«Los niños que denuncian violencia no mienten. Hay que saber leer y entender lo que dicen”

Clara Martínez (Elgoibar, Gipuzkoa, 51 años), directora de la Cátedra Santander de Derechos del Niño de la Universidad Pontifica de Comillas desde 2011, no solo considera que era necesaria una ley, sino que “hacía falta esta ley”. Esta experta comenzó a trabajar con las organizaciones de infancia en el primer borrador de una norma que protegiera a los niños frente a la violencia en 2014. Estuvo, por tanto, en la cocina de la norma que enfila ya la recta final hasta su aprobación definitiva y confía en que siente las bases para un cambio de paradigma en España.

Pregunta. ¿Por qué está invisibilizada la violencia contra los menores?

Respuesta. En parte porque no tienen cauces claros y eficaces de denuncia, de expresión de su realidad. Lo cual limita mucho la posibilidad de comunicar, como sí tenemos los adultos, la situación por la que podamos estar atravesando. Creo que también hay una responsabilidad inmensa de todo el sistema y la sociedad, no hemos dado la relevancia suficiente al hecho de tener datos confiables y actualizados sobre violencia en la infancia.

P. ¿Esta ley la va a dar?

R. Introduce mejoras muy considerables porque involucra a las Administraciones públicas y establece la necesidad de recoger datos de manera completa y de notificarlos y, antes de eso, de tener criterios comunes para recolectarlos.

P. ¿Se cree a los niños cuando denuncian violencia?

R. La realidad más bien demuestra que no. Al no tener un desarrollo intelectual, emocional y social tan completo como se presume que tenemos los adultos, en general no se termina de creer su testimonio. Luego se demuestra que los niños no mienten. Su modo de expresar la realidad es la que se corresponde normalmente con su edad y grado de madurez. Hay que saber leer y entender lo que están diciendo. No es que se expresen mal; es que no los entendemos bien, a lo mejor porque no hacemos los esfuerzos suficientes. Por ejemplo, a veces un dibujo es capaz de expresar, no con palabras ni con el rigor de un adulto, lo que le ha sucedido. Y sin embargo, a veces ni por esas les creemos. Para poder creer, primero tenemos que entender.

P. ¿Cuáles son las carencias del sistema judicial?

R. Prácticamente todo el peso de la actuación frente a la violencia recae sobre los jueces, es un modelo punitivo de la conducta del agresor. No voy a decir que los jueces no los crean. Actúan conforme a las reglas utilizadas en todo tipo de procesos. Y de ahí el movimiento en Europa, para adaptar el modo de hacer en este ámbito a la realidad de un niño víctima. El proceso es un calvario para el menor. Los jueces no piden la prueba preconstituida [que declaren una sola vez, durante la fase de instrucción]. En muchas ocasiones, cuando la única prueba que hay para condenar a alguien es el testimonio de la víctima, y es un niño que ha tenido que contar lo mismo cinco o seis veces, es muy fácil que aparezcan inexactitudes, que lleven al juez a pensar que ese testimonio adolece de rigor, y diga que la única prueba de cargo no es suficiente para condenar al abusador.

P. La ley instaura esta prueba para menores de 14 años y las organizaciones de infancia pedían que fuera hasta los 18. ¿Cuál es su opinión?

R. Que es insuficiente. Lo que no encuentro es el fundamento a esas diferenciaciones por edades. Si son personas menores de edad, son menores de edad para bien y para mal. No tiene justificación, ni psicológica, ni antropológica, ni jurídica.

P. ¿Esta ley resuelve las carencias del sistema judicial?

R. La ley mejora sustancialmente lo que tenemos ahora mismo. Encaminarse hacia la creación de juzgados especializados en temas de menores, familia y capacidad es un buen paso y muy necesario. La ampliación del plazo de la prescripción de los delitos de abusos, o la obligatoriedad de la prueba preconstituida constituyen una mejora, pero uno de los mayores aportes de la ley es precisamente que sale de la idea de que la respuesta judicial es la única que el sistema puede dar. Precisamente es una norma que pone el foco en la prevención. Que un caso acabe en un juzgado supone el fracaso del sistema, que hemos llegado tarde.

P. ¿Cuáles son los puntos fuertes?

R. Recoge un principio muy novedoso con un potencial inmenso, el del buen trato a la infancia. No basta con no tratar mal a los niños, sino que hay que establecer mecanismos para tratarlos bien. E introduce la creación de una conferencia sectorial para trabajar la gobernanza entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

P. A nivel internacional, ¿dónde nos sitúa esta ley?

R. Hasta donde yo sé es la primera a nivel mundial. No es que no haya leyes en el mundo que traten la violencia contra la infancia, sino que es el primer texto legal que aborda de manera integral la violencia contra la infancia.

P. ¿Cree que provocará un cambio de paradigma, como en su día en la violencia de género?

R. Esperamos que sí y que sirva para avanzar en la necesaria implantación del enfoque de los derechos del niño. No son propiedades que podamos tratar a nuestro antojo, sino que son personas con dignidad, con derechos.

P. ¿Teme que pase como con la ley de violencia de género, cuya aplicación se ha ralentizado por falta de recursos y decisión política?

R. Este es un primer paso. Hay una memoria de la ley y dotación prevista, pero hay que trabajar mucho más holísticamente todo este problema. Deberíamos caminar hacia algo mucho más profundo, un cambio cultural en el modo de entender lo que es la persona menor de edad. Para esto la ley contempla la elaboración de una estrategia nacional de erradicación de la violencia contra la infancia que marcará objetivos, priorizará acciones y señalará qué nivel territorial será responsable de organizar cada aspecto. Es muy importe señalar qué corresponde a cada nivel territorial, para luego poder exigirlo.

P. ¿Cuáles son los puntos débiles y las carencias?

R. Se podría haber llegado más lejos con los centros de protección a la infancia, por ejemplo, para que sean realmente lugares de protección. Y que los trabajadores sociales tengan reconocida la condición de autoridad pública me parece un error, cuando estamos planteando un sistema de protección con medidas consensuadas. Si vamos a presumir la veracidad de lo que dice el trabajador social, es cierto que sufren ataques y agresiones, pero probablemente lo mejor no es declararlo autoridad pública y en caso de que haya una agresión sea delito contra la autoridad. En cuanto a carencias, nos encaminamos a la especialización de juzgados. Hay un movimiento fuerte en Europa, en países como Finlandia, Estonia, Noruega, Chipre o Polonia, donde están trabajando en lo que se llama la casa de los niños, que no solo es una protección integral, sino integrada. Cuando el niño ya ha sufrido una agresión, sobre todo sexual, no tendría que hacer un periplo a distintas instancias: primero a la comisaría, luego al médico, a servicios sociales, al juez… Eso es un maltrato institucional. La casa de los niños es un sitio donde están ya los profesionales y el niño está en el centro. Hay un ejemplo ya en Cataluña, donde se está trabajando además en otros cuatro, y Valencia también lo está estudiando. Sería un avance inmenso, una optimización de recursos públicos fenomenal. Cuando trabajamos en el borrador, en su momento, lo propusimos. Hemos llegado a una especialización de los juzgados.

P. ¿Cuánto tiempo tardará la ley en estar completamente desplegada?

R. Mucho. Tras su aprobación, requerirá bastantes meses para que salgan reglamentos de desarrollo en lo que tenga que desarrollar el propio Gobierno. Luego habrá que adaptar las leyes autonómicas a la ley. Estamos trabajando con entidades en una hoja de ruta a nivel nacional; van a ser dos años tranquilamente.