Sin plan para septiembre: los retrasos con la Ley de Educación dejan en el aire las novedades del próximo curso
La Lomloe augura un verano de mucho trabajo para la comunidad educativa por los problemas para su implantación antes de que comience el próximo curso, en septiembre
La principal asociación de directores de institutos: “Estamos intranquilos, a estas alturas necesitaríamos más concreción, que la ley estuviera planificada para el próximo curso”. Un Ampa: “Las familias llaman preocupadas, entre unos y otros está la casa sin barrer”. Un sindicato: “Pedimos a las comunidades autónomas que avancen en sus desarrollos normativos”. Una directora: “Va a ser un septiembre movidito, entiendo que a una parte del profesorado le tocará trabajar en verano”. Una profesora: “Cuando empiece el curso empezarán a sacar las cosas deprisa y corriendo y saldrán de aquella manera”. Una orientadora: “No podemos asesorar al alumnado en temas muy importantes, como a qué carreras va dirigido el nuevo Bachillerato general”.
La comunidad educativa está preocupada por la lenta implantación de la Lomloe, que debe aterrizar en los centros ya a la vuelta del verano en algunos cursos, pero que entre unos y otros no acaba de ponerse en marcha. Estamos en junio, rezongan los responsables a pie de aula, y prácticamente no hay comunidad autónoma que haya publicado los desarrollos normativos que permitan a la comunidad educativa empezar a preparar el año académico 2022-2023. Las clases empiezan en septiembre y nadie sabe a ciencia cierta las materias que tendrá, la carga horaria de cada una o el currículo que tendrán que impartir. Tampoco ha llegado al profesorado la necesaria formación para adaptarse a las nuevas metodologías docentes que propone la ley.
“Necesito conocer las asignaturas”
En los centros educativos están esperando la publicación de la normativa autonómica para organizarse de cara a septiembre, explica Toni González Picornell, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Fedadi: “Necesitaríamos que estuviera publicada, planificada para el próximo curso. Esto está creando cierta intranquilidad con los equipos directivos. Yo necesito conocer las asignaturas y las horas que tendrá cada una para pedir los profesores especialistas que necesito en mi centro”.
Pero las comunidades no están aprobando sus decretos, y aunque se vayan filtrando los borradores, esto no acaba de servir. ¿Quién es responsable? Las comunidades señalan al Ministerio de Educación por publicar tarde los currículos de mínimos sobre los que tienen que basar sus desarrollos autonómicos. Desde el departamento que dirige Pilar Alegría replican que ha pasado tiempo suficiente desde que se publicó el primero en febrero (el de Infantil) e incluso el último en abril (Bachillerato) y pese a ello prácticamente ninguna región ha sacado los suyos. “La Comunidad de Madrid, por ejemplo, protesta mucho, pero acaba de publicar el decreto de Infantil. Cuatro meses han tardado”, explican. El Gobierno de Ayuso ha llegado a pedir que el próximo curso se utilicen los mismos libros de este, petición que los libreros le han recriminado.
No es la única, y no es, o no solo al menos, una cuestión de que el PP esté boicoteando la implantación de la Lomloe. En Aragón, socialista, la directora de colegio Eva Bajén explica que la consejería ni siquiera había filtrado los borradores y se tuvo que buscar la vida para conseguirlos y poder ir adelantando trabajo. En Canarias, también gobernada por el PSOE, la plataforma de directores de instituto ha lanzado una nota protestando porque no haya currículos. Y sin saber qué van a tener el año próximo difícilmente pueden explicárselo al alumnado para que tome sus decisiones futuras. “No podemos orientar en la elección de algunas materias que son optativas porque desconocemos su contenido. Por ejemplo, en tercero de la ESO con las nuevas asignaturas, comunicadas hace solo unos días, de Cultura y Ciudadanía Digital o Economía Personal y Social y lo mismo pasa en cuanto a la atención al alumnado que no curse la materia de Religión, solo tenemos las nociones muy generales del real decreto”, ilustran. Aquí un director resume la situación tirando de ironía:
La orientación es esa (a menudo) gran olvidada que está sufriendo buena parte del retraso, según confirma Ana Cobos, presidenta de la asociación Copoe. Y este año es más necesaria que nunca, con la introducción de un nuevo tipo de Bachillerato, el llamado general, que hay que definir. “Las preinscripciones [de cara al curso que viene] se suelen hacer en marzo, al menos en Andalucía. Para poder pedir el Bachillerato en marzo tenemos que hacer la orientación de 4º de ESO en febrero”, ilustra. Obvio que no ha sido posible. ¿Cómo se recomienda a un alumno que coja tal o cual rama de estudios si se desconocen sus fines o los temarios que incluye cada asignatura?
El Bachillerato general es el perfecto ejemplo de la situación. Creado de nuevo cuño como alternativa a los de Ciencias o Artes, debería empezar a ofrecerse a partir de septiembre por toda España. Ya se advirtió en su momento que lo más probable era que tuviese una escasa difusión fuera de los grandes núcleos urbanos, como le sucede al de Artes según dónde. Finalmente, a día de hoy solo cinco comunidades han instado a todos sus centros a ofrecerlo, según publicó El País. No se sabe tampoco, por ejemplo, cómo se van a ponderar los resultados de las asignaturas optativas de esta modalidad en la prueba de acceso a la Universidad, razón que González Picornell cree que está detrás de la indefinición.
De aquellos barros, estas prisas
¿Cómo se ha llegado a este punto? Por un lado hay un retraso en la publicación de la normativa y por otro una imposibilidad de postergar los plazos de aplicación de la Lomloe.
La ley se publicó en el BOE en diciembre de 2020. El ministerio ha tardado más de un año desde entonces en publicar los reales decretos de desarrollo, que empezaron a llegar a principios de este año. A partir de ahí les toca a las comunidades, que han empezado a filtrar sus borradores, pero de los 72 decretos de desarrollo que hay que aprobar en España (cuatro etapas educativas por 18 administraciones, las 17 comunidades más Ceuta y Melilla, dependientes del ministerio) la semana pasada solo estaba aprobado uno: el de Infantil de Madrid. Caso extremo es el de Andalucía, que en abril anunció que iba a posponer un año la implantación de la Lomloe, aunque parece estar echándose atrás y ha publicado los borradores del currículo. Desde el ministerio tienen claro que es un farol: “Saben que no pueden hacerlo, es una ley orgánica”, advierten.
Los editores de libros, uno de los colectivos que antes protestó por el retraso, explican que parte del origen de las prisas que se viven hoy se encuentran en un fracaso político del PP ocurrido hace 18 años. Corría 2004 y el segundo Gobierno de José María Aznar apuraba la legislatura mientras implantaba la que iba a ser la primera ley educativa del PP, la LOCE. La norma, elaborada por el ministerio que dirigía Pilar del Castillo, estaba aprobada por las Cortes y se estaba desplegando por el sistema, aunque todavía no había bajado a las aulas. El PP no lo sabía entonces, pero había cometido un error que le costaría caro: reguló el calendario de implantación a través de un Real Decreto.
El partido de Aznar perdió aquellas elecciones generales contra todo pronóstico tras el 11-M y el nuevo presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, tardó apenas dos semanas en suspender la aplicación de la norma, haciendo bueno el adagio político de que gobernar a base de reales decretos es más fácil –se ahorran trámites parlamentarios y se gana en agilidad–, pero también es más sencillo de deshacer. La LOCE no se llegó a implantar y dos años después el PSOE aprobó la LOE. Todo el mundo tomó nota de aquello.
Cuando el PP volvió a gobernar, el ministro José Ignacio Wert se aseguró de que no le pasaría lo mismo que a Del Castillo. ¿La solución? Incluir el calendario de la aplicación de su Lomce en el articulado de la ley, blindándolo. Cambiar una ley orgánica no es fácil. Hace falta una mayoría absoluta en el Congreso y un largo trámite parlamentario, lo cual asegura de facto que no se va a cambiar de un día para otro. También se ha ido reduciendo el tiempo de implantación: en leyes anteriores se iba haciendo de manera gradual durante cuatro cursos. La Lomce lo bajó a tres. El PSOE le ha dado una vuelta más y lo ha reducido a dos. Los plazos están en la ley y hay que cumplirlos sí o sí. Y de aquellos barros estas prisas, explican desde ANELE. “Siempre habíamos tenido tiempo para elaborar los libros, pero en las dos últimas leyes tenemos que trabajar a marchas forzadas”, lamentan los editores.
De profesores a directores
Las quejas llegan desde todos los sectores. Los directores porque no pueden avanzar en la planificación. Los libreros por las dificultades para elaborar los materiales. El profesorado porque no puede programar (bajar los currículos al nivel de lo que se va a enseñar en el aula, con actividades específicas) porque no tiene los contenidos oficiales.
Eva Iturri, profesora de Historia en el IES El Bohío, en Cartagena, se lo toma con resignación. “Esto ya me lo sé”, cuenta con la perspectiva que dan 24 años de carrera y varias leyes educativas a sus espaldas. “Estamos en junio, el curso empieza en septiembre y no tenemos ni idea de lo que tenemos que enseñar. Qué más da –dice, irónica–. En septiembre aprobarán los decretos a todo trapo, llenos de errores y nos tendremos que buscar la vida”. Pero detrás del cinismo de quien ya ha vivido la situación también hay molestia “por la burocracia absurda de hacer programaciones, que es un trabajazo, para luego nada”.
Este comentario da pie a Mario Gutiérrez, presidente de la sección educativa del sindicato CSIF, a observar que “las programaciones se deberían hacer cada 20 o 30 años”, que es la frecuencia con la que debería cambiarse la ley educativa, opina. Más allá de eso, porque esta es otra cuestión, sí recuerda Gutiérrez que en anteriores cambios de ley los currículos solían estar aprobados en enero o febrero para que el profesorado pudiera adaptarse. “A las comunidades se les puede reprochar la tardanza, pero el Gobierno también ha tardado mucho en sacar el suyo. De hecho, ni siquiera ha aprobado aún los de Ceuta y Melilla”, observa.
Otro elemento que está pendiente de cara al próximo curso es la formación que se anunció necesitarían los docentes para adaptarse a las nuevas metodologías que propone la ley. La directora Bajén asegura que no se está realizando, al menos en su entorno. “Va a hacer falta y me imagino que habrá un plan, pero de momento no sabemos nada”. La faena se les acumula a los docentes: “Tendrá que combinarse con todos los cursos de digitalización en los que estamos inmersos… Esperemos que sea antes de que empiece el curso”, lanza al viento.
Septiembre puede ser un mes excepcionalmente intenso para los profesores: formarse y programar, esperan, a la vuelta del verano. Eso quien esquive la bala, se resignan algunos directores, que recuerdan contra el tópico de las vacaciones docentes que para ellos trabajar en agosto no es una anomalía. “Y sí, va a ser un septiembre movidito”, cierra la directora.
