La anulación de las plusvalías obliga a los ayuntamientos de Granada a ‘buscar’ 29 millones

Los consistorios de mayor tamaño, en especial el de la capital, son los que se ven más afectados por esta merma de los ingresos. Algunos de ellos reclamaban ayer que el Ministerio de Hacienda arbitrara ya un nuevo sistema para poder mantener el cobro de este tributo; de lo contrario, sería el Gobierno quien tendría que poner en marcha herramientas para cubrir ese desfase. El organismo dijo que revisará la norma «para garantizar su constitucionalidad y la financiación de los ayuntamientos».

De acuerdo con la información presupuestaria que pone a disposición pública el ministerio que encabeza María Jesús Montero y pudo recabar este periódico, las plusvalías municipales reportan hasta 28,8 millones de euros al año a las arcas granadinas, aunque no siempre se cumplen las previsiones que se marcan en las cuentas aprobadas. La mitad de todo este dinero dejará de recibirlo la capital granadina, cuyo último presupuesto cifraba esta partida en 14,4 millones, de los que se han cobrado ya prácticamente el noventa por ciento; en concreto, son 12,7 millones según la última liquidación aprobada por el pleno de la ciudad el pasado mes de julio.

El roto que deja en las cuentas la sentencia del TC afecta sobre todo a los municipios de mayor tamaño de la provincia granadina. La suma de la recaudación por plusvalías municipales de los diez consistorios con mayor volumen de población empadronada suma prácticamente tres de cada cuatro euros del total provincial; en concreto, el 74,4%.

Por el lado contrario, muchos de los pueblos más pequeños ni siquiera cuentan con previsiones de cobro en este sentido en sus presupuestos aprobados al depender de la actividad en el mercado inmobiliario. Por ejemplo, de entre los 74 municipios granadinos que tienen menos de mil habitantes, algo más de un tercio de ellos (27) no cuentan con recibir dinero por esta causa en las últimas cuentas aprobadas, siempre según la información pública del Ministerio de Hacienda. Contrasta esta proporción con la que ofrecen los cien ayuntamientos que superan esta cota de población:solo seis de ellos aprobaron el presupuesto sin valorar las plusvalías.

Además, en muchos casos este impuesto supone un importante volumen de ingresos. Si se tiene en cuenta exclusivamente lo que se recauda en concepto de impuestos directos, hasta el 4,64% de todo este montante en el promedio provincial se ve ahora en riesgo por la sentencia del TC. La cifra es incluso superior en hasta 12 ayuntamientos, donde más de uno de cada diez euros ingresados en este sentido corresponden a plusvalías municipales. Con un 12,4%, la capital granadina ocupa el quinto puesto en este escalafón, que lidera sin embargo Torrenueva Costa, municipio de reciente creación, donde este porcentaje alcanza los 20,6 puntos. También son muy elevadas, por ejemplo, las cifras de Dúdar, Cájar, La Taha o Motril.

El teniente de alcalde de Economía y Hacienda de la localidad motrileña, Nicolás Navarro, señala en declaraciones a IDEAL que la sentencia es un auténtico «jarro de agua fría», en especial por el momento en el que llega, con la elaboración del presupuesto ya «muy avanzada» y una previsión de recaudación de 2,7 millones de euros. Si no llega una solución pronto, detalla, se puede provocar un «grave perjuicio» a las arcas del municipio.

En términos muy similares se expresa Alfonso Alles, su homólogo en el Ayuntamiento de Baza, una de las cabeceras de comarca granadinas, que a la vista de la jurisprudencia que se iba publicando en relación a las plusvalías desde 2017, cuando el alto tribunal dictaminó que no podía devengarse en caso de pérdida en la compraventa, dejó desde 2018 de cobrar este tributo en el caso en que no hubiera incrementos patrimoniales derivados del mismo; es precisamente este punto el que ha provocado la anulación del cálculo por parte del Tribunal Constitucional.

Pese a ello, en Baza también se han descuadrado las cuentas públicas para 2022, que estaba ya prácticamente listo e iba a llevarse a pleno durante el mes de noviembre. Ahora faltan 165.000 euros para poder cuadrar las cuentas, «casi el 2% del presupuesto municipal».

También reaccionó a la sentencia el alcalde de Granada, la ciudad más afectada en términos absolutos por la resolución. Paco Cuenca considera que esta supone «un nuevo mazazo» para el consistorio. «Los ayuntamientos nos vemos cada vez con más competencias y menos capacidad de ingresos, lo que hace difícil mantener la calidad de los servicios», detalló. Por ello, pidió una reforma del marco de aplicación del tributo en el marco de una revisión de la financiación de las entidades locales con el resto de administraciones involucradas.

De momento, las fuentes consultadas se encuentran a la espera de que el Gobierno anuncie acciones concretas, después de que el Ministerio de Hacienda anunciase que revisará la norma «para garantizar su constitucionalidad y la financiación de los ayuntamientos».

Nicolás Navarro confirma que la nueva situación se está estudiando y está a la espera de que se anuncien cuáles serán las «medidas compensatorias», si es que las hay. Alfonso Alles, por su parte, confía en que se el Ejecutivo pueda impulsar una «reformulación» del impuesto que anularía la afección a los ingresos. El alcalde de Granada pidió una «reacción inmediata» del Ministerio de Hacienda y la Junta de Andalucía.