Tirar la comida

Tirar la comida

Después de Francia e Italia, España puede ser el siguiente país europeo que legisle para reducir a la mitad el desperdicio de alimentos

No hace falta haber tenido abuelos criados en la posguerra para saber que la comida no se tira ni se deja pudrir en la nevera. Pero eso es lo que sucede de forma alarmante en el opulento Occidente que hoy ha de aprender a gestionar una inflación en niveles históricos y reajustar las rutinas de compra y gestión de su alimentación diaria. El porcentaje mayor de comida desperdiciada está en la gestión doméstica de cada familia, y solo después llegan restaurantes y supermercados. Frenar esas prácticas casi invisibles es lo que se ha propuesto el Gobierno, en línea con uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU: reducir a la mitad la comida que actualmente se desperdicia por múltiples causas. El objetivo estratégico ha de permitir superar una gran contradicción de nuestro tiempo: mientras en las sociedades más ricas se malbarata hasta un tercio de los alimentos, cada vez es mayor la proporción de la población sin acceso a una alimentación básica. Gran cantidad de comida sobrante en supermercados y bares y restaurantes acaba en la basura: llega a perderse hasta el 20% del valor. En España, la mayor parte del desperdicio se produce en la venta al por menor y en los hogares, y alcanza los 1.364 millones de kilos anuales, a razón de 31 kilos por persona y año, según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El despilfarro que significan esas cifras resulta ofensivo desde cualquier ángulo de visión y resulta insostenible por razones éticas y de estricta solidaridad, pero también por razones económicas, sociales y ambientales. Hasta ahora, sin embargo, solo Francia e Italia, en Europa, han adoptado una legislación específica que evite el despropósito. España podría ser el tercer país si prospera el proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, elaborado por el Ministerio que dirige Luis Planas. Obliga a todos los agentes de la cadena alimentaria a elaborar un plan de prevención para frenar el desperdicio y reutilizar la comida sobrante con destino al consumo humano a través de las entidades sociales. Su papel es crucial en situación de crisis, en particular cuando han lanzado ya numerosas alertas sobre la escasez de alimentos y la creciente demanda de la población más necesitada.

Otras fórmulas complementarias buscarán destinar los productos agrícolas sobrantes a conservas o a la alimentación animal pero ninguna normativa podrá ser efectiva si rehúye un sistema creíble de control y sanciones contra los incumplidores. Las infracciones más graves podrán ser sancionadas en el caso de bares y restaurantes con hasta 60.000 euros, además de obligarles a tener a disposición de los clientes los medios necesarios para llevarse la comida que no hayan consumido en el local. En todo caso, la auténtica efectividad de la ley dependerá de la capacidad de todos para que cale en la población la conciencia de un despilfarro inaceptable.

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