Renovar el Constitucional no es un asalto; es cumplir la Constitución
Uno de los triunfos de los que están boicoteando la normalidad judicial en España es lograr que no nos orientemos, que sea tal lío, que hasta dé pereza averiguar qué está pasando ahí
Sé que los periodistas abrumamos a veces con las informaciones sobre el Poder Judicial que se ha convertido en una especie de laberinto donde es difícil orientarse. Y ese es uno de los triunfos de los que están boicoteando la normalidad judicial en España: que no nos orientemos, que sea tal lío, que hasta dé pereza averiguar qué está pasando ahí. O que lo despachemos con un esto es asunto del enfrentamiento entre partidos.
Pero no, lo que está pasando, ahora mismo, afecta nada menos que al Tribunal Constitucional, un tribunal que tiene una tarea fundamental jurídica y política: es el árbitro de las reglas del juego constitucionales en España, el que decide si las leyes que aprueban los representantes del pueblo, el Congreso o los parlamentos autonómicos se ajustan a la Constitución. Decidir si estuvo mal o bien declarar los estados de alarma en la pandemia o cómo pueden abortar las mujeres en España. Pero también cualquier ley presente o futura que aborde, por ejemplo, el precio de la luz, la comida o la vivienda, prácticamente todo acaba pasando por ahí.
Según la Constitución, desde el 12 de junio pasado se tenían que haber renovado cuatro miembros de ese tribunal. Y según la Constitución, dos corresponde nombrarlos al Gobierno y dos al Consejo General del Poder Judicial. No, esta renovación no es un asalto al Constitucional como dice una noticia falsa que circula por ahí. Es cumplir la Constitución de manera que a cada gobierno de esta democracia le ha correspondido nombrar dos magistrados que pueden inclinar, según quién está en la Moncloa, la balanza de las mayorías progresistas o conservadora de este Tribunal. Ahora tocaría progresista.
No hay más. Lo demás es ruido. Se trata de decidir si España asume que uno de los poderes del Estado solo puede estar en manos conservadoras. Votamos en elecciones generales, del resultado de lo que votamos sale un parlamento que elige a un gobierno democrático pero las leyes de ese gobierno, sea cual sea, pasarán siempre por el filtro de una interpretación ideológicamente conservadora de la Constitución.
Eso es lo que está en juego.
PEPA BUENO
CADENA SER