Las rupturas avanzan del conflicto al mutuo acuerdo tras 40 años de la ley del divorcio

La ley del divorcio llegó tras 17 meses de debate legislativo y después de encierros y protestas de feministas que reclamaban el acceso a esta figura y al aborto. No fue fácil: “Hemos conseguido derribar una importante barricada”, resumió el 22 de junio de 1981 el entonces ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez cuando se aprobó en el Congreso. Era otra España, una que apenas despertaba a la democracia. Las mujeres acababan de recuperar la posibilidad de abrir una cuenta corriente o de comprar un piso a su nombre aunque estuvieran casadas. Un país diferente en el que solo los ricos o famosos disolvían sus matrimonios sin necesidad de esperar a que la muerte los separase, con nulidades eclesiásticas obtenidas a golpe de talonario. El resto quedaban en un limbo. Fue a esa España a la que llegó la nueva ley que recuperaba el divorcio casi 50 años después. La norma fue sancionada por el Rey el 7 de julio de 1981. Por eso la llamaron “la Sanfermina” o “la Fermina”. Cuarenta años después, las parejas se divorcian sobre todo de mutuo acuerdo, hay más rupturas que bodas y ya no hace falta estar un año separados para poder romper la convivencia.

En estos 40 años se han tramitado en España 3.658.530 procedimientos de separación y divorcio y 4.754 de nulidad matrimonial, según datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que señala que 2020 fue el primer año en el que ha habido más disoluciones que matrimonios y lo atribuye a la pandemia. Al principio se cerraban sobre todo divorcios contenciosos (60%, tres de cada cinco). La tendencia cambió a partir de 1999 y ahora es justo la contraria, la mayoría ―también tres de cada cinco― se presentan con mutuo acuerdo de ambos cónyuges.

En España ha habido 86,8 disoluciones por cada 1.000 habitantes, con diferencias significativas entre la comunidad con la tasa más baja, que es Extremadura (56,6 por cada 1000) y la más alta, Canarias, con 120,5 por cada 1.000 habitantes. Actualmente la edad media de los divorciados, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), es 46,87 años ―48,5 en el caso de los hombres, 45,2 en el de las mujeres―. En el 20% de los casos ―una de las franjas mayoritarias― el divorcio se produce tras un matrimonio de entre 20 y 29 años.

Cuando se estaba tramitando la ley, hubo voces contrarias de la parte más conservadora de la sociedad. Al ministro Fernández Ordóñez le colocaron frente a su despacho un cartel que decía: “El divorcio destruye la familia”. Las asociaciones de mujeres estaban movilizadas. Algunas colaboraron estrechamente con él. “A veces el ministro me llamaba y me decía: ‘¡Necesitamos firmas!’. Y yo, hala, a por firmas”, recuerda la feminista Ana María Pérez del Campo, en su libro de memorias La Mujer que dijo basta (editorial Libros.com), escrito por la periodista Charo Nogueira. “También promovimos que se pronunciaran los ayuntamientos, que aprobaran mociones a favor”, prosigue Pérez del Campo, una de las impulsoras de la ley y fundadora de la Asociación Española de Mujeres Separadas y Divorciadas. Cita a uno concreto, entonces concejal en el Ayuntamiento de Gijón y contrario al divorcio en matrimonios religiosos: “Era Francisco Álvarez Cascos, que luego se divorció varias veces”. Alianza Popular, antecesora del Partido Popular, votó en contra de la legalización del divorcio como lo haría después con el aborto o el matrimonio gay. Pero salió adelante.

La norma aprobada entonces, en realidad una modificación del Código Civil, contemplaba que se podía conseguir un divorcio tras un año de separación de mutuo acuerdo, que se extendía más de dos años en otros casos. Por el camino de la negociación se cayó la posibilidad de que un juez pudiera denegar el divorcio alegando dificultades para los hijos o para alguno de los cónyuges, lo que se conoció como “cláusula de dureza”.

“Fue una auténtica revolución”, recuerda al teléfono la abogada Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Mujeres Juristas Themis, que en esos años ejercía como abogada laboralista y cambió de rumbo a abogada de familia. Gonzalo explica que, junto con la ley del divorcio se aprobó otra que se llevó menos titulares, pero que también fue fundamental: la ley de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio. “Entre las dos dieron la vuelta al derecho de familia y lo adecuaron al principio de igualdad recogido en la Constitución. Por primera vez desde 1939 se iguala a los cónyuges en las relaciones personales, económicas y con los hijos. Y se equipara a todos los hijos con independencia de que hubieran nacido dentro o fuera del matrimonio”.

“El divorcio vino a resolver la situación de los matrimonios infelices, irreversiblemente rotos, que se veían condenados a no poder rehacer su vida con otra persona”, resume la abogada de familia Mercedes Hernández, que lleva 50 años ejerciendo. “Entonces, los primeros perfiles de divorciados eran parejas que llevaban mucho tiempo con una relación matrimonial rota y querían legalizar su situación”, recuerda Hernández, que cuenta que los legisladores temían una avalancha de casos ―“pensaban que aquello sería la casa de Tócame Roque”― que no se produjo.

La evolución fue progresiva desde los 22.578 casos de 1982 ―en 1981 hubo 9.483, pero la ley se aplicó los últimos cuatro meses― hasta los 91.050 de 2020, según datos del CGPJ. El año de más divorcios fue 2006 (con 141.317), tras la aprobación en 2005 de la llamada ley del divorcio exprés. Casi un cuarto de siglo después de la primera ley del divorcio, esta reforma acaba con la obligación tanto del tiempo de separación previo como de especificar cuáles eran las causas ante el juez.

Una ley que evoluciona con la sociedad

“La ley llegó cuando ya no se podía sostener más que los matrimonios eran indisolubles hasta la muerte, porque la realidad clamaba que uno pudiese rehacer su vida si no le había ido bien”, reflexiona la abogada Mercedes Hernández. “La ley ha evolucionado conforme ha ido evolucionando la mentalidad de este país. Y las que más han cambiado han sido las mujeres”, concluye.

La jurista Altamira Gonzalo subraya, por su parte, que la ley que se aprobó en 1981 fue “mucho menos avanzada” que la que existía en España en 1932 y que hubo que esperar otros 25 años hasta la llamada ley de divorcio exprés para que cualquiera de los cónyuges pudiera decidir que no quería continuar con una relación, sin plazos ni más exigencias. “Es importante recordar cuántos años se tardó en volver a una legislación como la de 1932 y tenerlo en cuenta cada vez que hay riesgo de dar un paso atrás en los derechos de las mujeres”.