El número de empresas ‘desokupas’ se dobla desde la pandemia

Como reclamo utilizan la lentitud de los tribunales para captar a sus clientes, sobre todo inmobiliarias que prefieren usar este sistema paralelo a la justicia sin interponer denuncia para evitar el decreto antidesahucios vigente.

Daniela, nombre ficticio, de 44 años, ha sido víctima de sus actuaciones. Se instaló en 2018 con su marido y su entonces bebé de un año en su piso de Carabanchel firmando un contrato de alquiler que resultó ser falso. El dueño real del inmueble, un fondo de inversión vinculado a Bankia, terminó denunciando y hubo dos intentos de desahucio, el último el 27 de abril, que se paralizó por el decreto contra los desalojos que entró en vigor durante la pandemia.

Lo que parecía una solución en realidad agravó el problema. Su abogado le explicó que había sucedido lo peor: su piso había pasado de manos de Bankia/Caixa a Clikalia, tras haber comprado el inmueble a la entidad. La situación se volvió perversa: el actual propietario no reconoce la sentencia de paralización del desahucio. “Les da igual”, asegura Daniela. “Me dicen que puede ser falsa, que no se la creen”. Clikalia no ha denunciado ante los tribunales y ha decidido contratar a Bastión Desokupación para, al margen de la justicia, echar a Daniela y a su familia. EL PAÍS ha intentado varias veces contactar con el equipo de la empresa de compraventa para hablar de la situación de estos pisos, anunciados en su web con el mensaje de “estar actualmente ocupados por terceros”, pero no ha obtenido respuesta. En el caso de Daniela, se acercaron a su domicilio el pasado mes de mayo varios comerciales a hablar con ella, sin llegar a un acuerdo, “pero en junio ya aparecieron los hombres de negro con las camisetas de Bastión”, relata.

Sentencia de abril

Daniela muestra varios mensajes de WhatsApp que le ha enviado José Bastión, el jefe de operaciones. Daniela le mandó la sentencia de abril, en la que se dictamina que puede seguir en el domicilio hasta la finalización de la fecha de validez del decreto. El tono del audio de la respuesta es admonitorio: “Yo te pregunto: ¿no será mejor salir un poco antes de la vivienda, llegar a un acuerdo amistoso, con un acuerdo de ayuda habitacional que te demos, y no esperar a agosto para salir sin nada?”.

Esta conversación se produjo a mediados de julio, antes de que el Gobierno anunciara la extensión de la moratoria antidesahucios hasta finales de octubre. Las cuatro visitas que ha recibido del equipo de hombres de negro no han sido tan agradables como esos audios. Según explica, por escrito y en todo lo que deje constancia son amables, pero en persona y cuando no se graba, se vuelven más agresivos. Más al saber que Daniela es miembro activo de la Asamblea de Vivienda de Carabanchel: “Tú eres una tía lista: no te voy a dejar vivir: voy a estar todos los días dándote por saco”, le dijeron en la puerta de su domicilio hace unos 20 días, según su versión.

Llamadas, visitas intempestivas y amenazas de bloquear los accesos han acabado por minar el aguante de Daniela, que, pese a que un juzgado ha decidido que puede quedarse, está valorando aceptar el dinero que le ofrecen por irse, 3.000 euros, y buscar otro sitio. Su marido trabaja en la construcción, aunque sin compromiso de continuidad, y no tiene ahorros para cubrir los gastos iniciales de un alquiler. Lleva siete años apuntada en las listas de solicitud de vivienda pública, tanto del Ayuntamiento (EMVS) como de la Comunidad (AVS).

El reclamo de las empresas desokupas es común a todas ellas: en sus páginas web resaltan la lentitud de la justicia en resolver las denuncias por usurpación o conflictos de morosidad y se ofrecen como alternativa de mediación para que los propietarios recuperen los inmuebles con compromisos de solución de 24 hasta 72 horas máximo. Utilizan el lenguaje habitual del márketing para presentarse. “Contamos con un equipo multidisciplinar integrado por abogados, procuradores, mediadores y desocupadores o agentes de campo que actúan de manera coordinada”, se puede leer en una de estas páginas. Estos “agentes de campo” son, en su mayoría, exboxeadores, como se muestra en el espacio destinado a presentar los currículos de sus trabajadores.

La explicación de sus sistemas de mediación les permite ampararse en la legislación española: hablan de controles de acceso, esto es, la ocupación de zonas comunes, salidas y entradas con personal que impide acceder a las viviendas, de acuerdos de abandono pactados y firmados a través de la insistencia y la negociación de pagos que definen como “ayuda habitacional” o “intervención social”, siempre al margen de la actuación del sistema judicial.

A Laura, de 24 años y con tres hijos, se lo dejaron claro hace dos semanas en un mensaje de WhatsApp: “Yo no soy el Ayuntamiento para ofrecerte un alquiler social o dejarte vivir hasta la fecha del juicio, o te vas o te ponemos un perro en la puerta”. Llevan sin salir de casa desde el 1 de agosto, fecha de la última visita de Bastión Desokupación. Viven un piso de Usera que ocuparon a principios de junio, igualmente propiedad de Clikalia. Su familia cuenta con un presupuesto de 550 euros al mes, 340 de renta mínima de inserción más 200 euros de su pensión de orfandad. “Entretengo a los niños (de 6, 4 y 2 años) como puedo, y me paso el día mirando por la ventana y por la mirilla. Veo a un hombre con una mochila y creo que vienen a por nosotros”, asegura por teléfono. La última vez llamó al 091, pero no denunció. “Fueron muy amables conmigo, me dijeron que si vuelven a venir les llame de inmediato”. De momento, no han vuelto.

No es fácil contactar con estas empresas. Tras un correo electrónico en el que se les pide información sobre sus servicios, intentan no dejar nada por escrito. “Como usted puede comprender, estas cosas se tienen que hablar. Así escrito yo no sé con quién hablo, lo siento muchísimo”, es la respuesta de una de ellas. Otras insisten en mantener conversaciones telefónicas.

Las tarifas, según explican algunos responsables a portales inmobiliarios o blogs de empresas de alarmas, rondan los 2.500 o 3.000 euros por servicio.

Tampoco es fácil averiguar quién está detrás de cada una. Siguiendo el rastro que dejan al registrar los dominios de sus páginas web, algunas responden a cierta lógica, como Postlin SL, empresa de gestión de multas, o Conciencia y Respeto 1970, de servicios auxiliares de la propiedad y explotación inmobiliaria, o el Centro Fitness Cartagena, un gimnasio en Murcia. Otras sorprenden por la naturaleza de su actividad económica: es el caso de Soy Cotan Somos Cotan SL o Proximedia, agencias de publicidad, márketing y posicionamiento para pymes, o la inmobiliaria Sotavento que ofrece servicios en Madrid aunque los pisos y chalets que vende están ubicados en Levante.