«TODO SOBRE LA LEY CELAÁ O LOMLOE» por Maria Serra
La ley no pretende acabar con los centros concertados ni la educación especial. Tampoco impone un modelo laico ni contempla el fin del castellano como lengua oficial en la comunidad educativa.
El pasado 19 de noviembre el Congreso aprobó la LOMLOE (Ley Orgánica de modificación de la LOE) o ‘ley Celaá’ con el apoyo de los partidos nacionalistas y el rechazo de la derecha por 177 votos a favor y 148 en contra.
La última vez que se aprobó una ley educativa fue en 2013. La famosa LOMCE o ‘ley Wert’ salió adelante durante el mandato de Mariano Rajoy y contaba solo con los votos parlamentarios del PP.
En el momento de su aprobación hubo numerosas movilizaciones en contra de la nueva ley, que incluía medidas como la inclusión de agentes privados en la educación pública, la cesión del suelo público por parte de los ayuntamientos a empresas privadas, la no obligatoriedad de una asignatura de Educación en Valores y un mayor control de los contenidos impartidos.
Actualmente, la LOMLOE ha provocado una gran polémica derivada de la malinterpretación de sus propuestas y la falta de entendimiento del Gobierno central. Partidos como VOX, Ciudadanos o PP son contrarios a una reforma que tachan de “ideológica” y que critican por considerar que se quita peso a los centros concertados o al castellano como lengua cooficial.
A pesar de que medios de comunicación y políticos intentan tergiversar e interpretar, bajo su propio juicio, las medidas adoptadas por la ministra Isabel Celaá, es necesaria una explicación distante de la nueva reforma de la ley educativa que afectará a los más pequeños del pueblo.
La nueva ley supone una mayor participación de las comunidades en la educación pública, reduciendo las competencias del Gobierno central. Con el objetivo de caminar hacia una mayor inmersión lingüística, el castellano deja de ser lengua vehicular. El Tribunal Constitucional y el Supremo ya resolvió que el castellano debe utilizarse en al menos un 25% del horario lectivo.
Esto no cambia con la nueva ley, que establece que en aquellas comunidades con lenguas cooficiales (Cataluña, País Vasco…), los alumnos deben terminar la educación obligatoria con perfecto conocimiento tanto del castellano como de la cooficial. Hasta 2013 no se introdujo el termino de ‘lengua vehicular’ en una ley educativa pero ya se sobrentendía y era una realidad que el castellano era el idioma oficial en el que se imparten las asignaturas.
En cuanto a los centros concertados, la ley incluye una serie de medidas para corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre los centros públicos y concertados. Actualmente, la escolarización pública es del 67% frente al 81% de la Unión Europea. Los ayuntamientos tampoco podrán ceder suelo para construir centros públicos que no sean educativos, tal y como se apoyaba en la LOMCE.
Hay un apoyo total así a la educación publica del país como eje vertebrador del sistema.Esta es una de las razones por los que los centros concertados están en guerra y circula además un video por redes sociales que asegura que la LOMLOE “roba la patria potestad de los padres”. Sin embargo, el concepto ‘demanda social’ ha sido utilizado por las comunidades para ceder suelo publico de manera gratuita y su eliminación no busca más que evitar la discriminación del alumnado por motivos socioeconómicos. La libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales aparece reconocida en el articulo 84 de la LOMLOE.
Otro de los bulos más acentuados respecto a esta ley es la supuesta imposición de un modelo de educación laico en el que se contempla el fin de la asignatura de religión. Lo cierto es que lo único que cambia es que, a pesar de que la religión siga siendo de oferta obligada, se convierte en una asignatura optativa para los alumnos y cuya nota no contará para tramites como la concesión de las becas.
También es falso que se haya emprendido un camino hacia la eliminación de la educación especial. La reforma de la ley educativa no contempla esta opción y estipula que “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Esto supone un proyecto centrado en la inclusión y encaminado al fin de la discriminación que sufren muchas personas discapacitadas.
A pesar de que la reforma de la ley educativa ha sido objetivo de intereses externos, es una realidad que el Ministerio de Educación ha querido poner el foco en el fomento de la educación pública y acabar con la privatización y la concesión de privilegios a los centros concertados. Todavía quedan mucho camino hacia un sistema educativo sano e igualitario pero la voluntad política y ciudadana puede ser un gran paso.
Todos los detalles sobre la LOMLOE:
https://www.educacionyfp.gob.es/destacados/lomloe.html