¿Ha sido un golpe de Estado el asalto al Capitolio de Estados Unidos?
El asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 no puede ser considerado un golpe de Estado, al menos de acuerdo con la información disponible hasta el momento.
Un golpe de Estado consiste en “tomar el poder de forma ilegal, y mediante la violencia o la coerción, para desplazar a la persona que ostenta el poder o cambiar el sistema político vigente”. Sin embargo, el asalto a la sede del poder legislativo estadounidense carece de dos elementos fundamentales para un golpe de Estado: planificación y coordinación, y fuerza armada o poder institucional con los que ejercer violencia o coerción.
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Por un lado, aparentemente el asalto no estaba planeado ni dirigido. El presidente Trump celebró un mitin en Washington D. C. el día 6 al mismo tiempo que el Congreso se reunía para certificar los resultados electorales y declarar oficialmente la victoria de Joe Biden. En su discurso, Trump volvió a insistir, sin pruebas, en que las elecciones habían sido fraudulentas e incitó a sus seguidores a ir al Capitolio a protestar contra lo que calificó de “atroz ataque contra nuestra democracia”.
Tras el mitin, hacia las dos de la tarde, miles de manifestantes trumpistas rodearon y asaltaron el edificio. La sesión del Congreso tuvo que ser suspendida y los congresistas puestos a salvo. Con todo, los asaltantes no parecían tener una intención clara más allá de protestar contra la victoria de Biden y obstaculizar su certificación. Pasearon por el interior del Capitolio, vandalizaron algunos despachos, se hicieron fotos de recuerdo y robaron mobiliario. Cuando la policía recuperó el control del edificio, varias horas después, el Congreso pudo reanudar su sesión, certificando los resultados electorales de madrugada, el último paso antes de que Biden sea investido presidente el 20 de enero.
Además, el asalto al Capitolio estadounidense no parece haber contado con fuerza armada ni apoyo institucional. Después de que Trump prendiera la mecha con su discurso, sus seguidores se enfrentaron a la policía y superaron fácilmente los débiles cordones de seguridad, lo que ha abierto el debate sobre la evidente falta de protección del edificio. Penetraron en el Capitolio rompiendo ventanas y puertas y accedieron a los despachos de los congresistas y al hemiciclo del Senado. Sin embargo, la mayoría de los asaltantes no iban armados y ni el Ejército ni la policía les apoyaron. Fueron desalojados por las fuerzas de seguridad a las pocas horas y al menos 68 de ellos ya han sido detenidos. Tampoco respaldaron el asalto el vicepresidente Mike Pence u otros miembros del Gobierno, el Partido Republicano —al que pertenece Trump—, la Administración local o los medios de comunicación.
Estos hechos contrastan con otro golpe de Estado reciente: el que derrocó al dictador de Sudán, Omar al Bashir, en abril de 2019. Fue lanzado por el Ejército sudanés para forzar una transición de poder tras treinta años de régimen. Los militares detuvieron a Bashir, ocuparon edificios públicos, establecieron un estado de emergencia, difundieron un comunicado a través de los medios y depusieron a Gobierno y parlamento.
Pese a todo, el asalto al Capitolio representa una grave amenaza a la democracia estadounidense. Fue necesario un toque de queda y la intervención de la Guardia Nacional para restaurar el orden. Los enfrentamientos con los manifestantes dejaron cuatro muertos y una decena de heridos. Trump acabó instando a sus seguidores a irse a casa pero no sin antes reafirmarse en las acusaciones infundadas de fraude. Biden, por su parte, tachó los acontecimientos de “insurrección” que “bordea la sedición” y pidió a Trump que mandase un mensaje claro de rechazo. Algunos congresistas demócratas y republicanos han ido más lejos pidiendo un nuevo impeachment contra Trump, acusándole de fomentar la sedición. Otros han pedido al vicepresidente Pence que active la Vigesimoquinta Enmienda, que permite apartar del poder a un presidente si se le considera incapacitado.
