Escrivá se reafirma en subir las pensiones con el IPC «como el resto de Europa»

El Gobierno no quiere ni oír hablar de una subida de las pensiones que no sea con el IPC, sea cual sea la inflación media al final de año. Así está garantizado por ley en la reforma recién aprobada y no hay intención alguna de dar marcha atrás, pese a la oposición que han mostrado a esta decisión organismos de la talla del Banco de España, la Comisión Europea o la OCDE ante la previsión de que pueda significar un alza de entre el 7% e incluso un 8%.

«Obviamente se puede mantener la revalorización con el IPC. Toda esta discusión es tan sesgada, tan poco rigurosa, que no deja de sorprenderme», aseguró el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante su intervención en el en el desayuno de Nueva Economía Forum. Escrivá hizo hincapié en que este «debate artificial» que se ha instalado en una parte de la sociedad española no se da en «el resto de Europa».

Así, defendió que todos los países de nuestro entorno están revalorizando las prestaciones con el IPC y puso de ejemplo a Alemania, donde las pensiones se han subido entre un 5% y un 6%; Francia, que va a adelantar unos meses la subida de las prestaciones con un 4% adicional; e Italia, que también va a hacer un «añadido». Por ello, instó a reflexionar por qué con una «inflación similar» en España se está realizando este «debate muy singular».

Y el ministro no se mostró preocupado por la sostenibilidad del sistema ante el fuerte desembolso que tendrá que hacer la Seguridad Social para pagar el año que viene esta nueva subida -más de 10.000 euros extra- y se apoyó en los buenos datos de recaudación, históricos, que se están registrando. Así, destacó que los ingresos por las cotizaciones de los trabajadores están creciendo más deprisa que los gastos: un 9% frente a un 6% y a su vez presumió de que el déficit de la Seguridad Social se ha reducido a la mitad y ha pasado del 1,7% en 2018 al 0,9% en 2021 y este año prevé cerrarlo en el 0,5%.

Por otra parte, Escrivá anunció que en las «próximas semanas» aprobarán dos medidas para completar el Ingreso Mínimo Vital: el sello social, que facilitará la colaboración con empresas para favorecer la inclusión de los beneficiarios de la prestación, y el incentivo al empleo, que impulsará a los perceptores de la prestación a incorporarse al mercado laboral.