567 ayuntamientos no han rendido ninguna de sus cuentas de los ejercicios 2018, 2019 y 2020
Su envío al Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las CCAA es obligatorio. Una amplia mayoría de los municipios infractores son de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León
3.053 días de retraso. El de Torvizcón es el ayuntamiento que más ha tardado en presentar sus cuentas para su fiscalización, más de ocho años, según datos del Tribunal de Cuentas. Entre el 7 y el 24 del pasado mes de marzo este municipio de la Alpujarra de Granada pisó el acelerador y envió la información de seis ejercicios pendientes. Desde 2012 solo ha presentado las cuentas de un ejercicio dentro del plazo legal, aunque apurando: a dos días de la fecha límite. Sin embargo, hay ayuntamientos que van más allá.
Al menos diez municipios (metodología) no se han sometido a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, o el órgano de control externo autonómico correspondiente, desde 2012. Eso supone que estos consistorios se han saltado durante casi una década la legislación en materia de control externo de las cuentas públicas, que les obliga a enviarlas a lo largo del ejercicio siguiente. Es el caso de Sacedón (Guadalajara), con Francisco Pérez Torrecilla como alcalde socialista en todo este periodo o Felix (Almería), dirigido por el popular Baldomero Martínez desde 2011 hasta 2019 y cuya alcaldía recuperó hace un año mediante una moción de censura tras “dos años de abandono”, según palabras del PP recogidas por Europa Press. La mayoría de estas localidades han mantenido al mismo partido en la alcaldía durante la última década.
Consulta qué cuentas (de 2012 a 2020) presentó tu ayuntamiento
En sus distintos pronunciamientos, el Tribunal de Cuentas ha criticado esta impunidad. También ha recomendado elevar las cuantías de las sanciones, fijadas en 1988 entre 10.000 y 150.000 pesetas (unos 60,1 y 901,52 euros). “Seguramente [el de las multas] no es el mejor sistema para conseguir la rendición de cuentas”, afirmó la presidenta del máximo órgano fiscalizador, Enriqueta Chicano, el pasado 19 de mayo ante el Congreso. “Algo que está previsto en la legislación y que deberíamos activar sería disminuir la participación en tributos de los que no rindan cuentas”, sostuvo Chicano, en referencia a lo previsto en la Ley de Economía Sostenible, que permite la posible retención de presupuesto por parte de Hacienda, como penalización por la falta de rendición de cuentas de un ayuntamiento. Un paso que debe iniciarse con una comunicación del Tribunal de Cuentas al Gobierno central. Civio preguntó a prensa del fiscalizador cuántas de estas comunicaciones emitieron al Gobierno, como requisito para la congelación de transferencias, pero nos remitieron a su portal de Transparencia. Seguimos a la espera de respuesta.
Si acortamos el tiempo a analizar y nos centramos en los tres últimos ejercicios de los que informa el Tribunal de Cuentas y el Gobierno de Navarra (no se incluyen datos del País Vasco), 567 ayuntamientos no presentaron sus cuentas de los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Se trata de una cifra superior de la que Civio informó hace años, antes de las elecciones municipales de 2015. Esto es, las cosas no han mejorado, sino que han empeorado desde entonces. De este medio millar de municipios destacan Marbella (Málaga), con casi 150.000 habitantes, Jaén, con 112.000, o el Puerto de Santa María (Cádiz), con más de 89.000 vecinos. Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León aglutinan la mayoría de estos consistorios. Por el contrario, cinco CCAA no aparecen en este listado de incumplidores: Aragón, Comunitat Valenciana, Galicia, Madrid y Canarias. Las cuatro primeras –junto a Cataluña, con 2 de 947 ayuntamientos infractores– prohiben en su normativa autonómica el acceso a ayudas y subvenciones públicas a las entidades que no cumplan con la rendición de cuentas, y la legislación del archipiélago canario preveé la retención del 2% de los pagos que deba recibir la entidad incumplidora.
Algo pasa en Andalucía
Uno de cada tres ayuntamientos de los que no entregaron ninguna de sus cuentas de 2018 a 2020 son andaluces, y cuentan, además, con mucha más población que los otros municipios infractores. Precisamente, las próximas elecciones a la vista son las de Andalucía, el próximo 19 de junio. El Gobierno y el parlamento andaluces no tienen una responsabilidad directa en la rendición de cuentas de sus ayuntamientos, pero sí que la tienen en la aplicación de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía y del Tribunal de Cuentas, mediante la aprobación de normas y leyes, como la imposición de penalizaciones a los infractores o reducir y homogeneizar los plazos legales, algo que, hasta la fecha, no han implantado. Así, mientras que el Tribunal de Cuentas establece como fecha límite el 15 de octubre del ejercicio siguiente, Andalucía –pero también Madrid y Castilla y León– lo amplía hasta el 31 de ese mismo mes. Y, pese a contar con más tiempo, son los que más se retrasan. De las cuentas entregadas entre 2012 y 2020, los ayuntamientos de Cádiz tuvieron, de media, un retraso 293,8 días, seguidos de los de Sevilla (189,7 días), Huelva (175,6 días), Málaga (168,1 días), Almería (154,4 días), Granada (136,3 días), Córdoba (99,1 días) y Jaén (60,4 días de retraso de media).
Tres de cada cuatro ayuntamientos entregan –de media– sus cuentas tarde
La media de todos los ayuntamientos españoles (a excepción de los del País Vasco, que no han podido ser incluidos en este artículo, ni Navarra, como se explica más adelante) se sitúa en los 27,9 días de retraso en enviar al Tribunal de Cuentas (antes del 15 de octubre) o a su órgano fiscalizador autonómico las cuentas generales. Los mejores datos son de los municipios de Galicia (6 días antes), Comunitat Valenciana (4 días antes), La Rioja y Aragón (1,7 días antes) o Madrid (0,2 días después del plazo). En el otro extremo, Andalucía, con un retraso medio de 147,9 días, seguida de Castilla-La Mancha (74 días después), o Murcia (56 días tarde de media). En el caso de Navarra, las fechas que figuran en la página web oficial solo contienen las de aprobación por el pleno de cada ayuntamiento y no las de envío para su fiscalización, aunque este tiempo sí que está limitado a 15 días. Así con todo, los municipios navarros aprobaron sus cuentas, de media, 97 días antes del plazo para su rendición.
De los 111 ayuntamientos que han entregado todas sus cuentas fuera de plazo, el de Palma es el de mayor población.
Pocos cuentadantes han cumplido todos los años en tiempo y forma; la mayoría se han pasado de plazo en algún ejercicio. Por su parte, 111 municipios nunca han presentado sus cuentas dentro del plazo legal. De estos, el de Palma es el de mayor población. El ejercicio con el que menos se retrasó fue el de 2019, cuyo plazo de entrega se aumentó de forma extraordinaria debido a la pandemia y la suspensión de los plazos administrativos provocada por el estado de alarma. La capital mallorquina suele demorarse entre mes y medio y seis meses en remitir sus cuentas para su fiscalización.
Para unificar plazos y, además, contar con más tiempo para preparar sus informes, la propuesta de los órganos fiscalizadores es adelantar al 30 de junio para que todas las entidades, sea cual sea su territorio, envíen sus cuentas generales para su control y supervisión externa. Año tras año, informe tras informe, el Tribunal de Cuentas y las comisiones mixtas ante Congreso y Senado copipegan las recomendaciones que no siguen los distintos parlamentos involucrados, incluidos Congreso y Senado. Y mientras, algunos alcaldes y alcaldesas continúan saltándose la ley al no presentar las cuentas generales de sus municipios, o hacerlo demasiado tarde.
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