Estas son las reformas que pide la UE a España a cambio de los 140.000 millones del fondo de recuperación

No, no hay troika. No, no hay una lista de cosas que pueden hacer y de cosas que no pueden hacerse. No, el fondo de recuperación no dice que España tenga prohibido derogar la reforma laboral. Como tampoco dice que España tenga que rebajar las pensiones. Ahora bien, tampoco es un secreto que la reforma laboral de Mariano Rajoy siempre ha sido bien valorada en Bruselas, donde también se ha alertado en muchas ocasiones sobre la necesidad de apuntalar la sostenibilidad de las pensiones.

Pedro Sánchez califica de «histórico» el acuerdo europeo y anuncia que España obtendrá 140.000 millones del fondo para la recuperación

Entonces, ¿qué dicen exactamente las conclusiones aprobadas este martes de madrugada y por unanimidad después de cinco días de discusiones? «Los Estados miembros prepararán planes nacionales de recuperación y resiliencia que establezcan la agenda de reformas e inversiones del Estado miembro en cuestión para los años 2021-23. Los planes serán revisados y adaptados según sea necesario en 2022 para tener en cuenta la asignación final de fondos para 2023. Los criterios de coherencia con las recomendaciones específicas de cada país, así como el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro, deben tener la evaluación más alta. La contribución efectiva a la transición verde y digital también será un requisito previo para una evaluación positiva».

Es decir: financiar proyectos incluidos en planes nacionales de reforma –que ya se hacen cada año y se envían a Bruselas– vinculados a la transición verde y digital y a las recomendaciones específicas de cada país que hace el Semestre Europeo –sistema de gobernanza económica de la Comisión Europea–.

Ahora bien, ¿acaso la UE da alguna vez dinero con condiciones? «Nunca la UE da el dinero sin condiciones», recuerda una fuente diplomática, «hasta los fondos de cohesión tienen condiciones: para qué se emplean». Pero una cosa es que ese dinero se entregue de manera finalista para hacer unas reformas contenida en un plan nacional que elabora cada Estado miembro, y otra cosa es que, además, esté condicionado a que el Gobierno de España, en este caso, no haga algo. La Comisión podrá decidir si financia o no un proyecto que se le presente, pero el mecanismo no prevé ningún veto de Bruselas al resto de políticas que puedan hacer los Gobiernos vinculado con este fondo.

¿Entonces? ¿Por qué cuándo se habla de reformas se piensa en recortes? Por la memoria. El estigma, la sombra de la crisis de 2008 y cómo las instituciones comunitarias respondieron: primero, tarde; y, después, vinculando las ayudas a los países que más sufrían con grandes sacrificios económicos, recortes en pensiones, en derechos laborales, en servicios sociales.

Sin embargo, la Unión Europea de 2020 no es la de 2008-2015. Aunque la sombra de la UE de 2008-2015 sea alargada, y también lo es toda la arquitectura de gobernanza económica, que sigue vigente –si bien los límites de deuda y de déficit se han suspendido temporalmente por la crisis del coronavirus–.

Aquella crisis financiera llevó a culpabilizar a las estructuras económicas de algunos países, y parecía que las recetas para salir de ella tenían esa connotación. La de ahora es fruto de una pandemia sanitaria, en la que un país como España, que cerró 2019 con un 2% de crecimiento del PIB, muy por encima de la media europea, puede cerrar 2020 con una caída del PIB del 10,9%, muy por encima también–pero en sentido contrario–, de la media europea.

Las últimas recomendaciones a España: mejorar el sistema de salud

Así, con la nueva Comisión Europea, el Semestre Europeo en sus recomendaciones de primavera por países ha asumido por primera vez los indicadores relativos a la agenda 2030. Es decir, señalando las carencias en servicios sociales, que mucho tienen que ver con las recetas decretadas en la última década, pero que también abren un nuevo horizonte de reformas en un sentido contrario al de la crisis anterior.

«El sistema de salud español ha estado ofreciendo buenos resultados a pesar del nivel relativamente bajo de inversiones», afirmaba la Comisión Europea en su informe sobre España, de mayo pasado: «Sin embargo, el estallido de la pandemia de la COVID-19 ha ejercido una presión sin precedentes sobre el sistema y ha revelado su vulnerabilidad a las crisis. La pandemia ha revelado problemas estructurales existentes, algunos de los cuales se derivan de ciertas deficiencias en la inversión en infraestructuras físicas y deficiencias laborales y las condiciones laborales de los trabajadores de la salud».

Y Bruselas hace varias recomendaciones concretas a España: en primer lugar, «que tome todas las medidas necesarias para abordar de manera efectiva la pandemia, sostener la economía y apoyar la recuperación posterior. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique políticas fiscales destinadas a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que mejorar la inversión. Fortalecer la capacidad de recuperación y la capacidad del sistema de salud, en lo que respecta a los trabajadores de la salud, los materiales sanitarios necesarios y su infraestructura».

En segundo lugar, «apoyar el empleo a través de acuerdos para preservar empleos; reforzar la protección contra el desempleo, mejorar la cobertura y la adecuación de los programas de ingresos mínimos y el apoyo familiar, así como el acceso al aprendizaje digital».

En tercer lugar, «garantizar la aplicación de medidas para proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, incluso evitando pagos atrasados. Centrar la inversión en la transición verde y digital, en particular en el fomento de la investigación y la innovación, la producción limpia y eficiente y el uso de la energía, la infraestructura energética, la gestión del agua y los residuos y el transporte sostenible».

Y, en último lugar, «mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y fortalecer el marco de contratación pública para apoyar la recuperación de manera eficiente».

Reformas y resiliencia

Los líderes de los 27 han aprobado en esta cumbre, la más larga de la historia –salvo que se cuenten los preliminares protocolarios de la de Niza de 2000, que entonces aquella sería 35 minutos más larga– un plan sin precedentes para salir del abismo, el fondo de recuperación: 750.000 millones del Next Generation EU tomados prestados de los mercados financieros por el Ejecutivo comunitario, de los cuales 390.000 millones son transferencias y 360.000, préstamos. Y el grueso de ese dinero, está destinado a «apoyar a los Estados miembros con inversiones y reformas para afrontar la crisis».

Según los cálculos anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, España podrá acceder a 140.000 millones; 72.700 en transferencias y 66.300 en préstamos. De ellos, 56.000 en ayudas directas saldrán directamente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: lo que falta, irá en las nuevas partidas para cohesión y del fondo que apoyará la descarbonización de las regiones.

«No es un programa de ajuste con nombre distinto», ha afirmado el comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni. «Son los países los que diseñan qué proyectos quieren financiar con este plan, es el Estado miembro el que tiene la sartén por el mango», ha dicho el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.

¿Y qué supone estar integrado en el Semestre Europeo? Que es una herramienta sometida directamente a la gobernanza económica de la UE, aquella que marca los objetivos fiscales, la que denuncia los desequilibrios en déficit y deuda –con topes en el 3% de déficit y el 60% de deuda en relación con el PIB–, la que en la década pasada ha pedido hasta en 300 ocasiones reformas que, muchas veces, se han transformado en recortes, según el informe Discipline and punish: End of the road for the EU’s Stability and Growth Pact?, elaborado por Emma Clancy, investigadora del eurodiputado Martin Schirdewan (Die Linke), copresidente del grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE).

Lo que ha pedido Bruselas en los últimos años

Como documenta Antonio Suárez-Bustamante, corresponsal en Bruselas de Europa Press, sobre las recomendaciones específicas por país (CSR) que serán la guía para que los países elaboren sus planes nacionales de reformas a cambio del fondo de recuperación, la primera recomendación siempre es cumplir el esfuerzo presupuestario pactado para la reducción de déficit y deuda ese año. Y por ahí puede volver el fantasma de los recortes: ¿Qué pasará cuando haya países, como España, dentro de dos años, con deudas en torno al 120% del PIB y déficits superiores al 10%? ¿Cómo pedirá Bruselas que se corrija? Pero, si viene, tendrá que ver con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no con el recién creado fondo de recuperación.

Una recomendación recurrente que hace la Comisión Europea es alertar sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero no le dice a España que la vía para corregirlo pase por recortar las pensiones, sino que ha de buscar mecanismos para que el sistema no colapse. En el ámbito socio-laboral, el Ejecutivo comunitario lleva tiempo pidiendo a España medidas para favorecer contratos indefinidos y una mejora de los servicios públicos de empleo, además de corregir las disparidades autonómicas en los regímenes de rentas mínimas y mejorar apoyo a las familias.

«Además, la Comisión Europea suele conminar a España a reducir la diferencia entre los resultados educativos de las Comunidades Autónomas para atajar el abandono escolar o reforzar la formación del profesorado y el apoyo individualizado a estudiantes, además de pedir una mejora de la unidad de mercado, impulsar las inversiones en I+D, fomentar cooperación universidades-empresas, mejorar infraestructuras ferroviarias de mercancías o ampliar las interconexiones energéticas», explica el corresponsal.

Dudas de Bruselas

No obstante, también es verdad que la Comisión Europea, en su último Paquete de Invierno de febrero pasado –que no en las recomendaciones específicas de país de mayo–, Bruselas sembraba dudas sobre las reformas en pensiones, SMI y el mercado laboral. «Es importante que cualquier medida nueva solo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial y que se conserven los logros de las reformas pasadas», decía la Comisión Europea.

En ese informe, Bruselas afirmaba que «eliminar elementos de la reforma de 2013 corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas actuales a expensas de las generaciones futuras, a menos que se apliquen medidas compensatorias». Y, en relación a la reforma laboral de Rajoy, decía «reconocer que las reformas del mercado laboral adoptadas en 2012-2013 en respuesta a la crisis han jugado un papel importante en la promoción de la recuperación económica y laboral que comenzó en 2014», para añadir: «Será importante que cualquier medida nueva solo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial y que se conserven los logros de las reformas pasadas».

Gobernanza: así se piden y se controlan los fondos

Las conclusiones de los 27 establecen que «los planes de recuperación y resiliencia serán evaluados por la Comisión Europea dentro de los dos meses posteriores a su presentación». Es decir, son planes que presentan los países, no las instituciones como en el pasado.

Y lo que puntúa son «los criterios de coherencia con las recomendaciones específicas de cada país, así como el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro. La contribución efectiva a la transición verde y digital también será un requisito previo para una evaluación positiva».

El documento establece que la evaluación de los planes de recuperación y resiliencia será aprobada por el Consejo [los gobiernos de los 27], por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión Europea, mediante un acto de ejecución que el Consejo se esforzará por adoptar dentro de las cuatro semanas posteriores a la propuesta. «La evaluación positiva de las solicitudes de pago estará sujeta al cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos relevantes», dicen las conclusiones.

Y añaden el conocido cómo súper freno de emergencia introducido por Holanda que da capacidad de intervención a un país sobre el desembolso de los fondos: «La Comisión Europea solicitará el dictamen del Comité Económico y Financiero [órgano consultivo del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea] sobre el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos. El Comité Económico y Financiero se esforzará por alcanzar un consenso. Si, excepcionalmente, uno o más Estados miembros consideran que existen serias desviaciones respecto del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos, pueden solicitar al presidente del Consejo Europeo que remita el asunto al siguiente Consejo Europeo [reunión de los líderes de la UE]».

A continuación, «la Comisión adoptará una decisión sobre la evaluación del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes y sobre la aprobación de los pagos de conformidad con el procedimiento de examen».

«Si el asunto fue remitido al Consejo Europeo», terminan las conclusiones, «no se tomará ninguna decisión de la Comisión Europea sobre el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos y sobre la aprobación de los pagos hasta que el siguiente Consejo Europeo haya discutido exhaustivamente el asunto. Este proceso, por regla general, no llevará más de tres meses después de que la Comisión Europea haya solicitado su opinión al Comité Económico y Financiero».

El horizonte de la vuelta al Pacto de Estabilidad

Pero también es cierto lo que está avisando Bruselas. «Una vez que vuelva la recuperación, debe volver la sostenibilidad de la deuda y se tendrán que retornar los objetivos presupuestarios a medio plazo», ha dicho el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, quien no ha concretado una fecha para ello. ¿Cuánto tiempo se mantendrá la cláusula de escape que permite el endeudamiento y el déficit? «La condición es clara: una crisis económica grave en la UE o la eurozona en su conjunto. Este es el criterio en el que nos basaremos también para desactivarla. En estos momentos no podemos poner una fecha concreta porque tenemos un alto nivel de incertidumbre económica», ha dicho Dombrovskis.

Gentiloni ha añadido: «No es un instrumento de rescate, es un instrumento voluntario sobre prioridades comunes, no es un instrumento de rescate con la condicionalidad que acarrea. Sabemos el pasado que tenemos, pero el futuro es otro».

Es decir, que las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del Semestre Europeo, que fijan un déficit máximo del 3% y un 60% de deuda pública, volverán en cuanto pase la crisis del coronavirus, si bien hay voces en Bruselas que defienden una revisión de ese pacto, precisamente por el nuevo contexto histórico.

Ahora bien el hecho de que el grueso de las ayudas para la recuperación estén insertadas en el Semestre Europeo busca que no se desvíen de los márgenes de la UE ni de ese apelativo a la resiliencia –hacer acopio para cuando vengan mal dadas– que viene a ser el lema de los países autodenominados frugales que consideran cigarras a los del sur. Pero no sólo en lo que tiene que ver con los límites fiscales, sino también con lo que se ha marcado la UE como objetivos estratégicos: la transición ecológica y la digital.

«El Pacto de Estabilidad y Crecimiento lo doy por muerto», decía el portavoz de Ciudadanos en la Eurocámara, Luis Garicano, a elDiario.es: «No podemos, después de la deuda que vamos a tener todos, volver a Maastricht. En una unión compartimos tarjeta de crédito y hay que poner normas sobre cómo se usa la tarjeta común. Pero el Pacto de Estabilidad se ha demostrado que ya no tiene sentido. Hay una oportunidad enorme para construir un nuevo pacto de estabilidad y crecimiento».

La portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, abundaba en esta tesis: «No se está planteando de manera clara en el debate español algo que es importante: la suspensión definitiva del pacto de estabilidad. Estamos dando una salida alternativa a la de 2008, hemos suspendido ese pacto, pero ese pacto, antes o después, va a volver a estar operativo. ¿Por qué no se discute la suspensión definitiva de ese pacto, que es un instrumento que se usó en un momento para un momento en el que ya no es útil, sino contraproducente?».

Lo que está por venir es cuánto se mirará la UE en su espejo del pasado o si realmente apostará por un nuevo paradigma. De momento, no se habla de troika, ni de hombres de negro.