Un cuento judicial
Tarde o temprano, los grandes asuntos medioambientales acaban en los tribunales. Las principales organizaciones ecologistas saben que ese es el terreno en el que su activismo se la tiene que jugar y cuentan con buenos abogados que hacen de guardianes contra los desmanes de empresas y gobiernos.
Además, el ministerio público dispone de un cuerpo de fiscales especialistas repartidos por España encargados de perseguir estos delitos medioambientales, que cada vez causan más indignación social.
Esta semana hemos visto tres ejemplos claros. Y, como si se tratara de un cuento, estos casos representan las tres partes de la estructura argumental (planteamiento, nudo y desenlace) de esta historia de jueces, fiscales, abogados y medio ambiente.
1. Navacerrada, el planteamiento.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha interpuesto un recurso, en este caso por la vía contencioso administrativa, contra la Junta de Gobierno de Castilla y León por no cumplir el proceso para el cierre de la estación de esquí de Navacerrada. La instalación está ubicada en un parque nacional y en marzo la concesión que tenía una empresa privada caducó. El ministerio decidió entonces que era el momento de poner fin a esta actividad en una zona de alto valor ecológico. En esta crónica de Juan Navarro se explica este caso, que supone el inicio de un choque judicial entre dos administraciones enfrentadas también políticamente. Y en este reportaje de la pasada primavera, Esther Sánchez contaba cómo se regeneró en su día otra estación, la de Valcotos, que también se decidió cerrar hace más de dos décadas.
2. Mar Menor, el nudo.
Aunque las alertas sobre la situación extrema del mar Menor llevan sonando décadas, hasta ahora la justicia no ha entrado de lleno en el meollo de este problema medioambiental de primer orden. Pero algo está cambiando y un juez de Murcia acaba de acusar a un exconsejero del Gobierno regional (del PP) y a dos máximos responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (del PSOE) por haber permitido durante años el uso de desalobradoras ilegales. Además, también están imputadas cerca de 40 empresas agrícolas, que arrojan las aguas residuales que dañan el mar Menor. El juez, que ha terminado ya la instrucción de este caso, ha situado así a estos altos cargos a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Virginia Vadillo explica el caso en esta crónica. Si queréis entender bien qué es lo que le ocurre al mar Menor os recomiendo este reportaje que hicimos este verano en la sección de Clima y Medio Ambiente.
3. Castor, el desenlace.
La Audiencia de Castellón ha absuelto este martes a dos exdirectivos de la empresa Escal, participada en un 66,7% por ACS y promotora del almacén de gas Castor, del delito contra el medio ambiente del que estaban acusados. Tras el archivo de las acusaciones contra varios responsables de la administración encargados de la tramitación ambiental del proyecto que se ordenó en 2019, estos dos directivos eran los últimos responsables de este monumental fiasco con causas abiertas en los tribunales. Los magistrados de la Audiencia consideran ahora que no se les puede culpar de una mala práctica en este caso, como explica María Fabra en esta crónica.
Este caso se remonta a 2013, cuando la inyección de gas en el antiguo yacimiento marino que se pretendía reconvertir en almacén causó alrededor de medio millar de pequeños seísmos, la mayoría imperceptibles. La sentencia, al igual de los distintos informes científicos que se han elaborado, vincula esa inyección del gas a los temblores. Pero absuelve a los acusados al entender que con el conocimiento técnico que se tenía en ese momento de las distintas fallas existentes, “los seísmos de mayor entidad no eran predecibles” o “previsibles”, como recoge la sentencia. Es una conclusión similar a la que llegó un informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT) presentado en 2017. La polémica en este caso, además de por los propios temblores, se disparó debido a una cláusula que se incluyó en la adjudicación a Escal en su día y que le aseguró una indemnización de 1.350 millones de euros –lo que invirtió en el proyecto de almacén– y que ha sido respaldada por la justicia.
MANUEL PLANELLES
FOTO: Vista de la estación de Navacerrada, el pasado mes de marzo. / EMILIO NARANJO (EFE)