El Covid dispara la exclusión en Andalucía: una de cada cuatro personas, en máxima pobreza

Cáritas Regional de Andalucía ha presentado el informe sobre ‘Exclusión y desarrollo social en Andalucía’ y que ha concluido que la exclusión en la comunidad ha aumentado más de un 36%, lo que implica que en 2021 algo más de 2,2 millones de personas -el 26,3% de la población andaluza- se encuentran en esta situación

Según ha trasladado la asociación en un comunidad, de estas familias, la mitad -1,1 millones- se encuentra en una situación de exclusión severa y casi 475.000 personas están en una situación «aún más crítica».

La investigación ha sido resultado de una encuesta realizada a más de 600 familias andaluzas, que ha retratado las «graves consecuencias» de la crisis la comunidad y que ha concluido que el Covid ha supuesto un «shock sin precedentes» en la cohesión social, siendo «los grandes damnificados» las personas y familias más frágiles y desfavorecidas.

Así lo ha informado el miembro del Comité técnico de la Fundación Foessa y del equipo de investigación del informe andaluz, Thomas Ubrich, quien ha detallado que «el tsunami que ha supuesto esta crisis se ha llevado por delante a un buen número de hogares que disfrutaban de una posición privilegiada de integración plena», de forma que «solo el 42%» de los hogares andaluces participan con normalidad en la sociedad «frente al 49,3%» que lo hacía en 2018.

El informe revela también que la desigualdad y los niveles de pobreza monetaria son «altos y persistentes» para muchas familias en Andalucía, «algo que determina no solo la exclusión, sino que además es fruto de la cronificación de la misma».

El acto ha estado presentado por el vicepresidente de Cáritas Regional y director de Cáritas Diocesana de Málaga, Francisco José Sánchez Heras, quien ha agradecido la participación a las más de 600 familias que «nos abrieron sus puertas, nos confiaron información valiosa para la investigación e incluso nos compartieron sus sensaciones y emociones en momentos tan difíciles».

La investigación atiende a al eje económico, político y el relacional. «Unos ejes que contemplan, a su vez, 37 indicadores que nos permiten situar a la población en cuatro escenarios: la integración plena, la integración precaria, la exclusión moderada y la exclusión severa, mostrando así una completa radiografía social de Andalucía que tiene en cuenta todos los espacios en lo que una persona puede estar excluida, más allá de los recursos económicos», ha señalado.

Brechas de exclusión

Cáritas ha indicado que una de las huellas «más significativas» de la pandemia ha sido la brecha digital, «que afecta a tres de cada diez hogares andaluces y a casi la mitad de los hogares en situación de exclusión».

«La falta de conocimiento y medios tecnológicos ha generado una brecha que afecta a casi la mitad de los hogares que están en situación de exclusión. Un apagón digital que conlleva pérdida de oportunidades laborales, formativas, de relaciones o de acceso a derechos como ayudas y prestaciones sociales y que nuevamente afecta a quien más necesita de esas oportunidades», ha comentado Ubrich.

El Informe realizado por la Fundación Foessa constata que la brecha causada por la circunstancia de género, la de nacionalidad extranjera y la de edad «se han hecho más profundas desde el inicio de la crisis».

Por otro lado, también ha indicado que ser extranjero en Andalucía «sigue suponiendo una causa que afecta significativamente a la situación de exclusión». «El 72% de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, lo que supone un porcentaje tres veces mayor que entre los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española. Ello dibuja una nueva grieta en una sociedad fracturada», ha trasladado.

Asimismo, ha lamentado que la edad configura la tercera brecha asentada en la sociedad. «Uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años está afectado por procesos de exclusión social que les impide dibujar proyectos de vida para transicionar a la vida adulta. Tenemos una juventud sin empleo o en empleos temporales y precarios y, por tanto, sin posibilidades de emancipación ni de sustentar una vida independiente o a una familia», ha comentado Ubrich.

Empleo, salud y vivienda

El estudio también revela que la consecuencia «más visible» de esta crisis se ha concentrado en la actividad económica y en el empleo, «alcanzando a un mercado de trabajo con importantes tensiones que han derivado en la destrucción de empleo y la paralización de dinámicas laborales».

Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente. La precariedad ha crecido con fuerza y alcanza a casi 320.000 hogares (9,8%)que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave.

Además, se han agravado las causas que «dificultan» el acceso al derecho al trabajo a una parte de las personas desempleadas, «lo que genera una peligrosa tendencia a la cronificación de la situación de desempleo».

Ubrich ha advertido que, durante la crisis, «más de 200.000 familias tienen como sustentador principal a una persona desempleada de larga duración, más de 500.000 familias tienen a todos sus miembros activos en paro y casi 200.000 familias carecen de algún tipo de ingreso periódico, predecible, que permita una mínima estabilidad».

Según el informe, jóvenes, adultos entre 45 a 65 años, personas de origen inmigrante y personas en situación de exclusión social son «las más perjudicadas» por este sistema laboral, «que solo les permite el acceso a empleos en sectores no cualificados, en empleos temporales y precarios, con mayor exposición a la enfermedad durante la pandemia y con mayor proporción de despidos».

En relación a la vivienda, el informe revela que la combinación entre altos precios y bajos o inestables ingresos hacen que algo más de 400 mil familias (12,4%), una vez realizado el pago del alquiler o la hipoteca, queden en situación de pobreza severa.

Ante este escenario, las familias las estrategias utilizadas por las familias han sido acudir a ahorros propios, buscar o pedir dinero u otros recursos a familiares o amigos y ka reducción de gastos habituales, sobre todo en alimentación, ropa o calzado.

Tras el informe, el presidente de Cáritas Regional y Director de la Diocesana de Sevilla, Mariano Pérez de Ayala, ha planteado la «urgente necesidad» de activar políticas «que permitan recuperar los derechos perdidos de miles de andaluces, sobre todo de aquellos que más sufren las consecuencias de las crisis».

Según Pérez de Ayala, «esta nueva crisis arroja una parte de la población a las situaciones de exclusión; desgraciadamente de ella no se recuperarán jamás, pues los periodos de bonanza económica no consiguen recuperar a una parte de los que caen en esta situación cuando la economía se contrae».

Por esto, el presidente de Cáritas Andalucía ha reclamado una «mayor cobertura» de los servicios sociales y su adaptación a la realidad social del siglo XXI.

«En una ciudad como Sevilla hay zonas donde se atiende a las personas hasta con tres meses de espera, los profesionales se encuentran sobrepasados y solo se atienden necesidades muy básicas y en unas cuantías irrisorias», advierte de Ayala.

Por último, ha concluido que estas familia «no pueden quedarse solas, no pueden seguir siendo héroes por más tiempo, sino que necesitan de políticas públicas a la altura de los retos que tenemos por delante y de la solidaridad de toda nuestra sociedad».

EL INDEPENDIENTE DE GRANADA

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