Comunicado sobre la «Ley Trans»

Las abajo firmantes -ocho feministas de larga trayectoria, que en noviembre de 2020 y en febrero de 2021 nos pronunciamos sobre las propuestas de “ley trans”- queremos manifestar lo siguiente:

Creemos positivo que no se haya aprobado el texto presentado a Cortes el pasado 18 de mayo por algunos partidos políticos minoritarios. Ese texto, similar al elaborado por el Ministerio de Igualdad que se filtró en febrero, habría permitido el cambio de sexo registral con la sola declaración del interesado y no fue aprobado por la ausencia de garantías jurídicas que “la libre determinación del sexo” supone. Por ello genera inquietud que, en tan breve lapso, los medios se hagan eco de un posible acuerdo entre los socios de Gobierno para llevar a Consejo de Gobierno una propuesta de Ley a finales de junio para hacerla coincidir con la celebración del día internacional del Orgullo LGTBI. Desde mayo al momento actual el escollo sigue siendo el mismo: el reconocimiento jurídico de la “identidad de género”. Poco importa, a efectos de garantías, que se opte por acudir con testigos o que la solicitud ante el Registro Civil se haga en dos fases. Otorgar plena seguridad jurídica a las personas transexuales exige llevar a cabo un proceso de acreditación que no puede ser tildado de “patologizante” porque requiera verificación y no mera declaración.

Creemos que la discriminación social que sufren algunas personas transexuales (no puede hablarse de “personas trans”, pues se trata de un término indefinido en el que se incluyen realidades tan dispares como transexuales, transgéneros, travestis o el neo-concepto de personas de “género fluido” o “no binario”) debe combatirse en el marco de las acciones gubernamentales contra la discriminación del colectivo LGTBI.

El Gobierno debe tomar en cuenta las consecuencias que se puedan derivar de otorgar naturaleza jurídica a la libre determinación del sexo por simple declaración. Toda propuesta legislativa tiene un impacto social que afecta al conjunto social, muy especialmente a las mujeres. De ahí la necesidad de que se acompañe del preceptivo informe de “impacto de género”.

Queremos reiterar nuestro apoyo -el mismo que ha prestado siempre el feminismo- a los Derechos Humanos de transexuales, lesbianas y gays, pero también recordar que la autodeterminación del sexo registral no es el camino para allanar las dificultades que afrontan las personas transexuales en el ejercicio de sus derechos.

Instamos al gobierno y al poder legislativo a establecer canales de diálogo con las organizaciones de mujeres que vienen analizando las consecuencias derivadas de estas leyes, y queremos recordar que estas son las líneas rojas:

1/ El sexo es una realidad biológica inmutable. El cambio de sexo registral, tal como lo regula la ley 3/2007, que permite sustituir, en el Registro, una realidad empíricamente observable por una ficción, es y debe seguir siendo una excepción jurídica, justificada por una disforia o incongruencia de género certificada por profesionales.

2/ No se puede confundir sexo y género. El género es una construcción cultural de roles sexistas, no una identidad innata a defender.

3/ Las estadísticas policiales, económicas, de representación, etc., deben cumplir la Ley de Igualdad y establecer sus indicadores considerando que las desigualdades que se pretenden medir lo son por razón de sexo. El principio de paridad debe mantenerse, sin que varones autoidentificados como mujeres puedan ocupar el lugar de éstas.

4/ La diferencia física (no solo hormonal) entre mujeres y varones exige que se mantengan en los deportes categorías masculina y femenina separadas, basadas en el sexo.

5/ Las mujeres deben seguir disfrutando los espacios seguros que han conquistado, tales como vestuarios, aseos, casas de acogida o cárceles reservados a ellas.

6/ Las y los menores de edad no deben verse expuestos en los centros educativos a explicaciones no científicas sobre su realidad material y sus posibles malestares de género, ni se les debe ofrecer la “transición de sexo” como presunta “solución” a sus comportamientos no conformes a los estereotipos.

7/ Todas las ciudadanas y ciudadanos, incluidos madres, padres, profesorado, profesionales de la salud física o psicológica… deben poder expresar opiniones diversas sobre sexo, género o transexualidad, sin ser castigados por ello con la pérdida de la custodia o tutela u otras sanciones o amenazados por un supuesto delito de odio, calificación que nunca se aplica a los ataques sufridos por las mujeres que expresan opiniones al respecto.

Por último, denunciamos las amenazas de impedir la presencia en la manifestación del Orgullo a quienes no acepten los posicionamientos trans. Las feministas abrimos el camino de los derechos sexuales y las libertades civiles, estamos en las calles y en los parlamentos, y nadie puede prohibirnos ejercer el derecho de manifestación y opinión.