En los últimos meses hemos hablado mucho de zonas de bajas emisiones, esas áreas situadas en el interior de las ciudades a las que no pueden acceder los vehículos más contaminantes.

Por ahora, en España funcionan dos, en Madrid y Barcelona, pero muy pronto (el 1 de enero) deberán instalarse en las 149 localidades de más de 50.000 habitantes. Cada vez que una se pone en marcha reduce los coches circulantes, el ruido y la contaminación. Sin embargo, en las grandes urbes hay demasiados vehículos y una zona de bajas emisiones es tan solo un primer paso para reducir su número.

Barcelona quiere ir más allá: asociaciones de vecinos y ecologistas han propuesto abrir el debate del peaje urbano, una idea que funciona con éxito desde hace años en Milán, Londres o Estocolmo. La propuesta supondría pagar cuatro euros al día a los vehículos que circulen con solo uno o dos ocupantes, lo que permitiría reducir el tráfico un 21%, aseguran, e ingresar 370 millones de euros que se destinarían a mejorar el transporte público, carriles bici y un 10% a la sanidad pública. En las tres urbes citadas se paga más (en Londres, casi 18 euros) y los peajes urbanos funcionan desde hace una década. Como os conté en febrero, la Ley de Movilidad Sostenible que se está tramitando abre la puerta a este tipo de medidas, así que llevarlo a cabo es solo cuestión de voluntad política. Por supuesto, todos los cambios en movilidad levantan pasiones y generan importantes reticencias, así que será complicado que lo veamos en un año electoral. Pero el debate ya está ahí.

Un pueblo dentro de un coche eléctrico

Sin dejar la movilidad, esta semana he estado en Illán de Vacas, un minúsculo pueblo de Toledo de calles sin asfaltar con tres vecinos censados donde la iglesia da la espalda a las casas y mira hacia la carretera, como si también quisiera emigrar. En este entorno se ha instalado un coche eléctrico compartido del programa Vive, pensado para la España vacía. «En este coche cabe el pueblo entero”, dice orgulloso el alcalde, Javier Bollaín. Hasta ahora, el carsharing (vehículos compartidos) tan solo funcionaba en las grandes ciudades, pero varias iniciativas lo han llevado ya a zonas rurales, ofreciendo alternativas innovadoras de movilidad frente a la despoblación. Y también hay cooperativas de movilidad sostenible que apuestan por este modelo para abandonar los coches particulares. 

Javier Bollaín, alcalde de Illán de Vacas, con el coche eléctrico de 'carsharing' instalado en su pueblo.

Javier Bollaín, alcalde de Illán de Vacas, con el coche eléctrico de ‘carsharing’ instalado en su pueblo. / KIKE PARA

La UE es menos verde

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha auditado los últimos siete años (de 2014 a 2020) de los presupuestos comunitarios y ha llegado a una conclusión poco halagüeña: uno de cada tres euros del presupuesto de la UE en ese periodo que la Comisión Europea calificaba como gasto para la lucha climática no merecía esa etiqueta verde. La cantidad total que tendría esa mala catalogación asciende a 72.000 millones de euros. “El presupuesto comunitario [para la lucha contra el cambio climático] para 2014-2020 no fue tan alto como se informó”, señala Joëlle Elvinger, miembro del tribunal. También apuntan los auditores comunitarios que hay casos en que “no se tienen en cuenta los posibles efectos negativos (por ejemplo, el impacto negativo de las emisiones de carbono)” de las inversiones planteadas. Conclusión: la ambición presupuestaria real en la lucha contra el cambio climático era menor de lo que se proclamaba.

Paneles solares frente al gas ruso

En el ámbito energético, la Comisión Europea cree que las energías renovables pueden ayudar a desenganchar el continente del gas ruso y ha puesto en marcha una batería de medidas encaminadas a reducir al máximo el consumo (eficiencia y ahorro energético) y a generar su propia energía limpia (renovables). El programa, denominado REpowerEU, incluye propuestas como impulsar el autoconsumo para llegar al 25% del consumo total de electricidad en los Estados miembros, la obligatoriedad de que los edificios públicos y comerciales de más de 250 metros cuadrados tengan una instalación fotovoltaica antes de 2026 (los residenciales, en 2029) y la aceleración de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas de grandes dimensiones. También apuesta por reducir los tiempos de las licencias, que no deberían superar nunca el año para nuevos proyectos, y fija nuevos objetivos de hidrógeno verde y biometano.

EL PAIS

Miguel Ángel Medina

FOTO: La zona de bajas emisiones de Barcelona, donde se propone hacer un peaje urbano

 

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