgado. El alcalde acusa a los socialistas de intentar «un golpe de Estado» para obtener la alcadía y les pide que se planteen su propia dimisión.
El alcalde de Atarfe, Francisco Rodríguez Quesada (Por Atarfe Sí), ha presentado en el transcurso del pleno extraordinario convocado por el grupo municipal socialista para exigir su dimisión, un certificado del secretario del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada en el que se demuestra que no se encuentra imputado en ninguna causa judicial.
El documento oficial, del que ha dado lectura el secretario del Ayuntamiento tras el turno de intervenciones de los cinco grupos municipales, tiene fecha de 8 de octubre, días después de la presentación de la moción socialista (2 de octubre), y en él –como se puede ver en documento que se reproduce a continuación- el secretario judicial hace constar que Rodríguez Quesada “no aparece imputado ni cualquier otra condición [sic]” por supuestas irregularidades urbanísticas.
La moción que, no obstante, presentó el PSOE al entender que el alcalde mintió en el último pleno ordinario, donde negó estar imputado, sólo ha contado con el apoyo del PP. Los concejales del equipo de gobierno (PASI) y la edil de Ganemos, Silvia Lara, -su compañero Antonio Lucena se ha ausentado del pleno por enfermedad- han rechazado la petición de dimisión, mientras que los dos ediles de Ciudadanos se han abstenido. El resultado ha sido de 7 votos a favor de la solicitud de dimisión (PSOE-PP), 7 en contra (PASI-Ganemos) y las 2 abstenciones (C’s).
El origen de la polémica
Las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada guardan relación con unos hechos acaecidos en abril de 2004 cuando toda la corporación municipal formada por 17 concejales (10 PSOE, 5 IU y 2 PP) votó a favor de la aprobación definitiva de un estudio de detalle del plan parcial SR-7 (conocido como los Pitres). Los 17 concejales que formaban la corporación 2003-2007 -entre ellos el actual alcalde, entonces en la oposición- fueron llamados a declarar solo ante la Guardia Civil, en cuya citación emplea la palabra “imputado”, una calificación que corresponde resolver al juez.
Las pesquisas de la Guardia Civil fueron ordenadas por el anterior titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, hoy jubilado, tras la denuncia presentada por el PP en 2009. El juez sustituto será -una vez que tenga en sus manos el informe que elabore la Guardia Civil- el que determine el grado de responsabilidad de los 17 concejales de aquella corporación.
Francisco Rodríguez Quesada, cuya trayectoria política arranca en 2003 como concejal independiente por IU, fue llamado a declarar el pasado 4 de septiembre ante la Guardia Civil, al igual que el resto de concejales que formaron parte de aquella corporación. En la Comandancia explicó que, cuando se abordó el estudio de detalle en el pleno de abril de 2004, siguió el criterio del grupo municipal de IU -entonces en la oposición- de aprobar el citado trámite urbanístico que presentó el gobierno socialista y que contaba con el informe favorable de los técnicos municipales. Tampoco puso reparos la Comisión Informativa de Urbanismo reunida el 31 de marzo de 2004, de la que el hoy alcalde no formaba parte.
Entre los años 2003 y 2005 se aprobaron cinco estudios de detalle relacionados con la urbanización de los Pitres al amparo de un uso “perverso” de las normas subsidiarias de Atarfe que permitieron aumentar la edificabilidad de forma irregular. Lo que antes se proyectaba como viviendas unifamiliares adosadas pasaban a ser plurifamiliares de manzana cerrada. IU sólo votó de forma favorable en uno de los cinco estudios de detalles del plan parcial, el que investiga el juzgado, porque los técnicos avalaban su legalidad. El abuso de dicha práctica por parte del gobierno socialista que presidía Víctor Sánchez, también responsable del área de Urbanismo, permitió descubrir a posteriori que se estaba haciendo un uso “perverso” de dicha norma con la que “no solo se aumentaba la edificabilidad de las viviendas sino que se favorecía a los promotores”.
Es a partir de 2006 cuando Rodríguez Quesada participa en el grupo de trabajo de IU y presenta las primeras denuncias por irregularidades urbanísticas cometidas en los años de gobierno socialista, muchas de las cuales han sentado en el banquillo a los antiguos alcaldes.
Ya en el último pleno celebrado el 24 de septiembre, el grupo municipal PSOE –responsable durante 18 años de la política urbanística del municipio y promotor de dicha norma urbanística- reclamó la dimisión de Rodríguez Quesada por entender que estaba imputado por el juez y vulneraba el código ético de la propia agrupación Por Atarfe Sí (PASI).
Aunque el hoy alcalde dijo estar dispuesto a dejar su cargo si recaía sobre él una imputación del juez que pudiera dañar al partido por el que fue elegido, el código ético de dicha agrupación ciudadana –tal y como explicó la portavoz Rosa Félix- no obligaría a dimitir en este caso concreto. Dicho reglamento dice lo siguiente:
“El compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos” se asume cuando hay “una imputación por delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas” (ver punto 14 del enlace).
La crónica del pleno extraordinario
En uno de los plenos más concurridos que se recuerdan, el portavoz del grupo municipal socialista, Óscar González, argumentó las razones de la solicitud de dimisión del alcalde por entender que “no dijo la verdad” en el último pleno ordinario e “incumplió el código ético de su partido”. González dio lectura de la citación de la Guardia Civil que tanto el actual alcalde como los diez concejales que por entonces formaban parte del grupo socialista, entre ellos el excalcalde Víctor Sánchez, recibieron para comparecer en la comandancia a principios de septiembre en calidad de «imputados».
Por su parte, el portavoz del PP, Antonio Díaz Sánchez, coincidió con los socialistas en que el escrito de la Guardia Civil era una “imputación firme”, razón por la que según él debía dimitir al incumplir los estatutos del PASI. Destacó que su partido fue el denunciante de las supuestas irregularidades urbanísticas del plan parcial de los Pitres [también han sido llamados a declarar los dos ediles que entonces representaban al PP], acusó al actual equipo de gobierno de estar “engañando” a sus votantes, de utilizar la elevada deuda heredada en lugar de hacer “políticas realistas”, y le instó a “dejar el postureo y la política de libro”.
El portavoz de Ciudadanos, Antonio Pascual Martín, recordó que todos los partidos apostaron durante las elecciones por la “regeneración política como uno de los pilares de la democracia”. “La prioridad es Atarfe por encima de las siglas”, recordó Pascual, quien lamentó que la solución de los problemas del municipio queden “en un segundo plano” con la celebración de un pleno en el que se piden responsabilidades políticas por supuestas irregularidades.
La concejal de Ganemos, Silvia Lara, se mostró sorprendida por la moción presentada por el PSOE. “No vamos a entrar en el juego de aquellos que provocaron este problema, búsquennos cuando quieran solucionar los problemas de Atarfe”, argumentó la edil para rechazar una moción que “tiene como punto de partida la política urbanística del PSOE” [entonces en el gobierno]. Silvia Lara aludió a “una cuestión de autoridad moral” y recordó que el código ético del PSOE contempla que el cargo público “debe dimitir en caso de apertura de juicio oral”.
En defensa del alcalde salió la portavoz del gobierno, Rosa Félix, quien dijo que su partido “no tenía nada que perder ni nada que ocultar”. “Estamos aquí para para intentar frenar la sangría enorme en las arcas públicas. Estamos aquí para que no haya amiguismo, ni dedos ni clientelismo”, subrayó. “Lo que está en juego no es la dimisión del alcalde sino revertir o no la voluntad popular del resultado de las elecciones”, añadió. Rosa Félix recordó que lo que votó el hoy alcalde lo suscribieron los concejales socialistas que estaban en el gobierno, pero dijo estar convencida de que, a diferencia de los exalcaldes, la mayor parte de los ediles del PSOE “no conocían el alcance de lo que estaban votando”. Reprochó al principal partido de la oposición que “no tenga coherencia” por no haber pedido nunca dimisiones en su propio partido y hacerlo ahora con un alcalde que entonces estaba en la oposición. “Pueden saber mucho de códigos pero de códigos éticos muy poco, porque no tienen ética”, sentenció.
También tomó la palabra la concejal socialista Francisca García, quien insistió en la “imputación en firme del juez”. Se defendió de las acusaciones del gobierno municipal asegurando que “siempre se ha contado con informes favorables de los técnicos municipales”. “No hagan demagogia barata”, censuró García, quien no descartó solicitar más plenos extraordinarios siempre que lo considere necesario.
La última intervención corrió a cargo del alcalde, quien guardó su carta [el certificado judicial] pare el final. Insistió una vez más en la inexistencia de imputación judicial. Negó que engañara a los ciudadanos en el último pleno ordinario. Se refirió al código ético de su partido, que obliga a dimitir cuando “hay imputación por prevaricación con beneficio personal”. “En mi caso yo estaba en la oposición […], no obtuve ningún beneficio, otros sí que debieron obtenerlos pero yo no”. “Ustedes están jugando a intentar dar un golpe de Estado por esta vía, si lo tienen claro, propongan una moción de censura, propongan un candidato que tenga el refuerzo de los grupos municipales y de los ciudadanos. Ese es el camino si quieren llegar aquí [a la alcaldía]”. Por último, explicó que, ante las acusaciones que se han vertido contra él, se vio obligado a acudir al juzgado para aclarar su situación y obtener el escrito oficial que se reproduce más arriba, que leyó el secretario y que se repartió entre los asistentes, procediéndose con posterioridad a la votación no sin antes solicitar a los concejales socialistas que se planteen su propia dimisión. La lectura del mismo fue recibida con aplausos por una mayoría del público.
El único incidente que hubo que lamentar fue el desalojo de tres personas que interrumpieron el pleno para pedir la dimisión del alcalde, quien en reiteradas ocasiones les llamó la atención para que guardaran silencio e incluso les instó a intervenir en el apartado de ruegos y preguntas. Al persistir en su actitud y negarse a permanecer en silencio hasta que llegase su turno, se procedió al desalojo por parte de los agentes de la Policía Local que en ningún momento utilizaron la fuerza. El desmayo posterior de una de ellas a la entrada del Ayuntamiento provocó un accidente fortuito, según informaron fuentes de la Policía Local. Ésta cayó sobre su compañera, quien tuvo que ser trasladada a un centro sanitario para ser atendida del dolor en uno de sus tobillos.
Nota: Como se viene haciendo desde el inicio de este mandato, el pleno se retransmite en directo y su contenido se sube a internet para que puedan verlo todas las pesonas que estén interesadas. Hagan clic sobre el enlace para ver la grabación.
