Grecia devuelve en caliente de forma sistemática a solicitantes de asilo por mar: «Es una catástrofe para los derechos humanos»

Alrededor de la 1 de la mañana del 24 de agosto, Ahmed (nombre ficticio) se subió a una lancha de goma con otras 29 personas y zarpó desde Çanakkale, una provincia al noroeste de Turquía. Según su versión, habían pasado apenas 30 minutos, cuando entraron en aguas griegas, próximas a Lesbos y se les acercó una patrullera de la guardia costera helena.

Ocho agentes en pantalones cortos y camisa azul, algunos con máscaras negras y armados con ametralladoras, obligaron al grupo -más de la mitad mujeres y entre ellas varios menores y seis niños pequeños- a subir a bordo encañonados. Pincharon el bote con cuchillos y se hundió. «Dijeron que nos llevarían a un campamento», dijo Ahmed. «Los niños estaban contentos y empezaron a reírse, pero yo sabía que mentían».

Ahmed, un refugiado eritreo de 17 años, alega que a lo largo de la noche los griegos detuvieron al grupo, confiscando sus posesiones y negándoles el acceso a baños y agua potable. Por la mañana los enviaron a un barco salvavidas en aguas turcas. Era demasiado pequeño y los vídeos que muestra Ahmed, grabados con el teléfono escondido, muestran que a algunos de los miembros de su grupo los obligaron a nadar. La guardia costera turca confirmó que interceptó la balsa a la 1:20 del mediodía siguiente.

Esta que describe Ahmed, que huyó del conflicto en Eritrea después de la muerte de su padre, es sólo una de las siete ocasiones en las que dice haber sido rechazado por los guardacostas griegos. Estas «devoluciones en caliente» se ha incrementado desde marzo, según una investigación de The Guardian. Algunos expertos aseguran que se ha convertido en una decisión política evidente por parte del gobierno derechista liderado por el partido Nueva Democracia desde que llegó al poder en Atenas el año pasado.

Entrevistas con cinco víctimas de este tipo de operaciones, 10 ONG que trabajan en el Mar Egeo, entre ellas Human Rights Watch, Josoor y el Aegean Boat Report, y varios vídeos revisados por The Guardian revelan una práctica organizada y sistemática: negar la entrada a los solicitantes de asilo.

La semana que viene una coalición de organizaciones no gubernamentales entre las que se encuentran Human Rights Watch y la Red de Vigilancia de la Violencia Fronteriza, publicará una carta abierta condenando estas prácticas  y pidiendo al gobierno griego y a la Comisión Europea que tomen medidas contra los implicados. Un borrador de la carta que ha tenido acceso The Guardian pide que se apliquen «sanciones disciplinarias y penales» a quienes «se descubra que han participado en tales actos ilegales».

Los expertos en derecho internacional afirman que comportamientos como esos vulneran el derecho internacional, incluida la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención Europea de Derechos Humanos. «Lo que vemos es la expulsión colectiva e ilegal de refugiados del territorio griego», cree Satvinder Juss, profesor de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados en el King’s College de Londres. «Es una catástrofe para los derechos humanos».

A menudo, esos hechos a los que se refieren organizaciones y expertos implican grupos de hombres no identificados con uniformes negros que interceptan barcos de refugiados que han llegado a aguas griegas y los devuelven por la fuerza a aguas turcas, dejándolos a la deriva después de destruir los motores o en botes salvavidas diferentes. En algunos casos, las víctimas han llegado a suelo griego antes de ser devueltas por las autoridades a mar abierto. Antes, las han amenazado sin ambages con violencia, disparos y levantando olas con sus fuerabordas. En al menos un caso, los refugiados fueron abandonados sin alimentos durante dos días en un islote entre Grecia y Turquía. Al final, los rescataron.

AlarmPhone, una ONG que opera una línea telefónica y una red de medios sociales para refugiados en peligro, dijo que ha observado un aumento sustancial en las denuncias de devoluciones y expulsiones desde el comienzo de la pandemia. Tiene 55 casos registrados entre marzo y agosto. La organización Greek Helsinki Monitor dijo que ha presentado un informe al Tribunal Supremo, al Tribunal Naval y al Tribunal Militar de Apelaciones de Grecia en el que afirmaba que casi 1.400 personas han sido expulsadas entre marzo y julio, aunque se cree que el número real es mucho mayor.

Minos Mouzourakis, abogado de RefugeeSupportAegean lleva algunos casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se remontan a 2014, cuando ocho niños afganos y tres mujeres murieron después de que su barco se hundiera cerca de la isla de Farmakonisi durante uno de estos rechazos violentos. «Esto supone un retroceso lamentable a tácticas usadas en el pasado», dijo Mouzourakis.

En diciembre de 2019, Grecia dijo que preveía que a lo largo de 2020 podrían llegar hasta sus islas hasta 100.000 solicitantes de asilo desde Turquía. Según ACNUR, con fecha de 31 de agosto ha habido 8.860 llegadas por mar a Grecia. Stella Nanou, la representante griega de la agencia, reconoció que la cifra resulta “creíble» y pidió a Grecia que «garantice y salvaguarde los derechos de quienes buscan protección internacional».

Kyriakos Mitsotakis, el primer ministro griego, ha tomado varias decisiones para asegurarse de que lleguen menos refugiados, llegando incluso a suspender temporalmente el derecho de asilo, acortando el plazo de apelación en las solicitudes, levantando más vallas a lo largo de la frontera terrestre con Turquía y evalúa incluso la posibilidad de instalar barreras flotantes en el mar. Pero el gobierno ha descrito las acusaciones de estar provocando «devoluciones en caliente» como «noticias falsas» de fuentes poco fiables.

«Esas devoluciones en caliente son inherentemente violentas, no sólo física sino mentalmente», dijo Amelia Cooper, del Lesbos Legal Centre, que está documentando estas prácticas y proporciona apoyo jurídico a los supervivientes. «Los supervivientes son conscientes de que estas expulsiones, y los abusos que conllevan son inherentes al concepto de frontera europea y forman parte del acuerdo político de la UE con Turquía».

Cuando se le contactó, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Política Insular de Grecia declaró que sus operaciones se ajustan al derecho internacional y que el organismo ha sido objeto de «un ataque sistemático por parte de un grupo de medios de comunicación, las ONG y otras plataformas de redes sociales, que tienden a presentar lo que son acciones pertinentes de manera unidimensional y fragmentaria».

Pero los documentos a los que The Guardian ha tenido acceso revelan que un buque de suministros de la marina alemana, el Berlin, que encabeza el Grupo Marítimo Permanente 2 de la OTAN en la región del Egeo, observó barcos con refugiados forzados a entrar en el territorio marítimo turco por las autoridades griegas el 19 de junio y el 15 de agosto. Los hallazgos se produjeron en respuesta a las preguntas parlamentarias del diputado del partido de izquierda Andrej Hunko.

Después de ser detenido en Turquía, Ahmed fue liberado y duerme desde entonces en un parque de la ciudad de İzmir. «No me importa morir», dijo. «No tengo opción de volver. Pero estoy perdiendo la esperanza».