Nueve granadinas denuncian cada día haber sufrido insultos, vejaciones o golpes machistas
Los expertos lazan un mensaje constructivo y tajante: se puede salir del maltrato Un total de 1.668 mujeres denunciaron en la provincia a sus agresores hasta junio El 87% de las sentencias fueron condenatorias.
Según el último informe hecho público por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los juzgados granadinos recibieron en el segundo trimestre del año un total de 895 denuncias por violencia de género, que, sumadas a las 773 registradas en el primer trimestre, arrojan un total de 1.668 casos judicializados en la provincia hasta junio. Estos datos suponen un incremento de denuncias en el segundo trimestre en la provincia del 15,8%.
A nivel nacional, los juzgados recibieron en el segundo trimestre un total de 32.023 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento interanual del 1 por ciento. En el mismo período de tiempo, se elevó también en un punto el porcentaje de sentencias condenatorias a maltratadores, que representaron el 62,4% del total de sentencias dictadas. En la provincia, un 87% de las sentencias emanadas de los órganos judiciales fueron condenatorias. Y en cuanto a las personas enjuiciadas, hubo un incremento en el segundo trimestre con respecto al primero: 224 hombres denunciados se sentaron en el banquillo para ser enjuiciados frente a los 186 del primer trimestre. Del total de personas enjuiciadas en Granada por violencia machista entre enero y junio (410), hubo 307 condenados españoles y 50 condenados extranjeros.
La víctima debe tener muy clara la importancia de denunciar para obtener «el respaldo institucional y social», indica por su parte la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Ana Belén Palomares, a la vez que destaca la necesidad de que «la Administración Pública, a todos sus niveles, tenga los recursos necesarios para poder responder a las necesidades de las mujeres» y, sobre todo, «que la sociedad se sume a esta lucha contra la violencia de género». De este modo, las mujeres tendrán más seguridad, menos miedo y más confianza en que su denuncia al final les llevará a salir de la violencia de género. Por eso, como enfatiza, es necesario un pacto de Estado, tal y como propone la Junta de Andalucía al Gobierno Central, «un pacto de Estado social y político, en el que todas las personas en todos los ámbitos se unan con unos mínimos para luchar en contra de la violencia de género».
Para Palomares, el aumento de denuncias siempre es positivo. Más aún si se tiene en cuenta que solamente se denuncia el 30% de este tipo de violencia. «Cada vez que hay más denuncias es que parte de esa violencia invisible, oculta, soterrada, está saliendo a la luz pública, y eso siempre es positivo», destaca, a la vez que anima a sumarse a la lucha a esos hombres que no sustentan su forma de vida en el machismo, que no son cómplices de la violencia y que creen que otras masculinidades son posibles.
A la hora de luchar contra esta lacra social y erradicarla, expertos como la catedrática de Filosofía del derecho de la Universidad de Granada Juana Gil opinan que se requieren esfuerzos «en un doble plano». Para Gil, una de las voces más autorizadas en esta materia, por una parte, «el mensaje de igualdad efectiva ciudadana debe trasladarse en el complejo proceso de socialización de los individuos, mujeres y hombres, reatravesando todas las vías de socialización diferencial». En este sentido, subraya que el mensaje transmitido tanto a través de la vía cognitiva (colegio, libros de texto, docentes, cuentos, lenguaje…), como la social (medios de comunicación, publicidad, películas, series de televisión…), la espiritual (religión, moral…) así como la de la vía afectiva (familia, amigas y amigos,…) debe ser «el de la igualdad con mayúsculas de mujeres y hombres, no sólo en derechos (ante la ley), sino el derecho a un igual reconocimiento y respeto».
La segunda intervención que podría hacerse desde la educación, a juicio de la catedrática, «proviene de la necesidad de formar en género a todas las personas que deben actuar en el proceso de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género». En este sentido, recuerda que la formación en género «no se intuye», sino que requiere numerosos esfuerzos por parte de las instituciones y de las personas que participan en estos procesos de erradicación de la violencia. «No hacerlo así -enfatiza- implica abandonar a las mujeres y menores que sufren y padecen esta violencia de género a un plus de victimización secundaria propinada, ahora, bien por acción u omisión por el propio Estado».
«El mensaje debe ser tajante y constructivo: de la violencia de género se sale», advierte con contundencia, a la vez que añade que para que las víctimas de la violencia de género puedan lograr escapar de la atmósfera irrespirable que les envuelve es necesario que el Estado arbitre los mecanismos y el apoyo personal y técnico necesarios. Y debe hacerlo, a su juicio, con un claro objetivo: «acompañar a las ciudadanas que la sufren hacia la casilla de salida y el inicio de una nueva andadura, libre de ataduras, golpes y miedo».
En este contexto, la experta aboga por apostar «en serio» por erradicar la violencia de género y apela en especial al cumplimiento del Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica), que entró en vigor para España en agosto de 2014 y que, como subraya, «no deja lugar a dudas». En virtud de este, «España responderá, porque así lo firmó, con toda su fuerza, ante cualquier atentado a los derechos de las mujeres como ciudadanas. Confiemos en que nuestro país responda a los requerimientos europeos que aquel 18 de marzo de 2014 no dudó en ratificar», expresa.
Otra cifra destacable que recoge el informe del CGPJ es la relativa a los delitos de maltrato ingresados entre enero y junio. Fueron un total de 1.455 delitos (en su mayoría de lesiones y malos tratos del artículo 153 del Código Penal) y 244 faltas, principalmente por injurias y vejaciones injustas. Las faltas vienen contabilizadas en este informe porque no desaparecieron hasta el 1 de julio, con la entregada en vigor de la última reforma del Código Penal.
