El Gobierno deja en manos de una empresa privada el nuevo teléfono para prevención del suicidio

El nuevo teléfono público para la prevención del suicidio queda en manos de una empresa privada. La compañía Evolutio Cloud Enable obtendrá los servicios de esta iniciativa promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez y comenzará su operatividad antes del 10 de mayo, tal y como se indica en la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves.

La medida está incluida dentro del paquete del Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental, dotado con 100 millones de euros y anunciado por Pedro Sánchez en octubre de 2021. El número 024 estará habilitado y se conocerá como «Línea de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida». El centro de operaciones estará ubicado en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Aún no hay datos sobre cómo se gestionará este nuevo proyecto, pero Javier Abril, portavoz de la Asociación Nacional de Psicólogos y Residentes (ANPIR), se muestra crítico: «Ya esperábamos que pasara algo de este tipo y lo peor es que será una medida que dentro de unos años veremos que no ha aportado gran cosa, ojalá me equivoque. Es una más que desde que empezó la pandemia. Vemos que con todo lo importante que ha sido la sanidad pública durante estos años, su desmantelamiento es progresivo». 

Tras la publicación de este artículo, el Ministerio de Sanidad sostiene que la privatización se refiere tan solo a «la parte telefónica y técnica». Por el momento nada se sabe en torno a este proyecto, que deberá despegar como tarde «transcurridos tres meses desde la publicación» del boletín del BOE.

Los datos oficial muestran que en España se quitaron la vida 3.671 personas en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso se traduce en diez personas al día, por lo que urgen soluciones al respecto, más aún cuando la pandemia ha disparado los trastornos depresivos hasta el 20% de la población.

Un dato que necesita tratamiento

ANPIR ya se mostró en octubre algo escéptica por la medida de Pedro Sánchez y su Gobierno y envió una carta en la que solicitaba que el teléfono para prevención del suicidio tuviera otra naturaleza e integrarlo en los números de urgencias sanitarias. «La idea clave es mantener todas estas actuaciones integradas en el sistema sanitario y ahorrar la necesidad de memorizar o buscar un nuevo número de teléfono en medio de una situación personal de crisis», aseguraba el documento, que fue ignorado.

La medida, según rezaba el escrito solicitaba «integrar cualquier intervención telefónica sobre el suicidio en los teléfonos 061 de emergencias sanitarias, con la creación de un circuito asistencial que garantice o una asistencia inmediata de los equipos de emergencias, o una cita rápida en los recursos de atención al riesgo suicida o una cita preferente con el equipo asistencial actual si la persona estuviese ya en un tratamiento de salud mental». 

Esa falta de datos sobre el funcionamiento del nuevo teléfono genera dudas a Javier Abril: «Me pregunto cómo lo va a hacer una empresa privada. Ya sería difícil desde la pública. Alguien de Cuenca llama y, ¿Cuál es el recurso? Es un debate que no se ha tenido y es pertinente. No sé hasta qué punto es una medida efectiva que tiene un plan o es mera cosmética para aplacar un clamor popular.

Precarización de la salud mental

La salud mental en España es un sector dependiente de la empresa privada, que incluso ha introducido nuevos formatos para captación de pacientes con empresas online de psicología que, en voz de sus propios trabajadores, alimenta la mala praxis y la precariedad entre sus empleados.

En la sanidad pública española solo hay 6 psicólogos y 9,69 psiquiatras por cada 100.000 personas. Muy lejos queda Francia, con 20,9 psiquiatras y 48,70 psicólogos por cada 100.000 personas.